El magnicidio del Jovenel Moïse en Haití sigue sin resolverse. A un año del crimen, perpetrado el 7 de julio de 2021, son más las preguntas que las respuestas dadas por la Justicia sobre un hecho que salpicó incluso a las Fuerzas Armadas de Colombia y EE.UU.
Desde que se conoció el asesinato de Moïse —ejecutado a tiros por mercenarios colombianos dentro de la residencia presidencial en Puerto Príncipe, la capital del país—, las investigaciones y adelantos sobre lo que pasó aquella madrugada se han ido develando a través de testimonios de involucrados y filtraciones a la prensa.
Además, el caso ha estado rodeado de irregularidades y amenazas a los jueces e investigadores, que sugieren que detrás del magnicidio de Moïse hay factores de poder que apuestan a que haya impunidad en el crimen, reseña RT.
Un expediente peligroso en Haití
La resistencia de los jueces a asumir el expediente y las consecuentes renuncias presentadas por los litigantes, que alegaron amenazas de muerte, razones de salud y hasta «motivos personales», son evidencias de las complejidades que acarrea el caso.
De hecho, la Justicia haitiana tardó más de un mes para nombrar al primer juez que se hizo cargo de las investigaciones, en vista de que los juristas se negaban a participar en el caso por miedo a sufrir atentados a su seguridad y la de sus familiares.
Finalmente, Mathieu Chanlatte fue el primer juez designado para el caso, pero renunció a pocos días «por razones de conveniencia personal», al indicar que las autoridades del Ministerio de Interior encargadas de prestarle seguridad personal no respondieron a sus peticiones.
Desde entonces, el expediente ha estado a cargo de cinco jueces y ninguno de ellos ha logrado avances significativos. A Chanlatte lo sustituyó Garry Orélien, quien dimitió en enero pasado alegando motivos personales, días después de que recibiera señalamiento de presunta corrupción.
La fila de magistrados la continuó Chavannes Etienne, quien en febrero desistió continuar en las investigaciones, alegando la falta de recursos, y por la necesidad de exigir la extradición a Haití de todos los sospechosos del caso que se encuentran presos en el extranjero, sobre todo en EE.UU.
Luego fue designado Merlan Belabre, pero nunca pudo iniciar las averiguaciones al «no disponer del expediente físico» ni «de los medios para proceder a los actos de instrucción». Actualmente, el caso es llevado por el juez Alter Wesser Voltaire, designado a finales de mayo.
¿Quiénes han sido señalados?
Después del asesinato de Moïse, que habría sido planificado a través de distintas reuniones en Colombia, EE.UU. y República Dominicana, fueron detenidas más de 40 personas, entre ellos 18 exsoldados del Ejército de Colombia —siete de ellos entrenados por el Pentágono—que actuaron como mercenarios y que confesaron su participación en el crimen. Además se identificaron los cuerpos de otros tres exmilitares colombianos que cayeron abatidos el día del crimen: Duberney Capador, presunto líder, Javier Mauricio Romero y Miguel Garzón.
También fueron privados de libertad más de una decena de policías locales y dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense de origen haitiano: James Solages y Joseph Vincent, quienes habrían participado como traductores de los mercenarios colombianos. De Solages se dijo que fue guardia de seguridad de los empresarios Reginald Boulos, vinculado con los golpes de Estado de 1991 y 2004 en Haití, y de Dimitri Vorbe, vicepresidente de la principal compañía eléctrica del país.
En la lista de presuntos autores intelectuales están incriminados Christian Emmanuel Sanon, médico haitiano residenciado en Florida, EE.UU.; Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano; y Ashkard Joseph Pierre, un empresario que reside en Canadá y que trabajaba en el área comercial del consulado haitiano.
Sobre Sanon, detenido en los primeros días, se conoció que había estado en Haití antes del hecho y habría contactado a una empresa de seguridad privada para que perpetraran el crimen. En cuanto a Badio, habría dado la orden para que los mercenarios ejecutaran al presidente; mientras que Pierre aparece como socio empresarial de Sanon.
