Operación Colombo se llamó al caso de los 119 personas, detenidos en Chile entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975 y hechos desaparecer. Esos 100 hombres y 19 mujeres en su mayoría eran menores de 30 años. Tras las detenciones sus parientes denunciaron lo ocurrido ante diversas instancias judiciales, interponiendo recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones, recurriendo a la Justicia del Crimen, y solicitando la designación de Ministros en Visita. A sólo meses de sus arrestos, y como parte de un siniestro plan, sus nombres aparecieron en dos publicaciones foráneas informando de sus muertes en el extranjero, “ejecutados por sus propios camaradas” o “al confrontarse con fuerzas de la contrainsurgencia”.
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El elaborado montaje, realizado por la DINA con el apoyo del Ejército argentino y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de ese país, fue difundido por publicaciones en LEA de Argentina y O’Día de Brasil -en los dos casos en sus primeros y únicos números- y prontamente reproducidas por la prensa en Chile, intentando convencer a la ciudadanía y al mundo que estas personas habían huido del país y se habían matado entre ellos por rencillas internas ,tratando de paso de responder ante la presión internacional por las reiteradas denuncias de desapariciones forzadas ocurridas en Chile, desacreditar la idoneidad de la militancia chilena, y humillar a los familiares de las víctimas que exigían justicia.
Cerca de un mes antes de las publicaciones de LEA y O’Día, el Mercurio y otra prensa nacional, informó en sus ediciones de los días 14 y 16 de junio de 1975 que 50 guerrilleros habían sido detenidos en Talca y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera desde Argentina en un plan combinado del MIR chileno y el ERP argentino.
Como parte esencial del montaje, la prensa chilena no tardó en reproducir esas informaciones con destacados e injuriosos titulares, la mayoría de las veces en primera plana, El diario La Segunda reprodujo el 24 de julio de 1975 la falsa información de O’Día con el título“Exterminan como ratas a miristas”, en tanto el Mercurio, en editorial del 25 de julio de 1975 expresa respecto a lo que llama “los 119”:»los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar».
El Informe Rettig, dando cuenta de la falsedad de la Operación Colombo expresa: “En el mes de julio de 1975, la prensa de Santiago anunció el hallazgo en Ciudad Pilar, Buenos Aires, Argentina, de dos cadáveres carbonizados, con documentos de identidad chilenos identificados como Luis Alberto Wendelman Wisnik y Jaime Eugenio Robostan Bravo, versiones erróneas de los nombres de Luis Alberto Guendelman Wisniack y Jaime Eugenio Robotham Bravo. Miembros de las familias de ambos desaparecidos se constituyeron en el lugar y lograron comprobar que los cadáveres no correspondían a los de sus parientes y que los documentos son burdas falsificaciones plagadas de errores”.Determinando que esas 119 personas , fueron detenidas, torturadas y hechas desaparecer en Chile, como lo afirmaron en su tiempo sus familiares, profesionales del Comité Pro Paz, trabajadores de defensa de los derechos humanos y los abogados que asumieron sus causas.
Miguel Ángel Acuña Castillo (Pampa)
Miguel Ángel Acuña Castillo (Pampa), estudiante universitario, tenía 19 años el dia de su secuestro ocurrido alrededor de las 23:30 de la noche del 08 de Julio de 1974 por agentes de la DINA que lo esperaron en las cercanías de su domicilio ubicado en el sector de Rodrigo de Araya. Los efectivos de seguridad previamente secuestraron al joven Héctor Garay Hermosilla, amigo de la víctima y también militante del MIR, a quien conminaron para que solicitara la presencia del afectado y una vez que ambos se encontraban en la vía pública, fueron introducidos a una camioneta. Los hechos fueron presenciados por don Manuel Acuña, padre de Miguel Ángel, quien impotente vio como su hijo era raptado y trasladado con rumbo desconocido. Ambos jóvenes se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos. Manuel Espinoza, padre de dos menores a quienes Héctor Garay hacía clases particulares y en cuyo domicilio se encontraba momentos antes de ser detenido, declaró haber sido secuestrado e interrogado en relación a Héctor Garay, y que estando en Londres 38 había escuchado la voz de Miguel Ángel. La familia Acuña Castillo realizó numerosas diligencias para dar con su paradero. Entre ellas, realizó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dicha Comisión, recibió respuesta del gobierno de Chile, el 17 de enero de 1975, en el sentido que «Miguel Angel Acuña Castillo se encuentra detenido en Santiago en virtud de las facultades que concede al Ejecutivo el Estado de Sitio contemplado en la Constitución Política…». La Comisión Interamericana pidió, entonces, al gobierno que precisara si el afectado tenía en su contra cargos concretos o si por el contrario, iba a ser puesto en libertad prontamente. El gobierno de Chile, por nota 10 de diciembre de 1975, respondió: «Miguel Acuña Castillo: No registra antecedentes de detención». En julio de 1975, el afectado figuró en una lista de 119 personas supuestamente muertas en enfrentamientos en la República de Argentina, cuya nómina fue publicada en la publicación O`Día de Brasil y LEA de Argentina, revistas que publicaron un sólo número, sin editor responsable, y cuyas direcciones como pie de imprenta resultaron ser falsas.
Acerca de esta situación, cabe dar cuenta de lo dicho en declaración jurada por Edwin Patricio Bustos Streter, ex-detenido por la DINA. El testigo cuenta que en noviembre de 1975, encontrándose incomunicado en Cuatro Alamos, presenció la llegada de un joven prisionero que traían del sur de Chile. Tenía el mismo nombre de un estudiante detenido el 8 de julio de 1974, Miguel Angel Acuña Castillo, cuya detención está relacionada con la de Héctor Garay Hermosilla. El joven traído del sur, fue trasladado posteriormente a Villa Grimaldi, donde lo flagelaron hasta que se comprometió a firmar un documento en una notaría. Lo regresaron a Cuatro Alamos y un día, el propio jefe del Campamento, de apellido Manzo, lo llevó a firmar una declaración jurada en la que admitía que él era el prisionero cuyo nombre figuraba en el diario » O’Día», que había viajado a Argentina en 1974 y que había regresado a Chile. Luego de publicado el infundio, el muchacho fue dejado en libertad. En el proceso se investigó este hecho, compareció la persona con alcance de nombre con la víctima, quedando establecido que eran personas diferentes. Las diligencias realizadas por su familia ante la autoridad administrativa, no dieron resultado alguno
A cuarenta años del secuestro Miguel Ángel vive, exigimos justicia
¡NO MAS IMPUNIDAD!
Material preparado por Colectivo 119 Familiares y Compañeros