Instituto de Derechos Humanos presenta querella por estudiante desnudada en comisaría durante manifestaciones

Marcha secundarios 20 junio, Santiago. Foto: David Von Blohn

El escrito busca sancionar a quienes resulten responsables de “apremios ilegítimos o tortura” en contra de una estudiante que fue obligada a desnudarse y hacer sentadillas durante una detención el pasado 23 de agosto.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este miércoles una querella criminal contra quienes resulten responsables – en calidad de autores, cómplices o encubridores – de apremios ilegítimos o tortura contra una estudiante detenida en el marco de una manifestación estudiantil el pasado 23 de agosto en la 36° Comisaría de Santiago.

Según el relato proporcionado por la víctima, “una funcionaria de Carabineros, que no pudo identificar, la condujo a una habitación. En ese lugar, le ordenó primero sacarse la ropa; en segundo lugar, levantarse los sostenes y bajarse los calzones a la altura de las rodillas; y, finalmente, le ordenó hacer tres sentadillas (flexión de piernas con las manos detrás de la nuca) y volver a vestirse”.

El escrito establece que “la aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito en Chile, constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales vigentes en nuestro país”.

El documento agrega que “es posible considerar que la finalidad de los desnudamientos reiterados en el marco de una inspección personal, poseen claros elementos intimidatorios y punitivos hacia los y las manifestantes privados(as) de libertad, además de ser un antecedente para disuadir a otras personas manifestantes de participar de movilizaciones sociales”.

Finalmente, la acción judicial presentada por el Instituto señala que “los Estados, sobre la violencia de género, y considerando la vulnerabilidad arraigada en algunas sociedades, tienen un deber reforzado de establecer un marco normativo efectivo de protección, de impulsar estrategias de prevención integrales, de condenar a los responsables de violencia, y sobre todo, de que los mismos agentes estatales no actúen de manera discriminatoria”.

Fuente: RUCH