Gobierno tensiona mesa de diálogo con proyecto que criminaliza movilizaciones

La dura mano de la administración de Sebastián Piñera se agudiza. Un proyecto de ley que modifica el artículo 269 del Código Penal apunta a criminalizar actos de protesta social como ocupar la calle porque no pasa una micro, tomarse un colegio o increpar a un policía.

Entre otras figuras que el proyecto aspira a endurecer sus penas están el saqueo, el impedimento al tránsito y la interrupción de servicios públicos como transportes, salud o agua potable.

Las penas serían de hasta tres años de cárcel para quien participe de alguna toma de  colegios, liceos o universidades.

El proyecto de ley fue firmado el domingo 2 de octubre por el presidente Sebastián Piñera y por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, rodeados de alcaldes y parlamentarios de la derecha, como Alberto Espina y María Angélica Cristi, en un acto celebrado en La Moneda.

Hinzpeter, explicó que con este proyecto de ley “se está incorporando al código penal el concepto de autoridad por una razón muy simple: A nuestras policías no se les golpea, no se les escupe, ni se les apedrea. Se les respeta y se les obedece. Esa es la sociedad que queremos”.

El proyecto no dice nada respecto al control sobre la policía cuando se cumple un mes del asesinato del joven Manuel Gutiérrez a manos de un uniformado.

CRIMINALIZACIÓN DE TOMAS

El proyecto de ley tiene un objetivo claro: dificultar las movilizaciones estudiantiles y criminalizar la protesta social. Así se evidencia cuando Piñera dice al presentar la legislación que “la lucha contra la delincuencia, contra los que atentan contra el orden público y, por lo tanto, contra los derechos y las libertades de la inmensa mayoría de los chilenos, va a ser una lucha más eficaz y más firme y, adicionalmente, los castigos van a ser más duros y más rigurosos”.

El proyecto transforma en delito la “ocupación o invasión ilegal de inmuebles”, ya sean viviendas, recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales. O sea, de aprobarse esta legislación serían delitos criminales okupar una casa o tomarse un colegio o una fábrica.

También determina como agravante el actuar encapuchado en las manifestaciones.

El Ejecutivo enviará al Congreso la iniciativa con el carácter de urgente. “Los desórdenes públicos van a ser un delito. Y cuando, con fuerza, con violencia, se produzcan saqueos, tomas de edificios públicos o privados, entre ellos hospitales, establecimientos educacionales, religiosos, calles o servicios públicos, se va a estar cometiendo un delito que se denomina ‘desórdenes públicos’” -señaló hoy Hinzpeter en una actividad en la Cepal.

La ley también sanciona manifestaciones espontáneas en las calles, como las que sucedieron en agosto pasado en Providencia y Santiago Centro, a raíz de la ineficiente operación de algunos recorridos del Transantiago.

MÁS PODER A LAS POLICÍAS

La normativa también amplía el ámbito de intervención policial al facilitar la obtención de medios de prueba sin orden del fiscal a las policías. Así, se le otorga la facultad a las fuerzas policiales para que puedan solicitar la entrega de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que sirvan para esclarecer delitos o participación de “encapuchados” en los mismos, todo esto sin orden previa del fiscal.

Para rematar la larga lista de sanciones, en las que pueden verse involucrados quienes participen de tomas o manifestaciones de cualquier tipo, Piñera amenazó que “el que pretenda atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales”.

“Nosotros apoyamos la legislación que enfrente a los encapuchados, que enfrente a los violentistas y enfrente a los que creen que por la fuerza pueden lograr cualquier cosa” -señaló el líder de la UDI, Juan Antonio Coloma, el mismo que apoyó la dictadura militar que violentó la vida chilena durante 17 años.

RECHAZO DEL ESTUDIANTADO

“Claramente la ‘tesis Labbé‘ se impuso en el Ministerio del Interior. No vaya a ser que a estos ministros, que son hijos de lo que vivimos en la década de los 80, se les haya salido el otro yo y quieran impulsar medidas represivas para terminar con un movimiento social que no quiere a este Gobierno porque este no está respondiendo a las demandas ciudadanas”, sostuvo el senador PS, Pedro Muñoz.

Agregó también que la iniciativa es una forma de control y que es una norma eminentemente represiva y propia de gobiernos dictatoriales.

Por su parte, el presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, señaló que al sancionar las tomas “se comete un despropósito mayor porque como norma las ocupaciones de las instalaciones docentes son demostraciones pacíficas, en las que participan de forma conjunta estudiantes, profesores y funcionarios”.

De la misma forma opinó Sebastián Farfán, presidente estudiantil de la U. de Valparaíso. “Es una medida orientada a desmovilizar la protesta social en Chile”.

Según Alfredo Vielma, vocero de la Aces, el Gobierno está demostrando su “desesperación ante los hechos sociales”. Para el dirigente “no se puede pensar en sancionar a un estudiante por faltarle el respeto a un carabinero, cuando a ellos no se les ha penalizado por todos los abusos que han cometido. Utilizan su investidura pública para protegerse”, apuntó.

Además, los dichos se dan a horas de comenzar la mesa de diálogo sobre gratuidad con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, prevista para el miércoles próximo.

Acorde a esto, Vielma señaló creer que la situación se torna mucho más tensa. “Se nos pone una pistola en la cabeza. Porque por un lado se nos pide que retomemos el diálogo, pero por otro se nos reprime”. Además, aseguró que ahora es tema de estudio la participación de la Coordinadora en la mesa de diálogo.

Dirigentes políticos y estudiantiles han comentado la inconsecuencia por parte del Gobierno, y el enojo por parte de la ciudadanía, más aún cuando se busca dignificar la figura policial a más de un mes del asesinato de Manuel Gutiérrez por parte de un suboficial de Carabineros.

Por Camila Méndez Pérez

Foto: Mauricio Becerra R.

El Ciudadano