El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) comunicó que considera urgente un sistema de protección integral de la infancia. Esto consiste en un Sistema de Garantías de derechos para la infancia, Subsecretaria de la niñez, Defensor de los derechos de la niñez, y nueva Ley de Adopción.
Foto: El Mostrador
En el comunicado expresan que “resulta preocupante que se mantenga vigente la denominada Ley de Menores (Ley 16.618 ), que contiene un marco normativo obsoleto, no acorde a estándares de derechos humanos y reitera la necesidad de superar las falencias de coordinación intersectorial y dar prioridad a un enfoque centrado en el sujeto.”
Entre otros aspectos destaca: falta de coordinación entre sistema de protección y sistema de adopción; demoras en tiempo de adopción; gran número de patologías psiquiátricas al interior de la red del Sename, ausencia de protocolos.
Además expresa su preocupación por las 1.313 muertes en el Sename entre el 2005 y 2016. El INDH hace hincapié en que no hay ningún dato sobre menores LGTBI y poca información sobre niñas, niños y adolescentes migrantes y pertenecientes a pueblos indígenas en el sistema de justicia juvenil. A pesar de que el 35% del total de las muertes informadas ha sido dentro de este sistema.
En el comunicado la organización dice que “Sobre el área de justicia juvenil (14% NNA), INDH insiste en que es necesario adecuar la Ley Responsabilidad Penal Adolescente, poniendo foco en la reinserción de jóvenes infractores. En este sentido establece que el interés superior del NNA debiera constituir siempre el principio rector, y la privación de libertad debiera ser siempre aplicada como último recurso, a la hora de dictar las órdenes de internación y que el Poder Judicial es responsable de la supervisión de las mismas”.
Finalmente, continúa, “pide al Estado cumplir con su obligación de investigar y sancionar a quienes resulten responsables de las muertes de NNA, y reparar a los familiares según corresponda. En este mismo sentido, el INDH sostiene que se debe avanzar en las investigaciones y sanciones administrativas por parte del organismo, en miras a determinar las eventuales responsabilidades de los/as funcionarios/as públicos/as en vulneraciones de derechos de NNA al interior de los Centros de Acción Directa”.
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