El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, dio su punto de vista sobre la decisión de eliminar la prisión preventiva en delitos graves, por lo que dejó en manos de las autoridades competentes tal resolución, por lo que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la Consejera Jurídica de la Presidencia María Estela Ríos fijaron su postura a través de un comunicado.
Gobernación solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del país que prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece la ley fundamental.
En el proyecto se explica la función de existencia de la medida cautelar, la cual es para asegurar que los presuntos criminales, no se sustraigan de la justicia mientras dura el proceso penal, ya que a la hora de capturarlos el Estado realiza un gran esfuerzo en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.
Apunta que «se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad«.
Señala el documento que el dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, podría crear una presión adicional sobre ellos y, por tanto, estarían expuestos a situaciones de corrupción y violencia.
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