«Invitado», pero no citado: Boric deberá responder por la polémica compra de la casa de Allende

En medio de la investigación penal por la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Gobierno, el presidente Gabriel Boric fue “invitado” por el Ministerio Público a declarar en calidad de testigo.

De acuerdo con la legislación nacional, el mandatario no puede ser citado formalmente a este tipo de instancias, por lo que su declaración se enmarca en una invitación y no en una citación obligatoria

A esto se suma que el jefe de Estado puede fijar el domicilio donde se lleve a cabo la declaración ante el persecutor.

Según condigno La Tercera, la invitación fue fijada para el próximo jueves 27 de marzo,

Una situación similar se vivió en octubre de 2024 cuando el presidente Boric fue requerido por el fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz para entregar su testimonio en el caso por violación que involucra al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. En esa oportunidad, la autoridad pidió que el interrogatorio se llevara a cabo en su oficina en el Palacio de La Moneda.

Autoridades que han declarado por la polémica compra de la casa de Allende

Varios son las autoridades de gobierno que han tenido que declarar ante la Fiscalía en el marco de la investigación penal que se abrió por presunto fraude al fisco en el marco del intento de compra de la casa del fallecido presidente Salvador Allende, ubicada en Providencia, por la cual el Gobierno pretendía desembolsar 24.291 Unidades de Fomento (UF), es decir, más de $933 millones.

Entre ellas figura, Maya Fernández, nieta del exmandatario y copropietaria del inmueble, junto con su hermano Alejandro, quien esta semana renunció a su cargo como ministra de Defensa, justamente por este caso.

Su renuncia tomó como antecedente la inminente acusación constitucional en su contra por parte de la oposición. Esto, por infringir el Artículo 37 Bis de la Constitución de la República, que prohíbe a las autoridades celebrar contratos con el Estado.

Fernández fue una de las autoridades de Gobierno que renunció a su derecho a guardar silencio y declaró, la semana pasada, por más de tres horas ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. quien fue designado por el fiscal nacional Ángel Valencia para llevar a cabo esta indagatoria.

También fue interrogada la jefa de la División Jurídica de Segres, Francisca Maya, quien fue la que llevó a manos del presidente Gabriel Boric el decreto que permitió seguir adelante con la adquisición de la casa y que fue firmado el 25 de noviembre de 2024.

Además, dentro del proceso investigativo, la Fiscalía ha tomado declaración a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien el jefe de Estado le solicitó la renuncia, y a la senadora Isabel Allende (PS).

Cabe recordar, que hace pocos días atrás se reveló un incremento cercano a los $100 millones en el precio negociado, por el Gobierno en las tratativas con los herederos de la casa de Guardia Vieja 39, entre los que figuran la ex ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, hija del exPresidente Salvador Allende.