Informe de Contraloría detecta sobrepagos en mediaguas

En un informe entregado el pasado noviembre al Gobierno, Contraloría explicitó el sobrepago de viviendas de emergencia tras el terremoto de hasta $820.000, mientras que el costo de cada una de éstas rodea los $480.000.

El informe de la Contraloría General de la República exige iniciar un sumario que aclare responsabilidades del Comité de Emergencias de la Presidencia, tras detectar un sobrepago en la adquisición de mediaguas para los damnificados del terremoto del 27 de marzo.

Según lo explicitado en la investigación, “a modo de ejemplo, se puede indicar que durante la última semana de abril correspondía pagar el valor neto de $480.000 por vivienda entregada, sin embargo, de acuerdo a lo indicado por el Jefe de Abastecimiento, debido a instrucciones recibidas del Comité de Emergencia de la Presidencia, se pagaron $ 505.000 por cada una”.

Si bien el desajuste en las cifras no parece alarmante a primera vista, al considerar el total de viviendas adquiridas (más de 80.000 entregadas tras la catástrofe) la suma alcanza varios millones de pesos de sobrepago. El informe explicita que incluso se llegó a pagar hasta $820.000 por cada una de ellas.

Al respecto, el senador Juan Pablo Letelier (PS) declaró: “Una mediagua por 820 mil pesos evidentemente es un negociado, un abuso del uso de recursos los públicos que son de todos los chilenos, más aun cuando hasta el día de hoy aún hay muchas familias que no recibieron la mediagua que se les ofreció”.

La situación empeora con las demás acusaciones que establece el ente fiscalizador en su informe, donde además se puntualiza la existencia de órdenes de compra fuera del Sistema de Compras Públicas (cuya suma supera los $10.000 millones), falta de respaldo de dichas solicitudes, solicitud de Fondos de Emergencia que no cuentan con un respaldo que especifique a qué se dedicó el dinero (que asciende a los $31.238.129 millones) y alimentos comprados a Cencosud sin distribuir entre los damnificados del terremoto.

Mientras, desde el Comité de Emergencias de la Presidencia, que estuvo liderado por el ex ejecutivo de retail, Cristóbal Lira Ibáñez, salieron al paso de las críticas asegurando que »se pagaron precios y cantidades de viviendas de emergencia distintos a los convenidos producto del aumento de los costos de materiales”.

Por su parte, la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, apoyó estas declaraciones argumentando que “estábamos viviendo una emergencia realmente dramática en Chile, y tuvimos que construir miles de viviendas de emergencia en un tiempo récord para lograr que las familias no tuviesen que pasar el invierno a la interperie. Esa meta nosotros la logramos”. Además, señaló que aportarán información para resolver a la brevedad la primera investigación que enfrenta el mandato de Sebastián Piñera.

Según Von Baer, se intentó agilizar la construcción de las viviendas, mediante la entrega de “incentivos”, que forman parte de “un proceso que se hizo en forma transparente, en forma rápida, dada la emergencia que se estaba viviendo”.

MEDIDAS LEGALES

Otro de los puntos que se sumó a la polémica fue la participación de Cristóbal Lira en el Cómite de Emergencias de la Presidencia, desde donde procederían la serie de irregularidades que detectó el informe de Contraloría. Lira es ahora Jefe de la Dirección Pública del Ministerio del Interior y sobre él y Vicente Núñez, director de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), pesarían las principales acusaciones.

Al respecto, Letelier, declaró que “estamos buscando la transparencia en el uso de los recursos públicos y aquí hay un mal uso de los recursos públicos, hay una situación negligente. El Gobierno lo sabía y a pesar de eso ha ratificado al actual director de la Onemi y a quien era jefe de la Comité de Emergencia de la Presidencia, al señor Lira como jefe de seguridad publica”.

El senador anunció que tomarán medidas legales para sancionar a los culpables de los posibles sobrepagos, que deberán ser justificados a través de los documentos que el Gobierno aseguró tener en su poder. “Vamos a estudiar con los diputados actos de fiscalización, vamos a pedir información a través de la ley de Transparencia desde el Senado y si hay responsabilidades, más allá de las políticas que son evidentes, porque una autoridad política debe dar respuesta de cómo personas sin autoridad legal tomaron decisiones por sobre la ley”.

La información al respecto se encuentra disponible en el sitio web de la Contraloría, en los últimos informes de la División de Auditoría Administrativa.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano