La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió este miércoles al General Víctor Herrera Pintor para conocer su versión respecto a la muerte de los aspirantes a carabineros Sebastián Pinuer Barría y Julio Ulloa Vargas, hecho ocurrido durante un proceso de instrucción realizado en Curacaví en febrero de 2011.
A pesar de un detallado informe de cómo sucedieron los hechos que rodearon la fallida jornada para los aspirantes a la oficialidad de la institución policial, el General intentó responder algunas de las consultas emanadas desde los diputados Hugo Gutiérrez (PC), René Saffirio (IND), Tucapel Jiménez (PS) y Raúl Saldívar (PS). Sin embargo, al reiterársele algunos cuestionamientos, sobre todo respecto a su responsabilidad por la muerte de los jóvenes, respondió: “Yo participé del proceso de selección. Pero esto no es una comisión investigadora. No voy a aceptar interpelaciones”.
La institución hoy
El General recordó que durante el año pasado, 29 carabineros murieron en actos de servicio. A los dos jóvenes fallecidos en febrero de 2011, se le suma la muerte del subteniente Luis Méndez Moraga en mayo del mismo año 2011. Por todos ellos, el Director Nacional de Orden y Seguridad se mostró conmovido y manifestó “comparto el dolor de las familias. Me voy a morir y llevar este dolor”.
Al ser consultado por las causas de muerte de los jóvenes, así como las sanciones que sufrieron los oficiales a cargo de los aspirantes, Herrera Pintor afirmó que no sabía del resultado de las investigaciones pero sí de la existencia de sumarios administrativos, a cargo de la Dirección de Educación de la institución. También reconoció un juicio que se encontraba en la Corte Suprema, en estado de casación. Asimismo, indicó que el fallo en primera instancia no fue impugnado por el abogado de los adolescentes y que, además, los familiares obtuvieron beneficios legales propios de la muerte de un carabinero en acto de servicio.
“Me contacté con las familias de los afectados el mismo domingo. He mantenido contacto con las señoras Iridia y Sandra, madres de los jóvenes. Pero no tengo información del desarrollo del proceso ni el dictamen final”, aseveró el general.
Consultado acerca del lugar donde hoy se desempeñaban los implicados en el hecho, el uniformado admitió no saber mucho. “Sólo sé que el teniente coronel Ricardo González Lobos se desempeña en bienestar, la teniente de Salud, Patricia Santos Ramos, trabaja como personal de planta en nuestro hospital institucional. De Oakley Gazale sólo sé que está en otro lugar”, señaló.
A pesar de las preguntas, nada dijo del resto de los implicados: tenientes Jesús Wastavino Jaque, Sebastián Arrue Pressac, Sergio Molina y Nicolás Silva, quienes fueron condenados a tres años de reclusión menor, sin privación de libertad, por el Segundo Juzgado Militar de Santiago.