Indignación entre trabajadores del cobre por impunidad en asesinato de Nelson Quichillao

Con «indignación, dolor e impotencia” recibió la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) el fallo del Tribunal de Garantía de Diego de Almagro que acogió la solicitud de no perseverar por parte de la Fiscalía y cerrar el caso del asesinato del trabajador subcontratista de Codelco, Nelson Quichillao López.

La organización consideró como “inmoral y de extrema gravedad el manto de impunidad que la justicia chilena, con este fallo, pretende instalar sobre el asesinato de Nelson Quichillao”, reiterando que “sí existen elementos contundentes para formalizar a los responsables, en tanto existió operativo de planificación, mando y ejecución”.

Quichillao fue asesinado por las balas de Carabineros mientras se manifestaba junto a sus compañeros en el campamento El Salvador el año 2015.

La Confederación de Trabajadores del Cobre denuncia que «las autoridades del momento tomaron la determinación de reprimir la movilización. Una represión criminal, llevada a cabo por las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, que se desató en la madrugada del 24 de julio de 2015, de manera planificada y clandestina, dejando a muchos compañeros heridos y a Nelson Quichillao muerto de un disparo”.

“Esta investigación debe seguir adelante por la sencilla razón de que hay un crimen. La Fiscalía dejó el caso botado”, sostiene en tanto uno de los hermanos del trabajador de Codelco, ante la decisión del fiscal Julio Artigas.

“Demandamos y exigimos las responsabilidades materiales de las Fuerzas Especiales, del carabinero Marco Guerrero Martínez, quien percutó el arma, como también las responsabilidades políticas en la emboscada criminal realizada en contra de los trabajadores movilizados, por nuestras legítimas demandas”, agregan.

La CTC informa que está evaluando los pasos a seguir, “tanto jurídicos como los que consideremos necesarios”, según explican. En lo inmediato, expondrán el caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

“Declaramos y reafirmamos nuestro irrestricto compromiso de lograr justicia para nuestro compañero Nelson Quichillao”, señalan en el comunicado dado a conocer este jueves por la CTC.

Manuel Ahumada, presidente de la organización, afirma que “se pretende mantener el asesinato de Nelson Quichillao en un manto de impunidad. Tres años donde el fiscal de Diego de Almagro ha estado en una investigación que no ha terminado». En ese sentido, agrega que les parece «totalmente impresentable, dada la contundencia de los antecedentes. A menos de un mes de los hechos ocurridos el fiscal perfectamente podría haber formalizado a los responsables. Aquí hay responsabilidades materiales, de orden, de mando y políticas, porque no se puede permitir que se reprima a trabajadores en una legítima movilización por sus derechos, en penumbras, en pleno desierto, a las tres de la mañana, tipo emboscada”.

Carmen Hertz, diputada PC y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, manifestó igualmente su preocupación. “Es extraordinariamente grave que el caso del crimen de Nelson Quichillao quede en la impunidad. No parece posible que se pretenda por parte de la Fiscalía no perseverar en la investigación, cuando hay evidencias obvias de que Nelson fue asesinado por un arma reglamentaria que se percutó».

La abogada destaca que está identificado quién lo hizo, el sargento de Carabineros Marco Guerrero. «Es necesario, en pro del Estado de Derecho, en pro de la justicia y de que estos crímenes no queden en la impunidad por la gravedad que revisten, que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Y por cierto que en la Comisión recibiremos a los querellantes, escucharemos lo que ellos nos tienen que decir y acordaremos lo que corresponda”, señaló.

Por su parte, el diputado RD Jorge Brito, quien en 2013, siendo dirigente estudiantil, sufrió apremios ilegítimos de parte del mismo carabinero que asesinó a Nelson Quichillao, agrega: “Terminé con una contusión testicular y escrotal, siete puntos en el mentón y un daño en la columna”.

Su caso lleva 5 años en la Justicia Militar: “Es la muestra más clara de cómo opera la impunidad en nuestro país. Marco Guerrero incluso ha sido ascendido”, advierte Brito.

Marco Guerrero

“Si la justicia en nuestro país funcionara, probablemente Nelson estaría vivo, porque años antes de que asesinara a Nelson, el en ese entonces sargento segundo Marco Guerrero Martínez ya tenía casos, justamente, de abuso y de maltrato, pero hoy está con un arma patrullando Valparaíso, y hago un llamado explícito al Director General de Carabineros, el señor Hermes Soto, quien ha anunciado intentar construir una nueva institución, más democrática y más transparente, a que revise la situación de Marco Guerrero Martínez, hoy funcionario activo de la Primera Comisaría Norte de Playa Ancha, en Valparaíso”, denuncia el diputado Brito.

Un mes después de la muerte de Quichillao, la CTC presentó una querella criminal ante Juzgado de Garantía de Diego de Almagro. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también interpuso querella por homicidio.

En diciembre de 2015, la CTC presentó una queja contra el Estado de Chile ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de denunciar la violación a la libertad sindical en el país, contexto en el cual fue abatido el trabajador contratista.

En febrero de 2016, la CTC solicitó a la Fiscalía Regional de Atacama la inhabilitación de Julio Artigas, denunciando irregularidades en el caso, exponiendo antecedentes que -a juicio de la organización- evidenciaban que “Artigas protegió los intereses de Codelco”.

El Ciudadano