El 11 de septiembre del año pasado, el Parlamentario UDI Giovanni Calderón Bassi mantuvo una conversación vía twitter con Milko Yunusic, de Greenpeace en Chile. Ahí, el Diputado reconoció haber cenado con la abogada Daniela Rojas, Gerente de Asuntos Públicos e Institucionales de la Compañía Minera Barrick Gold, en medio del proceso de investigación de la Cámara y siendo presidente de la Comisión Investigadora.
“A nuestro Juicio el Diputado Giovanni Calderón debería inhabilitarse en la votación de la comisión investigadora de Pascua Lama ya que tiene vínculos directos con la alta gerencia del proyecto y no sabemos qué nivel de influencia tiene Barrick Gold sobre sus decisiones en la cámara”, asegura Samuel Leiva Director de Campañas de Greenpeace en Chile.
El Diputado Calderón es representante de la zona en que se emplaza el proyecto Pascua Lama y es el principal opositor a que se le retiren los permisos ambientales al proyecto. La semana pasada, el parlamentario rechazó que el informe solicitara la revocación de los permisos a Pascua Lama, además indicó que no deseaba contar con un informe de minoría el cual si podría solicitar la revocación de los permisos.
La votación del Informe de la Comisión será este miércoles 22 de enero, ya que la semana pasada no hubo sesión por falta de Quorum. Esta votación se da en el marco de una denuncia que la organización ambientalista interpuso el pasado 23 de diciembre, frente a la Superintendencia de medio ambiente, revelando el ocultamiento de información y descargas ilegales de aguas sin tratar al Rio Estrecho.
Greenpeace tuvo acceso a los “Flash Report” internos de la empresa, donde se describen los incidentes ambientales, los mismos que demuestran como Barrick Gold entregó antecedentes falsos a las autoridades ambientales en su autodenuncia.
“Los más grave es que estos antecedentes confirman que las investigaciones que se han llevado adelante en contra del proyecto Pascua Lama han sido con datos manipulados por la empresa Barrick Gold impidiendo conocer la verdad y la gravedad de lo que aquí ha ocurrido. Es una falta gravísima que viene a confirmar un historial de abusos que ya se han denunciado por más de una década por las comunidades afectadas. Por eso esperamos que estos nuevos antecedentes permitan a la autoridad revocar los permisos de una vez por todas, y esperamos que sea la misma recomendación que entregue el informe de la Comisión”, concluye Samuel Leiva.
Por David Runinstein
El Ciudadano
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