Tal parece que la Corte política se está movilizando en pleno para contener, y ojalá revertir, los daños generados por la avalancha de escándalos iniciados con los casos Penta y Dávalos-Luksic, a la que se suma la investigación sobre SQM.
{destacado-1} Según informó un medio nacional, Donoso concurrió al Octavo Juzgado de Garantías para solicitar, en representación del gerente general de SQM, Patricio Contesse, que terminen las incautaciones dispuestas por el Ministerio Público. La solicitud se basa en el artículo 162 del Código Tributario, en el que se indica que sólo se pueden investigar este tipo de delitos previa denuncia del SII. La única querella existente hasta ahora presentada por el organismo fiscalizador es la que solicitó el interrogatorio de 19 personas en calidad de testigos por una boleta de SQM del año 2009, lo que impediría ampliar la investigación a otros años.
Girardi estaría compartiendo su abogado y amigo porque SQM sería el Penta de la Concertación.
«Todo el aparato político del Gobierno está movilizado para impedir una querella del Servicio de Impuestos Internos contra los políticos involucrados en pagos ilegales a través de boletas truchas,» informó un parlamentario de la Nueva Mayoría.
Sin querellas del SII, los únicos que pagarían de algún modo por la red de tráfico de dinero e influencias entre políticos y empresas, serían los propietarios de Penta, aparentemente designados como chivo expiatorio tanto por la Corte palaciega como por sus compadres de la Confederación de la Producción y del Comercio.
El esfuerzo oficialista se ha orientado también a alcanzar un pacto con la derecha, para cerrar el tema de una vez, y proteger el sistema que tantos beneficios le ha dado a las dos coaliciones desde el fin de la dictadura. Esto explica el despliegue comunicacional de este martes 10 en La Moneda con el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción.
El subsecretario del Interior Mahmud Aleuy es, según las fuentes, el operador designado para contener los daños generados por las aventuras comerciales de Sebastián Dávalos, el hijito de la Presidenta, que ahora son objeto de investigación en Rancagua porque las aguas negras del caso Dávalos-Luksic están ya ensuciando a funcionarios municipales y la Intendencia de O’Higgins.
La primera muestra pública del acercamiento con la derecha fue la invitación al ahora renunciado presidente de la UDI, el pentadiputado Ernesto Silva, y a varios de sus secuaces, a la ceremonia de lanzamiento del Consejo Asesor, que tiene la misión de enterrar el presente turbio con promesas de transparencia futura.
En la mentada Comisión no hay un sólo representante de los movimientos sociales, los sindicatos, o fuerzas extraparlamentarias salvo, tal vez, el economista Manuel Riesco, del CENDA (Centro de Estudios para el Dessarrollo Alternativo).