Iniciativas de ley ciudadanas, espejismos del actual Congreso local

Una iniciativa de ley ciudadana, de acuerdo con el Congreso de Puebla, es aquella “propuesta que tenga como objeto crear leyes nuevas, o en su caso, reformar, adicionar o derogar artículos a ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado”, pero que proviene de organizaciones de la sociedad civil, grupos de interés o personas en lo particular.

En otras palabras, son propuestas de ley o reformas que no nacen del trabajo legislativo ni son obra de legisladores o legisladoras, o algún otro poder con facultades para mandar iniciativas, como el Ejecutivo.

En Puebla, y sobre todo en la actual LX legislatura —la que se va el 14 de septiembre— las iniciativas ciudadanas son un espejismo del Poder Legislativo.

Si ya de por sí son pocas las iniciativas de ley ciudadanas que llegan al Congreso local, en este recinto se han ejercido acciones de opresión hasta llegar a la invisibilización y el olvido hacia estas propuestas.

Sin embargo, en el papel, la LX legislatura se ha mostrado como amigable e incluso llama a la proposición ciudadana. No obstante, es muy poca la evidencia de que alguna iniciativa de este carácter haya prosperado y más bien los “esfuerzos” no pasan de ser eventos fachada y cortinas de humo de una trascendencia que poco abona a la participación ciudadana en la agenda legislativa.

Como ejemplo de estos “esfuerzos” existen las famosas convocatorias. Llamados a la sociedad civil y grupos de interés a proponer y hacer llegar sus iniciativas de ley a las y los diputados: el Parlamento Juvenil 2019 y el Parlamento Abierto 2020.

Del primero de estos ejemplos, la convocatoria fue emitida el 29 de octubre de 2019 y el evento se realizó los días 28 y 29 de noviembre de ese mismo año. De acuerdo con el diario El Popular de ese encuentro con jóvenes “fueron aprobadas las propuestas presentadas por Anuar Canaán Athie, Mauricio Báez Gonzaga y Mariel García Lechuga”. Pero no se encontró información sobre dichas propuestas aprobadas.

En la 15 Gaceta Legislativa de noviembre de 2019 se establece que la última sesión ordinaria de ese mes fue el día 27. Mientras que en la página de consulta de iniciativas se señala que el día 26 de noviembre de 2019 se aprobó la última de ese mes y es un “decreto que reforma la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla”. Esto refiere “la facultad de la Secretaría de Movilidad y Transporte para diseñar y establecer las políticas y criterios para el establecimiento de rutas, itinerarios, horarios y tarifas de transporte, así como tarifas para el arrastre, arrastre y salvamento, traslado y depósito de vehículos, autorizando, modificando, cancelando y verificando su correcta aplicación”.

Sin embargo, sobre las personas, se halló que Anuar Canaán Athie fue nombrado delegado Distrital 24, en Tehuacán, del PRI, en febrero de 2020, como da cuenta el portal Reto Diario. Según Mileno, Mauricio Báez Gonzaga, es —o era— estudiante de derecho; y sobre Mariel García Lechuga no se halló información.

De igual manera, tampoco se hallaron las propuestas que vieron la luz del Parlamento Abierto 2020. La convocatoria se emitió el 7 de julio de ese año, y se realizó el 31 del mismo mes. Según la 23 Gaceta Legislativa, la última sesión ordinaria de ese mes fue el día 29.

En la página de consulta de iniciativas se encontró que la última de ese mes también es del día 29 y fue un “decreto que reforma las fracciones X y XI, y se adiciona la fracción XII, todas del artículo 49 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla”. Esta ley propuso que “dentro de las atribuciones de los Municipios, además de difundir por todos los medios de comunicación el contenido de la Ley, que den a conocer en sus portales de internet, en sus micrositios o en sus oficinas municipales, información relativa a la prevención de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, así como los números telefónicos donde se les pueda brindar atención y orientación”.

