Informe «revela» conocida realidad de las cárceles chilenas que las autoridades parecen obviar

El informe dado a conocer por la Corte Suprema durante esta jornada, deja en evidencia las precarias condiciones en que se encuentran más de 50 mil reos en los centros penitenciarios chilenos. El hacinamiento, el acceso a la alimentación y el agua, sumado a la falta de opciones de capacitación laboral e incluso atención médica, hacen que la meta de reinserción se aleje cada vez más de la población privada de libertad.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestaron la necesidad de cambiar el enfoque de la política carcelaria, en una demostración que el debate sobre los derechos de la población chilena recluida en centros penitenciarios ha sido dejado de lado por las autoridades y está más presente que nunca o siendo estrictos: igual que siempre.

Datos del informe

“Misión de Gendarmería: atender, vigilar y rehabilitar a la persona que por resolución de autoridades pertinentes fueran detenidas o privadas de libertad” señala el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Además de ello se debiera garantizar condiciones de reclusión «que fomente hábitos similares al del medio libre, tales como hora de inicio u término de la jornada diaria, y de alimentación, garantizando al menos ocho horas diarias para el descanso. En el resto del horario debieran atenderse necesidades espirituales y físicas, las actividades de tratamiento, formativas y culturales de los internos»

Por ello los datos conocidos son contradictorios entre la Constitución, la administración de Gendarmería y un grupo de autoridades que parece no querer hacerse cargo de una situación que vulnera los derechos de la población penal chilena.

De los 53 centros que revisó la Corte Suprema en su informe, existen 25 con sobrepoblación. Entre estos últimos destaca la ex Penitenciaria, con un 88 por ciento más de su capacidad (casi 2.100 internos más de lo que permite el penal). Otros casos que resaltan son el CCP de Copiapó, con 87 por ciento más de su capacidad; Colina II, con un 71 por ciento; y el CDP de Limache con un 154 por ciento.

Frente a la posibilidad de mantener una rutina similar a la vida en el exterior de los penales, son entre 14-16 horas en promedio que los reos pasan encerrados, por lo que su desarrollo esté sometido a una porción mínima del día. A ello se suman las condiciones de alimentación dentro de los penales: en 37 casos los reos pasan hasta 16 horas sin comer.

Instituto Nacional de Derechos Humanos frente al problema

En entrevista con El Ciudadano, el Jefe de Unidad Jurídica Judicial del INDH, Rodrigo Bustos,  se refirió a los nuevos datos consignados en el informe:

«Las conclusiones de este nuevo informe de la Corte Suprema son graves y alarmantes, pero no son nuevas ni nos sorprenden tampoco, vienen a repetir lo que se ha señalado en informe anteriores del Poder Judicial, de organizaciones de  la sociedad civil, de organismos internacionales y del propio INDH que desde el año 2011 viene realizando observaciones en todas las cárceles del país».

Y agrega: «el nivel de hacinamiento, las precarias condiciones de higiene en algunas celdas, la falta de un recurso tan básico como el agua (potable) para los internos, no es algo nuevo, por lo que el Estado en su conjunto aborde la situación carcelaria que está en crisis hace muchos años».

Bustos pone sobre la mesa el debate respecto a los derechos de la población penal y el tratamiento que han hecho las autoridades sobre las políticas que los protegen. En este sentido, el funcionario sostiene que el INDH busca «un enfoque donde se plantee  que las personas privadas de libertad son personas con igual dignidad, tienen derechos. Por una parte ven restringida su libertad ambulatoria por una condena o investigación, ero deben poder ejercer el resto de sus derechos humanos».

Asegura que desde el Estado «existe una mirada  de una política punitiva donde fundamentalmente se aumentan las penas y piensan que los delito se resuelven  poniendo más personas en las cárceles y claramente de esa manera no vamos a resolver la crisis penitenciaria ni tampoco la delincuencia».

Reinserción: ¿una ilusión consagrada en la Constitución chilena?

Dado que el informe establece que las condiciones mínimas para la vida de los internos no están garantizadas, esto debiera ser el primer objetivo de los centros penitenciarios. La falta de espacios y horas de desarrollo personal, espiritual y educativo, además de la falta de asesoramiento y atención médica, convierten a la reinserción en una misión casi imposible.

Desde la Unidad Jurídica Judicial del INDH afirman los siguiente: «como INDH concordamos con las palabras del presidente de la Corte Suprema – quien declaró que hoy en día la reinserción es difícil o prácticamente imposible-  y es por eso que hoy día lo que se requiere es un cambio de política. No tiene que ver con el gobierno de turno ya que ha sido un problema estructural de las cárceles chilenas».

Al respecto Bustos hace un llamado al próximo gobierno de Sebastián Piñera para modificar el enfoque en la materia y que «pueda asumir este problema de derechos humanos con la relevancia y prioridad que debiera tener».

Por otro lado, ante las dudas que genera esta situación respecto a la administración de las cárceles y la población penal, Bustos asegura: «No pueden tirarse simplemente los dardos a Gendarmería porque se trata de un tema que ha sido un problema estructural. Por algo a crisis ha permanecido a lo largo de todos los gobiernos y tiene que ver con una política punitiva».

«Las ultimas agendas cortas ha aumentado sobre todo la gente que está en prisión preventiva, vulnerando su  derecho a la presunción de inocencia y es por eso que ponemos el acento en la necesidad de un cambio de enfoque a una perspectiva de DDHH», recalca. 

Agua caliente: otro beneficio del penal de Punta Peuco

Una de las carencias que ha evidenciado el informe es el acceso al agua, ya sea potable para el consumo o la posibilidad de tener agua caliente. Dentro de los centros que abarca el estudio, solo dos tienen este último beneficio de manera constante: el CDP de Cochrane, donde según datos del año pasa habían 15 detenidos y el penal de Punta Peuco.

Respecto a esta situación, Bustos asegura que «se ha señalado en reiteradas ocasiones que las condiciones de la cárcel de Punta Peuco, en varios elementos, son mejores que el resto de las cárceles de nuestro país, eso es bastante claro». Y recalca que «ahora lo que hemos planteado es que debiera existir agua caliente y potable en todas las cárceles. Estos son accesos a derechos básicos que debieran tener todas las personas».

Además repasó una situación particular que enfrenta el INDH tras haber presentado un recurso de amparo por  las condiciones higiénicas que se dan en algunos recintos y en particular el de una persona que se encuentra en una celda de aislamiento en la cárcel de Colina II: «una persona con discapacidad que ha tenido que convivir incluso con sus excrementos. Estas situaciones están al borde de los que son tratos crueles inhumanos y degradantes y tiene que ser desterrados de las practicas que hemos ido conociendo”.