Informe Anual sobre derechos humanos de la UDP: Plan Auge no brinda cobertura prometida

* Por ejemplo, en la GES (Garantías Explícitas de Salud) de parto sin dolor para las mujeres, además de coberturas y plazos que no se cumplen en otras patologías.
* El sistema de salud privado (Isapres) por su parte, presenta una discriminación hacia  las mujeres
* El informe entrega estudios inéditos sobre Protesta Social, Derecho a la Huelga e institucionalidad de derechos humanos.

Santiago, 19 de Agosto de 2008. El Derecho a la Salud en Chile ni siquiera está garantizado en el Plan Auge, donde queda al descubierto que la promesa de cobertura anunciada se supedita– en la práctica- a criterios económicos y no sanitarios, especialmente en el caso de las mujeres y sus necesidades especiales, como el parto sin dolor. Así lo devela el Informe Anual Sobre Derechos Humanos 2008 que elabora el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el cual por primera vez incluye un capítulo completo dedicado al tema.

Este año la publicación entrega además tres estudios inéditos: Protesta Social, Derecho a Huelga e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, los que se suman a otras temáticas que también se incluían en versiones anteriores como las vulneraciones de derechos humanos al interior de las cárceles de adolescentes, hacia los pueblos indígenas,  las personas con discapacidad y las minorías sexuales, entre otras.

“En materia de Derechos Humanos, Chile sigue observando graves deficiencias”, manifestó Nicolás Espejo, Director del Centro de Derechos Humanos UDP y del Informe dado a conocer a la prensa.  Estas se concentran, apuntó, en grupos vulnerables como las personas privadas de libertad, las mujeres, los niños y adolescentes, los pueblos originarios y las minorías sexuales.  Respecto de los avances, mencionó algunas políticas impulsadas por el Estado de Chile como el plan de reconocimiento a los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo llamó la atención sobre un discurso que busca avanzar, pero una práctica contradictoria con ello.  Como ejemplos mencionó el rol del Consejo de Defensa del Estado, que apela a la prescripción para no reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos del pasado, o los 18 años de tramitación parlamentaria del Ombusperson.

Derecho a la Salud , AUGE e Isapres

En el caso del Derecho a la Salud en el Pan Auge, la académica Alejandra Zúñiga devela que prácticamente todas las Guías Clínicas AUGE – verdaderas “letras chicas” del Plan que son las que especifican las condiciones y requisitos para ser beneficiario del sistema-, establecen criterios de exclusión, tales como: la edad o lugar de residencia del paciente, haciendo imposible el cumplimiento de la promesa de cobertura que la propia ley Nº 19.966 estableció para que ‘toda persona residente en el territorio nacional, independiente de su edad, sexo, educación, etnia, preferencias sexuales o ingreso, pueda contar con un mecanismo de protección social que le dé acceso universal a una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad1”.

Tomando fuentes oficiales y diversos estudios, el  capítulo sobre el tema, realiza un exhaustivo análisis de incumplimientos y discriminación, siendo particularmente graves aquellos que ocurren en atenciones garantizadas a la mujer, como el derecho al parto sin dolor, incorporado al AUGE a  partir de julio del 2007. “Lo que parecía ser una gran noticia resulta en una garantía sin contenido, una GES para unas pocas mujeres que, por  distintas circunstancias, pueden hacer uso de este ‘derecho’”, plantea la investigadora. Para cumplir con los requisitos técnicos que exige esta GES, explica,  no existen en la mayoría de las ciudades del país, los recursos físicos y humanos necesarios, “cuestión que, por lo demás, era de conocimiento de las autoridades sanitarias al momento de ‘prometer’ la incorporación de la analgesia en el parto, según se desprende de la lectura de la Guía Clínica respectiva”. La cantidad de centros hospitalarios capaces de proporcionar analgesia en el parto es muy escasa, incluso en las ciudades de más de 500.000 habitantes, agrega la académica.

El mismo capítulo abunda en ejemplos respecto de otras GES; de acuerdo a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hay unas 120 mil personas en listas de espera en el país, de las cuales el 50% son patologías AUGE. Y los consultorios tienen una carencia de 50% de horas profesionales2.

La investigación menciona un informe de la consultora Altura Management, el cual construyó con datos aportados por el 50% de los servicios de salud del país -que atienden al 40% de la población adscrita al sistema público-, y que analizó 14 de las enfermedades más demandadas del AUGE. En ella se señala por ejemplo,  que para intervenciones AUGE por cáncer al testículo la espera es de hasta 379 días, pese a que el tiempo garantizado es de 90; lo mismo sucede con la esquizofrenia, que supera en 327 días la garantía de atención, originalmente de 20 días.

Más grave es la situación de aquellas personas excluidas del AUGE por razones de edad, pues la lista de espera para la operación a la vesícula (colicestomía) cuando las personas no cumplen el requisito de estar entre los 35 y 49 años de edad, ha aumentado de 44 semanas a 80 semanas, mientras que aquellos considerados «beneficiarios” AUGE sólo deben esperar 10 semanas, lo que es una clara e injustificada discriminación3.

Otra revelación de este capítulo se relaciona con la discriminación por género que realizan las Isapres. “La promesa del AUGE de terminar con la discriminación contra las mujeres en el Sistema de Salud Privado ha tenido tanta suerte como en el caso del Sistema Público, pues el Fondo de Compensación Interisapres –reconoce la propia autoridad sanitaria- demoraría cerca de 6 años en ajustarse”, explica Alejandra Zuñiga. Mientras se espera a que las Isapres terminen ‘voluntariamente’ con la discriminación actual por riesgo, la realidad es permanentemente denunciada por los distintos actores del sistema. Los funcionarios de la Federación de Trabajadores de Isapres –que reúnen a empleados de Vida Tres, Banmédica, Consalud, Cruz Blanca y Ferrosalud- han denunciado que sus comisiones por venta de planes a mujeres son menores que las obtenidas si el contratante es hombre. Incluso si ella tiene un hijo, en varios casos estaría prohibido venderles planes.

