La Fiscalía salvadoreña pedía 40 años de prisión para la joven por un parto extrahospitalario, una pena considerada desmedida aún para esta nación centroamericana
El proceso contra Evelyn Hernández, recién absuelta luego de tres años presa por un parto extrahospitalario, evidenció lo inhumanizante de un sistema judicial en el que pesa más el prejuicio moral que la evidencia científica, aseguró a Sputnik la consultora política Nayda Acevedo.
«Casos como este nos enseñan lo inhumanizante de un sistema marcado por el patriarcado y el sesgo mediático y religioso: se hizo justicia, pero hay que estar alerta», señaló Acevedo en conversación con Sputnik, a propósito de la liberación de la joven de 20 años de edad, acusada de homicidio agravado porque su bebé no sobrevivió al parto.
La Fiscalía de El Salvador pedía 40 años de prisión para Hernández, una pena considerada desmedida aún para esta nación centroamericana, donde rige una prohibición absoluta del aborto, junto a República Dominicana, Nicaragua, Malta y el Vaticano.
«El problema es cuando los jueces no resuelven con apego al derecho, si no a partir de un prejuicio; la prueba científica demostró la inocencia de Evelyn, pero no había que esperar tres años —que nadie le devolverá— para tomar en cuenta este tipo de elementos probatorios», advirtió la especialista.
Acevedo estimó que la presión social jugó un papel fundamental en un caso que acaparó además atención internacional, mientras varias organizaciones luchan en El Salvador por la legalización de cuatro causales que ampararían un aborto.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) propuso ante la Asamblea Legislativa (Parlamento) legalizar el aborto cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, cuando resulte de la trata de persona, cuando amenace la vida de la madre y cuando la embarazada sea una menor de edad víctima de abusos.
Sin embargo, dicha iniciativa choca con el bloqueo de la derecha parlamentaria y grupos religiosos de gran calado en esta nación centroamericana, donde proliferan los cultos de corte evangélico.
«Lo inquietante de estos prejuicios religiosos es que parten de una doctrina que ni siquiera es humanista ni enfocada en la mejora espiritual del ser humano, si no en una condena directa de la que nadie debería alegrarse», acotó Acevedo.
Hernández fue acusada inicialmente de provocar su aborto, y después fue condenada por homicidio agravado a 30 años de prisión por la jueza Nury Velasquez, en julio del 2017.
Su defensa presentó recursos de apelación y casación, y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló en diciembre de 2018 el fallo condenatorio en base a «falta de argumentación e infracción a las reglas de la sana crítica», resolviendo la realización de un nuevo juicio, realizado finalmente este lunes (19 de agosto) en Ciudad Delgado.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, valoraron la sentencia absolutoria del juez José Virgilio Jurado, pero expusieron los derechos violentados a Hernández.
«A Evelyn se le han violentado sus garantías procesales, sin tener pruebas fue privada de libertad y se le condenó en 2017, es necesario que las leyes que permiten estas violencias se cambien», manifestó en su web oficial una organización que defiende a 17 salvadoreñas condenadas por homicidios tras emergencias obstétricas y partos extrahospitalarios.
El Ministerio de Salud de El Salvador reportó en 2017 un promedio de 55 embarazos diarios en adolescentes de 10 a 19 años, que resultaron en 22.241 partos.
Cortesía de Sputnik
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