Sobre este mismo evento, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla publicó que “participaron representantes de la Universidad de Oriente, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana, el Colegio de Urbanistas y Diseñadores Ambientales del Estado de Puebla, el Cuerpo Académico Gestión Pública y Administración Social para el Desarrollo de la BUAP, la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla”. En su texto se expresa que “se espera que las propuestas sean discutidas y analizadas en las Comisiones” y que “si alguna de ellas prospera, habrá ganado la democracia y este Parlamento Abierto se convertirá en una verdadera herramienta de cambio”.

En el medio Lado B existe un artículo firmado por Roberto Alonso, escrito en primera persona el cual refiere: “la sesión, con carácter virtual, se realizó el pasado 31 de julio y en ella participamos 10 personas, seis hombres y cuatro mujeres, en representación de diferentes organizaciones y también a título individual, quienes planteamos el mismo número de iniciativas para reformar o crear nuevas leyes en el estado (…) esta experiencia liminar de Parlamento Abierto podría ser el comienzo de una verdadera transformación”. Pero sin evidenciar las propuestas y mucho menos si se convirtieron en ley.

Para cerrar este apartado de los espejismos se encuentran los parlamentos abiertos de este año: “Hacia una nueva Ley de Educación Superior del Estado de Puebla” y de “Derechos sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal”.

El primero, según la convocatoria, tiene como objetivo “conocer la opinión de las instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y personas especialistas en política educativa, interesadas e involucradas en la educación superior en el Estado de Puebla, a fin de enriquecer la Iniciativa de Ley de Educación Superior que responda a la realidad de la educación superior en el Estado”.

Aunque no nació ni se modificó tras la realización de este parlamento, el Congreso sí presentó una Ley de Educación Superior del Estado de Puebla. Resultó muy mal. Como parte de sus artículos violaba la autonomía y derechos, principalmente de instituciones privadas. La ley terminó impugnada en cortes federales y se vino abajo.

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La última de estas actividades, el Parlamento Abierto sobre “Derechos sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal” se ha convertido la punta de este iceberg de la simulación, pues tras su concepción se vio como el inicio de la despenalización del aborto en Puebla; sin embargo, terminó siendo un debate entre feministas y las llamadas personas pro-vida, con las y los legisladores viéndolo en primera fila. Más allá del importante abono que pudo tener en el tema, al final, su realización no pesó sobre el verdadero tema y el cual sigue sin ser tomado en cuenta por esta legislatura: el derecho de las mujeres a decidir.

De acuerdo con la convocatoria tuvo por objetivo: “escuchar las propuestas de las y los estudiantes, organizaciones no gubernamentales, académicas, académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, legisladoras, legisladores y todas aquellas personas interesadas en temas de derechos sexuales, derechos reproductivos y aborto legal”.

El parlamento se realizó del 5 al 27 de abril, hubo más de 10 mesas de discusión y más de 150 ponentes. De acuerdo con el portal Ángulo 7, de parte del Congreso hubo el compromiso de tomar en cuenta todas las observaciones; no obstante, el tema nunca ha llegado ni siquiera a la discusión en comisiones. Destaca que sólo unas cuantas legisladoras, entre ellas Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez Sandoval, participaron en algunas mesas.

Ley Agnes, Ley de Personas Desaparecidas y Aborto, tres iniciativas de ley ciudadanas, una victoria  

Durante la actual legislatura existen tres grandes ejemplos de iniciativas de ley ciudadanas. Las tres atienden a problemas de un sector históricamente vulnerado y las tres se basan en el simple respeto a los derechos humanos; con y para las personas al centro de la ley. Se trata de la Ley Agnes, la Ley en Materia de Personas Desaparecidas y la Despenalización del Aborto.

De estas tres, sólo una, la Ley Agnes, ya es una realidad, aunque tuvo que pasar casi una década para que ser aprobada.

Se llama Ley Agnes en honor a la activista transgénero Agnes Torres, asesinada el 12 de marzo de 2012, en un crimen de odio, y consiste en respetar el derecho a la identidad autopercibida; que las personas puedan modificar legalmente su identidad.

