La sede regional de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó en el Juzgado de Garantía de Iquique, una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables del delito de torturas presuntamente perpetradas por funcionarios de Carabineros de Chile en 2014, en perjuicio de un ciudadano.
Conforme con el relato de la víctima, el 18 de abril de 2014 cuando se dirigía en su vehículo desde su trabajo a su hogar, fue asaltado por unos individuos en la Población Jorge Inostroza de Iquique, ocasión en que le fue sustraída su documentación. Sucedido el asaltó llamó a carabineros para dar cuenta de la situación, no obstante luego de algunos minutos decidió seguir por su cuenta a sus victimarios.
En el trayecto se encontró con una patrulla de Carabineros, pidiéndoles a los funcionarios que lo acompañaran a detener a los asaltantes, ante lo que habría recibido como respuesta que se encontraba “drogado y borracho” y que en la comisaría se llevaría a cabo el procedimiento de recepción de la denuncia. No obstante lo anterior fue trasladado al recinto policial en calidad de detenido sin que se le comunicara el porqué de la situación, ni se aplicara el procedimiento pertinente.
Una vez en la comisaría fue llevado a una oficina donde los carabineros lo habrían insultado, esposado y golpeado con manos y pies, para luego quitarle las esposas, golpearlo nuevamente contra una pared y dejarlo caer por una escalera.
Posteriormente fue trasladado al hospital, no para constatar lesiones, sino para ser objeto de una alcoholemia que finalmente no se realizó. Finalmente fue liberado a la mañana siguiente, debiendo en fechas posteriores pagar un parte por conducir sin portar su licencia, la que justamente le había sido robada.
A través de la acción judicial presentada, el INDH solicitó a la Fiscalía se indague sobre los hechos de torturas presuntamente ocurridos; se solicite al Servicio Médico Legal que realice los peritajes del caso; se requieran a Carabineros de Chile todos los antecedentes sobre lo sucedido; y que la PDI investigue les hechos denunciados. Todo lo anterior para establecer las responsabilidades del caso.
Sobre la tortura
La ley 20.968 establece que se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigar a una persona por un acto que se le acuse haber cometido, o por discriminación.
También se entenderá por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima, o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión.
En el marco de esta ley pueden ser sancionados tanto funcionarios públicos como particulares que participaran en la comisión de este delito, debiendo ejecutarse las condenas a través de presidio, e impidiéndose su cumplimiento por medio de penas remitidas, como libertad condicional, arresto domiciliario u otros.
La tortura es una de las violaciones a los derechos humanos que más intensamente afecta la dignidad humana. Es un crimen cruel que daña indeleblemente a la víctima, en tanto su cuerpo, su voluntad, su libertad y su personalidad se ven constreñidos al abuso y a la fuerza. En el Derecho Internacional de Derechos Humanos existe consenso sobre la prohibición absoluta de someter a personas a torturas, y se establece la obligación especial para los Estados de investigar, sancionar y reparar dichos actos.
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