Protesta Social y Derecho a Huelga

Como inédito  calificó el director del Centro de Derechos Humanos de la UDP, que el Informe haya abarcado el tema de la protesta social y derecho a huelga. Mientras el Gobierno de Chile impulsa sendas reformas a la forma de enfrentar las demandas de los pueblos originarios (particularmente el mapuche) al sistema educacional, al sistema electoral y a la justicia y condiciones laborales,  al mismo tiempo mantiene, justifica y defiende altos e intensos niveles de represión policial y hostigamiento, salvo cuando se trata de casos en que la protesta social fortalece la posición oficial, como el de la píldora del día después. “El derecho a la libertad de expresión juega también un rol fundamental en el ejercicio de otros derechos políticos, tales como el derecho de reunión y protesta. Por tanto, debe evitarse un acercamiento a las movilizaciones sociales que reduzca tales manifestaciones legítimas a meros actos de violencia y falta de razón”, puntualiza Nicolás Espejo.

A pesar de diversas recomendaciones hechas al Estado de Chile por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el Estado de Chile mantiene una legislación ampliamente restrictiva del derecho a la huelga en sus aspectos esenciales. Al mismo tiempo, este contexto restrictivo se manifiesta también en la retórica del Gobierno, los medios de comunicación y la jurisprudencia judicial y administrativa, agravando las posibilidades de reconocimiento del derecho a huelga, se afirma en el capítulo dedicado al tema. “Un Estado que no reconoce adecuadamente el derecho a la huelga de sus trabajadores, tiene serias dificultades para honrar su compromiso con la dignidad del trabajo y con la humanización del capital”, planteó Espejo.

Otros temas que trata el Informe 2008

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos

“Sin perjuicio de su contribución a los derechos humanos, las instituciones existentes son insuficientes e inefectivas para otorgar protección a los derechos de las personas…Los distintos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y discutidos en el Parlamento en los últimos 17 años – incluido el del Instituto Nacional de Derechos Humanos- no satisfacen los estándares de independencia, autonomía y representación judicial efectiva necesarios para su debida implementación en Chile”, se señala. Además de Uruguay, Chile es el único país latinoamericano que no cuenta con un Ombusperson.

Personas con discapacidad: En Chile, se consigan, la mitad de la población viviendo con alguna discapacidad no ha completado ni siquiera la educación básica, lo que incide directamente en la imposibilidad posterior de conseguir un trabajo remunerado y poder vivir de manera independiente, “algo que contradice el espíritu y contenido del Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconocido por el Estado de Chile y plenamente vigente”. El capítulo reúne la opinión de los principales expertos en la materia, quienes coinciden en el diagnóstico: no existe una política pública que garantice el derecho a la educación de las personas con discapacidad.

Acceso a la Justicia: El capítulo dedicado al tema revela “la preocupante situación de las corporaciones de Asistencia Judicial, -las que constituyen el principal soporte del sistema de asistencia jurídica gratuita del país- toda vez que cuentan con un presupuesto insuficiente y una estructura organizacional atomizada y asentada en la figura de los egresados de derecho, que realizan su práctica profesional”.

Justicia Militar: El capítulo revisa las principales violaciones al derecho al debido proceso por parte de la legislación militar y su aplicación a civiles. En particular, presta atención a la forma en que el Estado de Chile, a pesar de haber sido condenado hace casi cuatros años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, continúa aplicando un sistema de justicia militar plenamente incompatible con las exigencias básicas de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Pueblos Originarios: El capítulo revisa el modo en que las instituciones constitucionales, legales, judiciales y administrativas –incluyendo las policías- incurren en diversas violaciones  a los derechos de estos pueblos. En particular, el deficiente modelo de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile, prácticas de violencia y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y de quienes intentan defenderlas y el constante crecimiento de denuncias internacionales en contra de Chile en esta materia.

Otros temas tocados por el Informe son los derechos de niños, niñas y adolescentes, medio ambiente, de la mujer, violaciones a los DDHH en el pasado, minorías sexuales y condiciones carcelarias.

“El reconocimiento de los errores en estas materias es, sin lugar a dudas, excepcional. Por ello, un informe sobre violaciones a los derechos humanos es demasiado importante para la calidad de la democracia. Su objetivo no es agradar, sino incomodar. Su metodología no es la misma utilizada en informes de avance o implementación de políticas públicas o legislación. Su vocación no es el compromiso entre los intereses en juego, sino la férrea defensa de aquello que más valoramos cuando nos enfrentamos al poder o la ausencia del mismo. En fin, un informe sobre las violaciones a los derechos de las personas y grupos a nivel nacional, pretende decir, con toda claridad, aquello sobre lo que el Estado aprende a callar”, afirma su director, Nicolás Espejo.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile que realiza la Universidad Diego Portales es la única publicación periódica e independiente en su género, lo que la ha llevado a convertirse en un referente en la materia, tanto nacional como internacionalmente (el año 2007 fue citado por el Informe sobre DDHH que elabora el Departamento de Estado norteamericano en su capítulo sobre Chile). Esta es su sexta versión y será presentado oficialmente esta tarde en un seminario abierto al público en la Facultad de Derecho UDP, con la participación del decano, Juan Enrique Vargas, y los comentarios del cuentista político Patricio Navia, la periodista Urrejola y el abogado Nelson Caucoto. En el mes de octubre se expondrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Por Susana Kuncar

Versión completa del Informe en www.udp.cl