Informe de DD.HH. desaprueba criminalización del pueblo mapuche en Chile

-El Instituto Nacional de Derechos Humanos explica que es necesario que haya justicia respecto a las acciones de violencia que afectan a los mapuche, pues muchas de éstas han quedado en la absoluta impunidad. -Además indica que ha prestado apoyo para defender legalmente a "víctimas de torturas en contextos de conflictos interculturales en cinco ocasiones”.

Informe de DD.HH. desaprueba criminalización del pueblo mapuche en Chile

Autor: mauriciomorales

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El Informe Anual «Situación de los Derechos Humanos» en Chile 2015 releva una arista inquietante: la criminalización del pueblo mapuche, cuyo escenario desaprueba: “El problema más grave que enfrentamos en materia de igualdad y no discriminación es la relación entre el Estado y los pueblos indígenas“, expresó Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, organismo que elabora el documento que fue presentado hoy en una ceremonia a la que asistió la presidenta Michelle Bachelet.

La misión del INDH es cautelar y promover la plena vigencia de los derechos humanos en Chile, por lo que la directora del ente independiente del Estado indicó que para afrontar el conflicto es necesario que sea una forma integral y que implique la cooperación, a parte del Estado y el pueblo mapuche, de los pequeños agricultores y las empresas que se ubican en el territorio mapuche.

 “Sólo una mirada audaz y de largo plazo (…) que involucre a estos componentes puede permitir iniciar un camino de solución a un drama que llevamos casi un siglo y medio sin abordar en toda magnitud”, explicó la ejecutiva que además anunció que este será su último período a la cabeza de la entidad luego de 6 años de liderazgo.

Sobre las denuncias sobre la violencia de niños y niñas mapuche por parte de las fuerzas policiales, el texto indica que es una problemática que ha sido abordada por el INDH. “La respuesta estatal que se ha hecho sentir con particular intensidad frente a esta problemática es aquella que proviene del uso de la fuerza a través de la persecución penal y la intervención policial. Así lo sugieren, por una parte, las formas extremas que el uso de la fuerza policial ha alcanzado particularmente durante la última década, así como la gran atención que la criminalización y la violencia policial han despertado en organismos nacionales e internacionales”, desmenuza el documento.

En este sentido el Consejo de la entidad llamó al Estado a tomar medidas como la “revisión del actuar policial en comunidades mapuche, que permitan  garantizar la integridad y seguridad de las personas indígenas y no indígenas en La Araucanía y regiones aledañas, así como la aceleración de la investigación y sanción por parte de la justicia de los delitos cometidos en este contexto, asegurando además la reparación a quienes han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos en el marco de este conflicto”.

Dentro de los ejes del documento, éste también enfatiza en que el INDH ha estado preocupado por hechos de violencia en contextos  interculturales. “Al cierre de este informe, el Instituto ha realizado 14 misiones de observación en diferentes localidades del país, que han dado cuenta de conflictos interculturales de algún grado, incluidos conflictos con violencia”, indica el documento.

En el mismo sentido, el INDH también ha prestado apoyo legal para la defensa de “víctimas de torturas en contextos de conflictos interculturales en cinco ocasiones”.

Además el informe enfatiza que INDH ha hecho notar la necesidad de que haya justicia respecto a las acciones de violencia que afectan a los mapuche, pues muchos de éstos han quedado en la absoluta impunidad. “En particular ha manifestado su preocupación por la situación en que quedan los delitos que cometen los agentes policiales del Estado en contra de la población mapuche, toda vez que de acuerdo con la legislación vigente, son de competencia de la justicia militar”.

Es por lo anterior que el INDH subraya que es vital que se acabe con la justicia militar, ya que si hoy si un uniformado delinque pasa a la justicia castrense y no a la civil, cuya acción provoca incertidumbre respecto de la imparcialidad y la autonomía de los procesos judiciales. “En ese sentido, el INDH valora los fallos recientes tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema que han establecido la necesidad de que este tipo de delitos sea de competencia de la justicia ordinaria, lo que resulta fundamental para asegurar que se haga justicia frente a ellos”.

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