Natalie Hoyos López y Michelle Hoyos López, reportera y reportera gráfica, respectivamente, denunciaron ser víctimas de una detención arbitraria, así como de recibir “tratos crueles” por parte de policías municipales de Izúcar de Matamoros el pasado 10 de marzo, por lo que procedieron legalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el hecho y no quede impune.
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Las agresiones fueron cometidas después de que Natalie y su hermana realizaran la cobertura periodística de las actividades de concientización y visibilización de la violencia contra las mujeres, llevadas a cabo por la colectiva Marea Púrpura en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 10 de marzo.
Las hermanas hicieron favor de llevar a una de las activistas a su respectiva casa, cuando elementos de la Policía Municipal las detuvieron tras seguirlas en una camioneta con las luces apagadas.
Al inicio eran cinco elementos de la policía municipal, pero después se desplegó un operativo con tres patrullas con un total de 18 uniformados, quienes dijeron actuar por “órdenes de la jefa” en referencia a Irene Olea Torres, presidente municipal de Izúcar de Matamoros.
Además de Natalie y Michelle, tres activistas fueron detenidas, incomunicadas por más de 6 horas y sometidas a actos de agresión que pueden “ser catalogados como crueles, inhumanos y degradantes, e incluso tortura sexual en razón del género” por parte de policías municipales de Izúcar de Matamoros el día 10 de marzo de este año.
“Pasamos horas de angustia porque no sabíamos qué nos iba a pasar. Nos amenazaban diciendo que nos iban a aplicar la máxima, con desaparecer y que íbamos a valer madre, esas eran las burlas”
Natalie Hoyos López
En la sub-comandancia en la colonia Rancho Juanitos, comentó que fueron víctimas de actos degradantes como que se quitaran su ropa interior y tocamientos lascivos.
Fueron liberadas después de haber sido interrogadas sobre los nombres de las participantes de la marcha del 8 de marzo en Izúcar de Matamoros y pagar una multa de 1 mil 900 pesos por “ensuciar las calles”.
“Temo por mi vida, por la de mi familia o por si algo me llega a pasarme a mí, a mi hermana y a mi familia. Hago responsable a la presidenta municipal Irene Olea Torres y a todas las autoridades involucradas y ya denunciadas”
Dio a conocer que hay denuncias en la FGR, en la Fiscalía Local Anticorrupción, en la especializada de Violencia de Género y otra más, en Derechos Humanos, para que sancionen a los responsables intelectuales y materiales.
La periodista solicitó apoyo al gobernador Sergio Céspedes Peregrina para revisar el caso, también a la Secretaría de Seguridad Pública pidió que se investigue si los elementos municipales cuentan con pruebas de control y confianza.
Condenó que cualquier hecho delictivo del municipio no es atendido por una veintena de policías y que su agresión, fue un hecho premeditado.
Al respecto, la Universidad Iberoamericana de Puebla condenó los hechos e hizo un llamado a las autoridades de procuración justicia a investigar el caso.
“Ante el contexto de violencia estructural en contra de las mujeres en México y las sistemáticas agresiones a mujeres periodistas, las vulneraciones en contra de Natalie tienen una particular gravedad que no debe ignorarse, pues son una muestra clara de la falta de atención estructural para garantizar verdad, justicia, memoria y medidas de no repetición de la violencia de género en la entidad”
Pronunciamiento de la Ibero
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Foto: Especial
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