La aplicación de la ley chilena antiterrorista en contra de mapuches es ineficaz y vulnera los derechos de los pueblos indígenas, denunció un informe sobre derechos humanos difundido este lunes por la Universidad Diego Portales.
El estudio señaló que esta ley atenta contra «las garantías del debido proceso de los pueblos indígenas», conforme a lo que estipula el derecho internacional, afirmó una de las responsables del texto, Antonia Rivas, en una rueda de prensa.
Actualmente, en el país hay 23 comuneros imputados por presuntos ataques incendiarios en el sur de Chile, uno con resultado de muerte, y asociación ilícita, pero diversas organizaciones de derechos humanos alegan que las pruebas en su contra son escasas.
El sondeo, que se publica cada año, abordó además la manera en que el Estado reconoce, respeta y protege los derechos de los pueblos indígenas, respecto de su autodeterminación, consulta, propiedad de la tierra e identidad, así como el uso excesivo de las fuerzas policiales en sus comunidades.
Entre otros temas, el informe se refirió también al derecho a la vida privada de los ciudadanos, en relación al uso de cámaras de televigilancia y drones en algunos municipios de la capital, con el objeto de poner fin a la delincuencia.
Por esta razón, los académicos hicieron un llamamiento a las entidades públicas a evitar la implementación de estos métodos de vigilancia «ilegales», que violan la intimidad de las personas, criticaron.
Por otra parte, se denunciaron los «abusos» de la Policía contra los pobladores de La Legua, una zona marginal del sureste de Santiago, afectada por la delincuencia y el narcotráfico.
Se reveló que las intervenciones que Carabineros (policía militarizada) realiza frecuentemente en este barrio se traducen en «abusos constantes» a sus habitantes, mediante detenciones injustificadas, amenazas, golpes e ingresos ilegales a viviendas.
«Existe derechamente un patrón de violencia policial», subrayó el editor del estudio y académico de la Universidad Diego Portales, Tomás Vial, quien agregó que estos hechos son denunciados por los mismos vecinos de La Legua, pero que sus alegatos han sido rechazados, lo que evidencia que «no existe transparencia sobre cómo se tramitan esas denuncias, y que tampoco hay derecho a que se escuchen los testimonios de las presuntas víctimas», dijo.
La Legua saltó a la polémica la semana pasada, debido a un tiroteo protagonizado por bandas rivales de ese sector, el cual se extendió por tres días consecutivos y dejó un muerto y varios heridos.
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