Las exigencias por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han protagonizado víctimas de violencia estatal, sus familiares y trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no tardaron en encontrar oídos en el nuevo gobierno.
Los últimos meses en el INDH han sido turbulentos: recortes en programas de reparación; despido injustificado de funcionarios y funcionarias y una dirección incompetente, encarnada en Sergio Micco, que no ha hecho más que blindar a los responsables políticos de la violencia estatal y revictimizar a quienes sufrieron agresión y daño por parte de agentes del Estado, en el contexto de la revuelta social.
El edificio central del INDH, ubicado en la comuna de Providencia, se encuentra tomado hace 8 meses por víctimas, familiares y distintas organizaciones sociales. Todo esto con el único fin de presionar a la dirección del INDH y al gobierno a dar respuesta integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado.
Esta semana es especialmente importante, ya que sobre la toma del INDH se yergue una solicitud de desalojo que vence este miércoles. La misma que pone en riesgo a las y los ocupantes del espacio a revivir los traumas y violencia estatal que los llevaron, en primera instancia, a exigir justicia y tomarse el espacio.
La semana pasada, desde la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del INDH (ANDEDH) sacaron un comunicado instando al gobierno, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a abrir una mesa de diálogo que responda a las demandas de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Planteando además la opción de que se haga entrega de la sede central del INDH a los funcionarios de la institución.
La respuesta desde la toma no se hizo esperar. El espacio que articula a víctimas de represión y violencia estatal y a distintas organizaciones sociales señaló este lunes estar dispuesto a deponer la toma, siempre que se garantice el cumplimiento de las demandas elevadas por sobrevivientes y familiares, formuladas a través de un petitorio, y que se aseguren políticas y programas de reparación efectivos e integrales.
Durante la tarde de este lunes, la Subsecretaría de Derechos Humanos se pronunció respecto a estos hechos, valorando la apertura al diálogo de víctimas y funcionarios del INDH. Y reafirmando sus compromisos de gobierno: El establecimiento de la mesa de trabajo para la reparación integral de las víctimas, el retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado y el anuncio de urgencia al Proyecto de Ley de Indulto General (Amnistía).
«Estamos a disposición para colaborar desde la buena voluntad y en el marco de nuestras atribuciones, en lo que se considere necesario y oportuno para fortalecer y robustecer la institucionalidad de defensa y promoción de los Derechos Humanos», señala el comunicado, que además agradece la confianza depositada en la subsecretaria de Derechos Humanos, dirigente social y sobreviviente de violencia estatal durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, Haydee Oberreuter.
Por su parte, Oberreuter reafirmo la posición del gobierno de alcanzar «una Reparación Integral mediante la participación de todas las víctimas y sus familias en la Mesa que se ha anunciado», señalando además que una agenda interministerial y profunda es el objetivo del nuevo gobierno.
El anuncio y compromiso fue celebrado en redes. El presidente de la ANDEDH, Luis Guerrero, fue uno de los que valoró el compromiso y trabajo de la nueva subsecretaria.
«Subsecretaria de DDHH, compromete una mesa de Reparación que asegura la participación de todas las víctimas, y se abre a discutir la reparación con integralidad, abordando por ejemplo, Salud, Trabajo y Educación. Destacado el rol que ha jugado, también su compromiso», señaló a través de Twitter Guerrero.
Por ahora solo queda esperar la respuesta de la autodenominada Toma ex INDH, y así saber si los compromisos de gobierno -sobre todo el compromiso de una mesa de trabajo para la reparación integral de las víctimas– es suficiente para bajar la movilización que se ha extendido por casi tres trimestres en búsqueda de justicia.
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