Un recurso de amparo y una querella por torturas fueron presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de Conil, por la aplicación de contenciones físicas a tres personas con discapacidad mental severa en la Residencia Alihuén, de Buin, administrado por la fundación, las que habrían ocurridos en abril de este año.
El centro de protección atiende a niños y personas mayores de 18 años, con discapacidad mental grave o profunda, ingresados por medida judicial y con subvención Sename.
El pasado miércoles 3 de mayo, el juez del Tribunal de Familia de Buin, Rodolfo Medalla, se constituyó en la Residencia Alihuén y dictaminó medidas cautelares para proteger la integridad de las tres víctimas, dada la gravedad de estos hechos.
La denuncia fue realizada directamente al INDH por trabajadoras de la residencia, quienes acompañaron videos y grabaciones de audio que registran la violencia y mal trato sufridos por estas personas, mientras eran objeto de procedimientos llamados «contenciones». En las contenciones, que el INDH califica de torturas en sus presentaciones, habrían participado el director del centro y otros funcionarios de la Residencia Alihuén.
Los casos
Los registros audiovisuales entregados muestran el caso de un niño de 17 años, con discapacidad intelectual severa, que es reducido y amarrado boca abajo a una camilla portátil de emergencia, como parte de una contención física realizada al interior de la cabaña 8 de la residencia Alihuén. El joven habría permanecido una hora y media en esta posición, orinándose en sus ropas.
En otro registro de video se muestra a una segunda víctima, de 33 años de edad, que también padece una discapacidad intelectual severa, siendo contenida y amarrada boca abajo a una camilla portátil de emergencia. Las imágenes muestran a lo menos a cinco funcionarios del centro participando en este procedimiento.
En tanto en otro video se muestra la aplicación del mismo procedimiento a un joven de 23 años, también con discapacidad severa.
En sus presentaciones judiciales, el INDH requiere la urgente intervención de la justicia y del Sename, por la gravedad de los hechos y la indefensión de las víctimas que han sido puestas bajo custodia del Estado como medida de protección.
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