Se trata del transportista salteño Marcos Levín, a quién se le atribuye haber instigado la persecución, detención irregular y torturas infringidas a Víctor Manuel Cobos, chofer de la firma La Veloz del Norte -empresa de la que era dueño Levin- y representante gremial de sus compañeros. Es el primer caso en el que un empresario es juzgado por crímenes de lesa humanidad. Conocé la historia del caso.
Entre fines de enero y principios de febrero de 1977, en pleno Golpe de Estado, se realizó la detención de una veintena de empleados de La Veloz del Norte, quienes fueron trasladados a la Comisaría 4° de la ciudad de Salta (donde funcionó un centro clandestino de detención). Allí, los detenidos fueron torturados y obligados a firmar declaraciones en las que se responsabilizaban de un presunto fraude contra la empresa.
El juicio comenzó el pasado lunes 31 de agosto en la Ciudad de Salta. Marcos Levín, según los fiscales Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila, se valió de su estrecha relación con integrantes del aparato estatal represivo para acallar los reclamos de reivindicaciones laborales de sus empleados. Ese vínculo con las fuerzas represivas era tan estrecho que Levín fue visto y oído, en la comisaría por varios de los empleados detenidos.
Cobos, el denunciante y víctima de las torturas, relató durante la primera jornada del juicio que fue detenido en los propios galpones de la empresa por los policías Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo y Ramón Figuera, por una supuesta estafa a la firma. El ex chofer contó que desde allí fue llevado en un auto de la empresa a la comisaría 4ta de la ciudad, donde estuvo privado de su libertad, vendado y torturado junto a otros compañeros de trabajo.
Luego, Cobos indicó a Bocos como un policía que “se reportaba directamente a Levín” y aseguró haber visto al empresario en la comisaría y que, incluso, participó de una de las sesiones de tortura que sufrió durante su detención ilegal. Sonia Ríos, otra ex empleada de la denuncia y que también estuvo detenida, ratificó los dichos de Cobos.
El caso en cuestión es histórico, ya que desnuda la relación estrecha entre los militares y los sectores empresariales más adinerados de Argentina. El antecedente de una medida así se puede rastrear en la detención de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de economía durante el golpe militar. Martínez de Hoz falleció en el 2013 mientras cumplía prisión domiciliaria por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim en 1976.
Los vínculos civiles y económicos con los genocidas para estar cada vez más descubierto y se hace cada vez más conciente en el conocimiento popular. Representa, sin lugar a dudas, un nuevo paso hacia la memoria, verdad y justicia.
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