“El hecho de que estemos presenciando el estallido de tantas crisis nuevas sin que se haya resuelto ninguna de las anteriores, ilustra claramente la falta de capacidad y de voluntad política para poner fin a los conflictos, y más aún para prevenirlos. El resultado es una proliferación alarmante de la impredecibilidad y de la impunidad». Así parte el prólogo del Informe de Amnistía Internacional (AI) sobre Derechos Humanos del período 2015-2016, documento que analiza los casos específicos de 160 países e incluye a Chile.
En el informe chileno se hacen notar 5 puntos relevantes:
Fuerzas de seguridad y sistema de justicia militar
En este punto el informe señala que en septiembre de 2015, el relator especial de Amnistía en nuestro país, Roberto Morales, respecto «al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación» pidió a las autoridades que pusieran fin al uso de tribunales militares para juzgar casos de violaciones de derechos humanos.
Los casos de violaciones de derechos humanos que implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad seguían siendo juzgados por tribunales militares, a pesar del compromiso público de las autoridades de reformar la legislación pertinente. No obstante, la Corte Suprema, en algunos casos específicos, confirmó el derecho al proceso debido y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos cuando decidió remitir dichos casos a la jurisdicción de tribunales ordinarios», indica el texto.
Además, en este ámbito se nombró los casos de Manuel Gutiérrez, asesinado por el sargento de Carabineros Miguel Millacura en agosto de 2011; y de Iván Vásquez Vásquez, muerto al interior de una comisaría en mayo de 2014 en Chile Chico, región de Aysén.
El informe resalta el trabajo del Poder Judicial respecto medidas para poner a disposición judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Sin embargo, las organizaciones de víctimas condenan la lentitud de los progresos en cuanto a establecer la verdad sobre las miles de víctimas de desaparición forzada.
A su vez, existe una preocupación por la confidencialidad de la información y la documentación recopilada por la Comisión Valech sobre la tortura y el encarcelamiento por motivos políticos durante el régimen de Pinochet, incluso para los tribunales, y que durante 50 años seguiría siendo secreta y sin estar a disposición de quienes reclamaban justicia para las víctimas.
También se hace notar el nulo progreso respecto a la derogación de la Ley de Amnistía de 1978.
En julio de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) instó a Chile a acelerar la adopción de un proyecto de ley para despenalizar el aborto en algunas circunstancias. En ese sentido, el informe de Amnistía hace notar que está pendiente en el Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto cuando el embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer, cuando fuera consecuencia de violación o incesto, o en casos de malformación fetal severa.
Amnistía denuncia que se recibieron nuevas denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias durante operaciones policiales contra comunidades mapuche. En julio, el CESCR instó a Chile a garantizar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, con el fin de asegurar su derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con las decisiones que pudieran afectar directamente a sus derechos.
El organismo internacional señala que en octubre entró en vigor la legislación sobre el acuerdo de vida en pareja, que incluía a las parejas del mismo sexo. Al finalizar el año seguía pendiente ante el Senado un proyecto de ley sobre el derecho a la identidad de género que permitiría cambiar el nombre y el género en los documentos oficiales.
Finalmente, el informe sobre los Derechos Humanos 2015-2016 señaló problemáticas similares en Argentina (ley de género, aborto, tortura, impunidad, justicia y pueblos indígenas) y en Perú (libertad de expresión, impunidad, ley de género, aborto y pueblos indígenas).
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