Informe 2010 de Amnistía: la brecha en la justicia global condena a millones de personas a sufrir abusos

A pesar de que 2009 fue un año histórico para la justicia internacional, la política del poder está agravando la brecha en la justicia global, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en su valoración anual de la situación de los derechos humanos en todo el mundo.

En la presentación del Informe 2010 de Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo, que documenta abusos en 159 países, la organización ha afirmado que gobiernos poderosos están bloqueando los avances en la justicia internacional al actuar por encima de la ley con respecto a los derechos humanos, proteger a sus aliados frente a las críticas, y tomar medidas sólo cuando les conviene políticamente.

“En la brecha de la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza”, ha afirmado Claudio Cordone, secretario general interino de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que toda persona tiene acceso a la justicia por todas las violaciones de derechos humanos. Mientras los gobiernos sigan subordinando la justicia a los intereses políticos, la mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo necesidades.”

Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos que garanticen la rendición de cuentas por sus propias acciones, ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y garanticen que los crímenes de derecho internacional pueden ser enjuiciados en cualquier lugar del mundo. También ha afirmado que los Estados que reclaman el liderazgo global, como los del G-20, son especialmente responsables de dar ejemplo.

La orden de detención dictada en 2009 por la Corte Penal Internacional contra el presidente de Sudán, Omar Hassan Al Bashir, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra marcó un hito, al demostrar que ni siquiera los jefes de Estado en activo están por encima de la ley. Sin embargo, la negativa de la Unión Africana a colaborar, a pesar de la pesadilla de violencia que han sufrido cientos de miles de personas en Darfur, constituyó un crudo ejemplo del fracaso de los gobiernos a la hora de dar prioridad a la justicia frente a la política.

La parálisis del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con respecto a Sri Lanka, a pesar de los graves abusos –entre ellos posibles crímenes de guerra– cometidos por fuerzas gubernamentales y por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, también dio testimonio de la incapacidad de la comunidad internacional para actuar cuando se la necesita. Entretanto, Israel y Hamás siguen haciendo caso omiso de las recomendaciones del informe Goldstone del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que pedían rendición de cuentas por el conflicto de Gaza.

La brecha en la justicia hace que se mantenga una perversa red de represión en todo el mundo. Las investigaciones de Amnistía Internacional registran casos de tortura y otros malos tratos en al menos 111 países; juicios injustos, en al menos 55; restricciones a la libertad de expresión, en no menos de 96, y presos de conciencia encarcelados, en un mínimo de 48.

Organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques en muchos países, y los gobiernos les impidieron llevar a cabo su trabajo o no los protegieron.

En Oriente Medio y el Norte de África hubo una constante de intolerancia de los gobiernos hacia las críticas en Arabia Saudí, Siria y Túnez, y de creciente represión en Irán. En Asia, el gobierno chino aumentó la presión sobre quienes cuestionaron su autoridad, deteniendo y hostigando a defensores y defensoras de los derechos humanos, mientras que miles de personas huyeron de la grave represión y las penurias económicas en Corea del Norte y Myanmar.

En parte de Europa y Asia Central se redujo el espacio para la sociedad civil y las voces independientes, y la libertad de expresión se reprimió injustamente en Rusia, Turquía, Turkmenistán, Azerbaiyán, Bielorrusia y Uzbekistán. Las fuerzas de seguridad cometieron centenares de homicidios ilegítimos en América –en países como Brasil, Jamaica, Colombia y México–, y las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en las operaciones de lucha contra el terrorismo continuaron gozando de impunidad. Gobiernos de África como Guinea y Madagascar respondieron a la disidencia con homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza, y Etiopía y Uganda, entre otros, reprimieron a quienes se mostraban críticos.

Los conflictos se caracterizaron por una cruel indiferencia hacia la población civil. Grupos armados y fuerzas gubernamentales violaron el derecho internacional en la República Democrática del Congo, Sri Lanka y Yemen. En el conflicto de Gaza y el sur de Israel, civiles resultaron heridos o fueron víctimas de homicidios ilegítimos por parte de fuerzas israelíes y grupos armados palestinos. Miles de civiles sufrieron abusos en la escalada de violencia por parte de los talibanes en Afganistán y Pakistán, o fueron quienes más sufrieron las consecuencias de los conflictos en Irak y Somalia. En la mayoría de los conflictos, las mujeres y las niñas fueron víctimas de violaciones y de otros actos de violencia llevados a cabo por fuerzas gubernamentales y grupos armados.

Otras tendencias que también se registraron:

§  Desalojos forzosos masivos de personas que perdieron sus casas en África; por ejemplo, en Angola, Ghana, Kenia y Nigeria, que a menudo las sumieron aún más en la pobreza.

§  Aumento de los informes de violencia intrafamiliar contra las mujeres, violaciones, abusos sexuales, y asesinatos y mutilaciones tras la violación en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Jamaica.

§  Millones de personas migrantes en países de Asia y Oceanía, como Corea del Sur, Japón y Malaisia, fueron víctimas de explotación, violencia y abusos.

§  Un brusco aumento del racismo, la xenofobia y la intolerancia en Europa y Asia Central.

§  En Oriente Medio y el Norte de África se produjo un aumento de la inseguridad a causa de los ataques de grupos armados –algunos de ellos aparentemente alineados con Al Qaeda– en Estados como Irak y Yemen.

En todo el mundo, con millones de personas sumidas en la pobreza a causa de la crisis económica, energética y alimentaria, los hechos mostraron la urgente necesidad de abordar los abusos que repercuten en la pobreza.

“Los gobiernos deben rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos que causan y agravan la pobreza. La reunión de la ONU para revisar los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se celebrará en septiembre en Nueva York, Estados Unidos, constituye una oportunidad para que los dirigentes mundiales pasen de las promesas a compromisos legalmente vinculantes”, ha afirmado Claudio Cordone.

Las mujeres, especialmente las pobres, son las más afectadas por el incumplimiento de estos objetivos. Aproximadamente 350.000 mujeres murieron por complicaciones derivadas del embarazo; la discriminación de género, las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, y la negación del derecho a atención medica son a menudo causas directas de la mortalidad materna.

“Si quieren hacer progresos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los gobiernos deben promover la igualdad de las mujeres y abordar la discriminación que sufren”, ha declarado Claudio Cordone.

Amnistía Internacional también ha pedido a los Estados del G-20 que no han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional –Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, India, Indonesia y Arabia Saudí– que procedan a su ratificación. La conferencia internacional de revisión del Estatuto de la Corte que comenzará en Kampala, Uganda, el 31 de mayo constituye una oportunidad para que los gobiernos muestren su compromiso con este tribunal.

A pesar de que el año pasado hubo graves carencias a la hora de garantizar justicia, muchos hechos mostraron que ha habido avances. En América Latina se reabrieron las investigaciones sobre los crímenes protegidos por leyes de amnistía, y se dictaron fallos históricos con respecto a ex dirigentes, como las condenas del ex presidente de Perú Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad y del último presidente militar de Argentina, Reynaldo Bignone, por secuestro y tortura. Todos los juicios ante el Tribunal Especial para Sierra Leona concluyeron, salvo el del ex presidente de Liberia Charles Taylor, que sigue su curso.

“Una lección clave extraída del año pasado es la necesidad de una justicia global efectiva. La justicia ofrece imparcialidad y verdad a quienes sufren violaciones de derechos humanos, impide que se cometan abusos contra esos derechos, y, en definitiva, crea un mundo más estable y seguro”, ha afirmado Claudio Cordone.

Más información:  Amnistía Internacional  – Chile

Fotografía: elpais.com