También son señalados otros tres sujetos investigados por EE.UU. Mario Antonio Palacios, exmilitar colombiano detenido en Panamá durante una escala aérea; el ciudadano haitiano nacionalizado chileno Rodolphe Jaar, capturado en República Dominicana; y el exsenador haitiano John Joel Joseph, extraditado desde Jamaica. Además, ha sido vinculado el empresario Samir Handal, detenido en Turquía en noviembre de 2021, donde aún permanece.
En el caso aparece además la exjueza destituida Windelle Coq, de quien se dijo que iba a ser juramentada como la nueva mandataria tras ejecutarse el asesinato contra Moïse. De igual forma, la empresa de seguridad privada CTU Security, una compañía con sede en Doral Beach, Miami (EE.UU.) y que es dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera, es señalada como la responsable de ejecutar el plan magnicida.
En el proceso también es investigado el actual primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien ocupa el cargo desde el 20 de julio de 2021, y recibió una orden de prohibición de salida del país por su presunta implicación en el magnicidio de Moïse, tras confirmarse que habría sostenido varias llamadas telefónicas con Badio, uno de los tres principales sospechosos del magnicidio.
Crisis agudizada en Haití
La aguda crisis humanitaria signada por la hambruna, el deterioro de la economía y la ingobernabilidad que ya experimentaban los haitianos antes y durante el Gobierno de Moïse –quien se enfrentó a masivas protestas durante su mandato–, se ha recrudecido tras su asesinato, pues ahora el país también enfrenta una ola de violencia protagonizada por pandillas armadas que controlan a su antojo distintas regiones.
A mediados de mayo pasado, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, alertó que la violencia desatada por las pandillas armadas en Haití, había dejado al menos 188 víctimas mortales en menos de un mes, además de otros graves delitos contra los Derechos Humanos, como el uso de menores de edad en las bandas criminales.
Según los datos de la ONU, entre el 24 de abril y el 16 de mayo fueron asesinadas 92 personas «no afiliadas a pandillas» y otras 96, que serían miembros de esos grupos armados y que fallecieron en ataques armados coordinados en Puerto Príncipe, una cifra que el organismo dijo que podría ser «mucho mayor» y que incluye asesinatos con «decapitaciones, cortes y quemas de cuerpos», así como la matanza de menores de edad que son acusados por los pandilleros como «informantes» de grupos rivales.
Otra arista de la crisis es la violencia sexual masiva, que ha incluido «la violación en grupo de niños de hasta 10 años» por miembros de pandillas armadas para «aterrorizar y castigar» a las personas que viven en áreas controladas por grupos delictivos rivales. A esto se suman los desplazamientos forzados y las restricciones a la movilidad que imponen los grupos criminales, una situación que afecta a «miles de personas», según la ONU.
Impunidad generalizada
La exprimera dama, Martine Moïse, ha dicho en reiteradas ocasiones que los responsables intelectuales del crimen de su esposo siguen libres.
La viuda de Moïse, quien fue herida durante el asalto y fingió su muerte, también ha reclamado por la falta de justicia y ha señalado como responsables a «los oligarcas» y al «sistema» que impera en la isla por el asesinato de su marido.
El premier Ariel Henry, que ha sido víctima de atentados de grupos armados en su contra y fue designado en ese cargo por el propio Moïse días antes del magnicidio, también ha denunciado las debilidades de la Justicia en su país. «Tengo la desagradable sensación de que quienes concibieron y financiaron este macabro plan aún corren por las calles y aún escapan de nuestro sistema judicial», dijo en un tuit publicado a mediados de junio.
Estas denuncias sobre el retardo procesal también las efectuó en su momento el excanciller Claude Joseph, quien ejerció las funciones de primer ministro tras el asesinato de Moïse y entregó el cargo a Henry. El diplomático advirtió que la falta de avance en las investigaciones obedecían a la falta de «voluntad política» para resolver el caso y en los intereses de algunos sectores por desviar las averiguaciones.
A un año de los hechos, los mercenarios que confesaron su autoría material del hecho están recluidos en Haití y han denunciado torturas y violación de sus derechos dentro de los recintos penitenciarios. Mientras tanto, la principal interrogante sigue siendo un enigma: ¿quién ordenó el asesinato de Moïse?
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