Gobierno anunció que demandará a padres de menores que realicen destrozos a bienes públicos

Ya es una decisión tomada. El gobierno -a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE)- comenzará a demandar a los padres de los menores de edad que participen y sean condenados por dañar bienes públicos, como semáforos, señalética, paraderos y vehículos estatales, entre otros, según informa La Tercera.

El medio indica que uno de los antecedentes de la decisión es lo ocurrido el 17 de diciembre de 2015, cuando una persecución a un grupo de menores de edad en la Ruta 68 ocasionó cerca de $70 millones en daños a vehículos de carabineros e infraestructura.

El 3 de marzo pasado, la Subsecretaría del Interior envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado -el organismo que tiene la potestad para comenzar este tipo de demandas- solicitando su pronunciamiento respecto de si era posible hacer valer la responsabilidad civil de los padres de los menores y bajo qué requisitos se debería efectuar. El 29 de marzo el CDE contestó, fijando una serie de criterios para llevar adelante estas acciones e indicando que se debería usar el artículo 2320 que señala que «toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable de los hijos menores que habiten en la misma casa”.

Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior. Foto: Subsecretaría del Interior

Y respecto a los requisitos, el Consejo sostuvo que debe existir una condena y un proceso judicial concluido; que los daños sean a bienes públicos; que haya documentación que acredite el monto del perjuicio; que no esté prescrito el caso; que existan bienes de los demandados que permitan ejercer medidas precautorias en caso de condena (propiedades, vehículos, etc); y que los menores residan en la casa de sus padres.

“Esto va dirigido a quien cause daño a la infraestructura o equipamiento público, es decir, adquiridos y financiados con fondos de todos los chilenos y chilenas. Debe haber un responsable de esos hechos. No se trata necesariamente de querellas penales, aunque también pueden serlo, sino demandar civilmente a padres de menores de edad que han participado en destrucción de bienes públicos”, dijo a La Tercera el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien agregó que estas acciones se pondrán en práctica «inmediatamente».

«Esto va en miras de frenar, reprimir y disminuir el nivel de participación»

Eloísa González, ex vocera de la Aces (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), sostiene que «no es casual que el retroceso en las reformas planteadas inicialmente por el gobierno vayan de la mano con un aumento sostenido de una serie de medidas y de normas que vienen a reforzar el rol represivo del Estado en las fuerzas policiales».

Para la estudiante de Cine de la Universidad de Chile, esto afectaría «a quienes están más vulnerables, que son finalmente los secundarios». «Ellos vienen de situaciones bastante complejas de precariedad y muchas veces son quienes tienen que poner -de alguna forma- el cuerpo, para poder enfrentarse a las distintas problemáticas y conflictos en sus respectivos establecimientos», agrega González. «No es casualidad que el Estado quiera trasladar su responsabilidad sobre la precariedad, la pobreza, las injusticias a las familias de estos niños en vez de asumir el compromiso por generar transformaciones necesarias», añade.

«Esto va en miras de frenar, reprimir y disminuir el nivel de participación en las movilizaciones, en los conflictos, en los debates y en las discusiones. Es contradictorio que, por una parte, se levante un discurso de participación ciudadana, de proceso constituyente, y en la contraparte se esté generando todo un contexto que reprima y anule la participación», señala.

Daniel Labbé Yáñez