Historia de desidia y negación

En las últimas semanas Echeverría –del Partido por la Democracia (PPD)– ha destacado por ser hija del militar retirado Víctor Echeverría, quien al momento del golpe era capitán y jefe de inteligencia del Regimiento de Infantería Buin, de la capital chilena.

Denuncias conocidas luego de su designación como subsecretaria el pasado 28 de enero pusieron en evidencia que su padre violó regularmente a las detenidas y torturó prisioneros tras el golpe de septiembre de 1973.

Entre quienes lo acusaron está la abogada Mercedes Bulnes, quien el pasado 11 de febrero en entrevista con CNN Chile declaró que Víctor Echeverría abusó sexualmente de ella cuando estaba cautiva –y embarazada– en octubre de 1973. Agregó que el militar hizo lo mismo con otras mujeres.

El viernes 7 el abogado Roberto Celedón, esposo de Bulnes, presentó una querella por torturas e intento de violación contra Víctor Echeverría. Un día después su hija renunció.

Antes las agrupaciones de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos así como defensores de los derechos humanos –como el sacerdote José Aldunate, la abogada Carmen Hertz y el diputado Tucapel Jiménez– habían solicitado infructuosamente a la entonces presidenta electa Michelle Bachelet que no incluyera a Echeverría en su gabinete.

El jueves 6 –dos días antes de la renuncia de Echeverría– Bachelet rompió su silencio sobre el tema. En el programa Las caras de La Moneda, conducido por Don Francisco, respaldó a la funcionaria: “Carolina fue subsecretaria en mi gobierno anterior y fue una buena subsecretaria de Marina (…) creo que uno no debe nunca hacer que los hijos tengan que tener consecuencias por las decisiones que han hecho los padres”.

“Chantaje asqueroso”

A Carolina Echeverría no sólo se le cuestionó por los horrores cometidos por su padre sino que también por las acciones en las que ella misma incurrió como subsecretaria de Marina en el primer mandato de Bachelet (2006-2010).

Todo se destapó el pasado 7 de febrero cuando el diario electrónico El Mostrador publicó una entrevista con el presidente de la Asociación de Marinos Exonerados (AME), Víctor López, donde éste denunció que Echeverría supeditó la entrega de pensiones de jubilación para los marinos antigolpistas a que estos retiraran una querella presentada en 2008 contra oficiales de la Armada que los detuvieron y torturaron en 1973.

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López narró que Echeverría lo llamó el 27 de noviembre de 2009 y le dijo: “Dado que hay algunos marinos que interpusieron una querella por tortura contra la Armada, el trámite (de jubilación) podría ser inviable. Por tanto te solicito, en forma muy personal, que instruyas a tu gente para que se desistan de la querella”. La denunciada en ningún momento ha negado la acusación.

En entrevista con Proceso, López explicó el trasfondo del problema que aqueja a quienes fueron dados de baja de la Armada por oponerse al golpe de 1973 y que la historiografía ha llamado “marinos constitucionalistas”.

Sostuvo que desde 1990 los cerca de 6 mil exonerados políticos comenzaron a exigir a los gobiernos de la centroizquierdista Concertación por la Democracia que se les reparara el daño.

En 1993 en la gestión del democristiano Patricio Aylwin se promulgó la Ley 19.234 “de Exonerados Políticos”, con la que se pretendió reparar económica y moralmente a quienes habían perdido –en razón de su posición política– sus empleos en instituciones públicas tras el golpe de 1973. Pero en dicha normativa se introdujo un artículo –el 20– que expresamente dejó fuera de todo beneficio a los marinos constitucionalistas.

En 1998 el presidente Eduardo Frei derogó dicho artículo. No obstante los marinos constitucionalistas quedaron nuevamente excluidos porque en los registros de la Armada aparecían como dados de baja el 1 de septiembre de 1973 y los beneficios de la Ley beneficiaban a los exonerados después del 11 de septiembre.

En 2002, en la Presidencia del socialista Ricardo Lagos, los marinos constitucionalistas se reunieron con la entonces ministra de Defensa Michelle Bachelet. Cuenta López que ella estuvo de acuerdo en que tenían la calidad de exonerados políticos y por tanto merecían una reparación.

Encomendó al entonces subsecretario de Carabineros y actual senador Felipe Harboe (del PPD) que coordinara con ellos la redacción de un proyecto de ley que resolviera su situación.

Pero todo se hizo con lentitud. A mediados de 2005 el proyecto quedó listo para ser despachado al Congreso. Sin embargo no se envió.

La llamada de Carolina

Al asumir Bachelet la Presidencia por primera vez el 11 de marzo de 2006, Carolina Echeverría, como subsecretaria de Marina, quedó encargada de tramitar la demanda por jubilación de los marinos antigolpistas.

La solución del problema se hacía urgente pues la mayoría de los afectados estaba llegando a la vejez, muchos de ellos con problemas de salud derivados de la prisión y la tortura. Algunos murieron sin haber alcanzado beneficio ni reconocimiento alguno.

Pero con Bachelet tampoco hubo solución. Echeverría decidió modificar unilateralmente el proyecto de 2005 el cual fue reducido de 20 a dos páginas. Así lo envió el 24 de octubre de 2006 al director de Presupuestos del Estado, Alberto Arenas, a fin de verificar la disponibilidad de recursos.

El 9 de marzo de 2007 Arenas –ahora ministro de Hacienda– emitió como respuesta un oficio (el ordinario 249) que más pareció un portazo: “(El Estado) ya ha cumplido con todos los compromisos asumidos por el Ejecutivo en relación con ese tema”.

López cuenta que luego de este traspié y decepcionados “por haber sido engañados un montón de años”, los exonerados decidieron tratar su asunto directamente con el alto mando de la Armada.

A principios de junio de 2009 la directiva de la AME fue recibida por el entonces comandante en jefe de la Armada, Rodolfo Codina y por el vicealmirante Edmundo González, quien el 18 de dicho mes asumiría el mando de su institución. “A través de esas gestiones logramos que el mando naval nos cambiara la fecha de baja, de septiembre de 1973 a finales de octubre de aquel año”, expresó López. Ese trámite era lo único que necesitaban para obtener su jubilación.

En este contexto se produjo la llamada de Carolina Echeverría para pedirle retirar la querella por torturas. López señala que su propuesta le pareció “un chantaje asqueroso”. También revela que enseguida denunció a la subsecretaria con Bachelet: “No podemos entender que (…) nuestro gobierno nos solicite desistirnos de una querella criminal en curso en los tribunales de justicia, por los gravísimos crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra nosotros”. No tuvo respuesta.

Sin embargo, y pese a la presión que significaba arriesgar sus jubilaciones, los marinos antigolpistas no retiraron la querella, por lo que los procesos por torturas siguen en curso, aunque a paso de tortuga.

López expresa: “Aunque suene contradictorio, fue el gobierno del derechista Sebastián Piñera quien dio solución a nuestros problemas”. Alude a que fue en 2010 cuando se tramitaron las jubilaciones en las que se reconoce su calidad de exmiembros de la Armada.

Pese a este triunfo, la lucha de los marinos antigolpistas no ha concluido. López manifiesta que su grupo apunta a lo simbólico: “Exijo para los marinos constitucionalistas que el Estado de Chile nos otorgue una medalla en reconocimiento a nuestra postura absolutamente incondicional en defensa de la institucionalidad democrática del país, porque nosotros fuimos detenidos por defender el Estado de derecho”.