Informe de la UDP revela aumento de familias en campamentos: «Es una violación al derecho a la vivienda digna»

Este lunes 7 de noviembre fue presentado a la prensa la XVI edición del reconocido Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. En él destaca como uno de sus principales capítulos el dedicado al «Derecho a una vivienda adecuada en Chile», la cual se aborda a partir de «una mirada desde los campamentos».

El diagnóstico es desalentador, grave. El estudio señala que «a pesar del crecimiento económico y la mejora general en los indicadores de desarrollo humano en Chile», los campamentos en nuestro país «aumentaron entre 2011 y 2016».

Los y las investigadores (as) del Informe de la UDP compararon el catastro nacional realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en 2011, en donde se estableció que existían «27.378 familias habitando en 657 campamentos, descontando los cierres efectuados», con el Catastro Nacional de Campamentos 2016, realizado por TECHO-Chile. Este último, según la UDP, indica que «al día de hoy las familias que viven en campamentos a nivel nacional ascienden a 38.770, habitando en 660 campamentos», las que se distribuyen mayoritariamente en Valparaíso, Antofagasta y Concepción.

Este aumento, se agrega, «se refleja en todos los catastros de TECHO-Chile desde 2012». El MINVU, por su parte, no ha actualizado su información, se añade.

A ojos del estudio, la situación de los campamentos en Chile «constituye una violación a la obligación inmediata del derecho a la vivienda adecuada consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)», de Naciones Unidas.

Un 91,5% sin alcantarillado

El documento advierte que los aspectos más críticos en los campamentos «dicen relación con seguridad de la tenencia y habitabilidad; falta de servicios básicos, precaria materialidad de la vivienda, allegamiento y hacinamiento», apuntando que «todos estos aspectos constituyen violaciones al derecho a una vivienda digna».

En ese sentido, el desglose del Informe va entregando alarmantes cifras como, por ejemplo, que «del universo de familias que vive en campamentos, el 75,8% no tiene un acceso formal al agua potable, el 91,5% no cuenta con alcantarillado, y el 47,6% se encuentra colgado al cableado eléctrico». Una situación que empeora significativamente cuando se trata de hogares de familias migrantes, ya que «en estos casos la falta de servicio de alcantarillado y electricidad alcanza un 97,8% y un 62,5%, respectivamente», se señala.

El hacinamiento es otra de las aristas. En los campamentos, señala la UDP, éste se incrementa a casi el triple de lo que ocurre a nivel nacional, afectando a un 25,7% de los «hogares».

Menos presupuesto para erradicar campamentos

El Informe denuncia que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo «ha disminuido la asignación presupuestaria a la erradicación de los campamentos, y más del 80% de los subsidios habitacionales asignados a familias de campamentos entre 2011 y 2016 para los programas -del FSV y FSEV- no han sido pagados». En ese sentido, la UDP es categórica en afirmar: «Las familias de campamentos se ven afectadas por no representar una prioridad para el Estado».

Si bien el Informe sostiene que el derecho a la vivienda no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución, plantea que «sí se debe considerar incorporado a través de su artículo 5° inciso segundo», por lo que además del compromiso explícito en la ratificación del mencionado PIDESC, «el Estado se debe considerar obligado no solo a respetar sino que también a promover el derecho a una vivienda adecuada según los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes».

Una «discriminación grave»

El documento se preocupa de destacar cómo este lamentable escenario contrasta con hechos celebrados en Chile, como que en 2013 entramos al al grupo de países de altos ingresos, de acuerdo al Banco Mundial; o que en 2015 tuvimos un PIB per cápita de 23.800 dólares, «lo que lo ubicó en la posición número 77 a nivel mundial y como el primer país sudamericano en la lista».

En ese sentido, se concluye que «la situación actual de las más de 38.000 familias que viven en campamentos en Chile no corresponde a los estándares de derechos económicos, sociales, culturales que Chile ha suscrito». Y agrega: «Las cifras globales revelan claramente una discriminación grave en perjuicio de las personas que viven en un campamento, en relación al resto de los habitantes».

Finalmente, el Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP entrega una serie de recomendaciones, entre las que destacan el «garantizar constitucionalmente el derecho a una vivienda adecuada, así como el acceso a la justicia», «aumentar los recursos destinados al término de los campamentos», «regular el mercado de suelos para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones en materia de vivienda» y «destinar fondos específicos al programa FSEV, que fomente la construcción de proyectos habitacionales que aseguren una cabida mínima de familias de campamento».

Daniel Labbé Yáñez