La iniciativa comenzó a sonar en el Congreso de Puebla gracias a Agnes, quien junto con el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odsyr), hicieron lo necesario para tratar de ingresarla, pero nunca llegó. Luego, Agnes fue asesinada.

La iniciativa fue retomada durante esta legislatura gracias a colectivos de personas transgénero. Llegó al Congreso y fue aprobada. Se convirtió en ley el 26 de marzo de 2021 tras su publicación en el Diario Oficial del Estado de Puebla.

La ley es “una reforma a la fracción III del artículo 291, el 854, el 930, las fracciones I y II del 1432; y adiciona los numerales 4 y 5 al artículo 76, el 875 Bis, el 875 Ter, la fracción III al 931, y la fracción III al 1432, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla”.

La reforma hace posible “el cambio de nombre y, en general, la adecuación del acta de nacimiento en los registros públicos y de los documentos de identidad para que sean conformes con la identidad de género auto-percibida”. Es una realidad en Puebla.

Ley de Personas Desaparecidas, en marcha como resultado de la presión social

Hace apenas unos días, el Colectivo Voz de los Desaparecidos se reunió con las diputadas Mónica Rodríguez della Vecchia, Estefanía Rodríguez Sandoval, y el diputado Eduardo Gandur, para solicitar que las familias de las personas desaparecidas puedan estar presentes en las mesas de trabajo y discusiones de la ley.

Sin embargo, esta lucha, al menos en el plano legal federal, se remonta al 2018, cuando se aprobó la ley general en la materia y en la que se establece que las 32 entidades deben aprobar leyes similares y armonizadas. Puebla ignoró este transitorio de la ley general.

Posteriormente, el año pasado y gracias al esfuerzo y la presión del colectivo, el entonces presidente del Congreso, Gabriel Biestro, se comprometió a llevar su iniciativa al pleno de la legislatura, y para ello, les pidió presentar una propuesta de ley junto con la Ibero. El colectivo y la universidad presentaron su propuesta y se le entregaron a la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval quien la presentó el 15 de julio de 2020. Pero el Congreso y sobre todo Biestro la ignoró y la congelaron.

La presión del colectivo no cedió, al contrario, se volvió más intensa. Y en un acto estratégico llevaron sus demandas a la Presidencia de la República, ahí llegaron hasta oídos del subsecretario de Derechos Humanos federal, Alejandro Encinas, quien expresó que vendría a Puebla a tratar el tema con el gobernador Miguel Barbosa. Ese mismo día, Miguel Barbosa anunció que presentaría su propia iniciativa de ley.

Actualmente, en el Congreso de Puebla existen dos iniciativas de Ley en Materia de Personas Desaparecidas: la de las familias y la del gobernador. De acuerdo con María Luisa Núñez, integrante del colectivo, el Congreso debe dictaminar con base en ambas.

De acuerdo con la presidenta del Congreso, Nora Merino Escamilla, después del 16 de agosto comenzará la dictaminación de ambas propuestas y la ley sería aprobada el 30 de este mismo mes. Como ejemplo, cuando se aprobó la ley en Jalisco, tomó cinco meses de trabajo legislativo; en Puebla, pretenden hacerlo en 15 días.

Despenalización del aborto, sin siquiera ser considerada

Como ya se indicó, el Parlamento Abierto sobre “Derechos sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal” es el máximo esfuerzo de este Congreso por poner el tema del aborto en su agenda; sin embargo, se quedó en un evento de discusión.

A la fecha existen dos propuestas de despenalización del aborto en esta legislatura. La primera fue ingresada por la diputada priista García Olmedo en mayo de 2019. En ella se propone una reforma para que el aborto no sea castigado con cárcel, sino con trabajo comunitario. No es una verdadera despenalización.

La segunda es obra de la morenista Estefanía Rodríguez Sandoval, quien presentó su iniciativa a inicios de noviembre de 2020. En esta se establece que las mujeres que así lo soliciten pueden abortar hasta la semana 12 de concepción de manera segura y gratuita en instituciones públicas.

Sin embargo, esta legislatura no tiene interés en discutir esta ley.