Guantánamo: Un decenio de daños a los derechos humanos

La no clausura por el Gobierno estadounidense del centro de detención de Guantánamo está dejando un legado tóxico para los derechos humanos, ha declarado Amnistía Internacional en el décimo aniversario del traslado de los primeros detenidos a esta tristemente conocida prisión estadounidense.

En un informe publicado con motivo del aniversario, titulado Guantánamo: A Decade of Damage to Human Rights, Amnistía Internacional pone de relieve el trato ilegítimo que se inflige a los detenidos de Guantánamo y expone las razones por las que el centro de detención sigue representando un atentado contra los derechos humanos.

“Guantánamo ha llegado a simbolizar 10 años de falta de respeto sistemática a los derechos humanos por Estados Unidos en su respuesta a los atentados del 11-S. El gobierno estadounidense ignoró los derechos humanos desde el primer día de detenciones en Guantánamo. Cuando comienza el undécimo año de vida del centro de detención, esta falta de respeto continúa”, declaró Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

Pese al compromiso del presidente Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo antes del 22 de enero de 2010, a mediados de diciembre de 2011 el centro albergaba a 171 hombres. Al menos 12 de los trasladados a Guantánamo el 11 de enero de 2002 seguían recluidos ahí. Uno de ellos cumple una condena a cadena perpetua impuesta tras ser declarado culpable por una comisión militar en 2008. Ninguno de los 11 restantes ha sido acusado formalmente.

El gobierno de Obama —de hecho, gran parte de los tres poderes del Estado que integran el gobierno federal— ha adoptado el marco de la “guerra” global ideado durante la presidencia de Bush. El gobierno dejó claro en enero de 2010 que cabía la posibilidad de que cuatro docenas de los detenidos de Guantánamo no fueran enjuiciados ni puestos en libertad, sino que permanecieran en detención militar indefinida sin cargos ni juicio penal en virtud de la interpretación unilateral de Estados Unidos de las leyes de la guerra.

El centro de detención de Guantánamo, situado en la base naval estadounidense en Cuba, se convirtió en un símbolo de tortura y otros malos tratos cuando se abrió, cuatro meses después de los atentados del 11-S.

Entre los detenidos que siguen ahí en la actualidad hay personas que fueron sometidas a tortura y desaparición forzada por Estados Unidos antes de ser trasladadas a Guantánamo. La rendición de cuentas por estos crímenes de derecho internacional cometidos en un programa de detención secreta gestionado bajo la autoridad presidencial es escasa o nula. El gobierno estadounidense viene bloqueando sistemáticamente todos los intentos de los ex detenidos de obtener una reparación por estas violaciones.

En 10 años, sólo uno de los 779 detenidos de la base ha sido trasladado a Estados Unidos para ser juzgado por una corte federal ordinaria. Otros han sido sometidos a juicios injustos ante comisiones militares. En la actualidad el gobierno trata  de obtener  en este tipo de juicios la pena de muerte para seis de los detenidos.

El gobierno de Obama culpa del hecho de que no se haya cerrado el centro de detención de Guantánamo al Congreso, que de hecho no ha garantizado el cumplimiento por Estados Unidos de los principios internacionales de derechos humanos en este contexto.

“En virtud del derecho internacional, no se pueden invocar las leyes y la política nacionales para justificar el incumplimiento de las obligaciones contraídas en un tratado. Es una respuesta inadecuada que uno de los tres poderes del Estado culpe a otro de que en el país se vulneren los derechos humanos. El derecho internacional exige que se busquen soluciones, no excusas”, concluyó Rob Freer.

El Ciudadano