INDH denuncia que el Estadio Nacional es también un ícono de la tortura

En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, llamó al Estado a hacerse cargo de las deudas que mantiene en esta materia, haciendo especial referencia a uno de los símbolos de la tortura en Chile: el Estadio Nacional.

«El Estadio Nacional es un ícono de ‘la roja’, pero también es un ícono de la tortura y de todas las víctimas que estuvieron allí. Es una vergüenza que medios como la BBC y The New York Times consignen que el Estadio Nacional, donde Chile vivió un triunfo esta semana, fue un estadio donde chilenos y extranjeros fueron sujetos de tortura, y que en Chile no hayamos hecho ninguna referencia al respecto», dijo Fries y añadió que esto no sólo es importante para las víctimas que sufrieron la tortura, sino para que nadie olvide lo que allí ocurrió.

Chile ratificó en septiembre de 1988 la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. A casi 26 años de este hito, el Estado chileno mantiene deudas.

«El primer llamado que hay que hacerle a una democracia es que no hay justificación alguna para no investigar, sancionar y reparar a las víctimas de tortura. Este llamado lo hacemos pensando tanto en el doloroso pasado que tiene Chile, como también en las situaciones de tortura que todavía presenciamos en las personas privadas de libertad, en procedimientos policiales y en otras circunstancias en las que hay civiles bajo la custodia de agentes del Estado», interpeló Lorena Fries.

Desde su creación, el INDH ha presentado alrededor de 45 querellas por el delito de apremios ilegítimos, que es como en el Código Penal está tipificada la tortura, por hechos ocurridos desde 2011 a la actualidad. En este sentido, la directora del INDH reiteró las recomendaciones de este organismo autónomo respecto a la tortura, como son tipificar el delito de tortura, investigar de oficio este delito y reparar a las víctimas.

Respecto al primer punto, Fries indicó: «Dejémonos de eufemismos. Hoy día en Chile no se puede hablar de tortura jurídicamente, sino que se tiene que hablar de apremios ilegítimos o de violencia innecesaria, y eso no permite dar cuenta de lo brutal que es la tortura en términos de afectación a la dignidad y a la integridad de las personas. Además, la forma en que está codificado el delito de apremios ilegítimos es mucho más restrictiva que la que tiene la convención. Por lo tanto, debiéramos buscar aquella redacción que más proteja a los ciudadanos y ciudadanas frente a los actos del Estado en materia de tortura».

También remarcó que Chile mantiene deudas respecto a la tortura sistematizada y generalizada que hubo durante la dictadura, como entregar asesoría legal a las víctimas para que puedan presentar querellas y buscar verdad, justicia y reparación. «El Estado tiene que hacerse cargo de que en algún minuto fue el victimario, por lo mismo, las reparaciones deben estar pensadas no sólo en términos de la persona, sino también del colectivo democrático, para que nunca más se repita la tortura en este país», explicó.

El INDH, en su Informe Anual Situación de los Derechos Humanos 2013, consigna que una de las violaciones a los derechos humanos que más intensamente afectan la dignidad humana es la práctica de la tortura. Sus modalidades de comisión y el objeto de atentar contra la integridad física y psíquica entrañan un grado de perversión que daña indeleblemente a la víctima. Hablar de la tortura es acercarse a la dimensión de un crimen infamante y cruel en que el bien jurídico lesionado está constituido por la persona misma: su cuerpo, su voluntad, su libertad, su personalidad, se ven constreñidas al abuso y la fuerza. La prohibición de la tortura en todo tiempo y lugar es por ello hoy un consenso ético y un imperativo jurídico global, que se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales de los cuales Chile es parte.

Por esta razones, los Estados tienen el deber de investigar y sancionar este crimen, así como de reparar en todas sus dimensiones a las personas que han sido víctimas de tortura.