El Tribunal de Roma condenó a cadena perpetua a ocho ex militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte de una veintena de italo-latinoamericanos durante la Operación Cóndor, la represión emprendida entre las décadas de 1970 y 1980 por las dictaduras que gobernaban los países de América del Sur, impulsada por el dictador Augusto Pinochet.
Los imputados ascendían a 27 y los condenados fueron: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; el uruguayo Juan Carlos Blanco; los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
El exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único de los imputados que se ha personado en el proceso ya que reside en libertad en Italia desde 2007, cuando escapó de la justicia en su país, que centraba mucha de la atención del juicio, también fue absuelto. Para él y los otros veintiséis imputados más la fiscal Tiziana Cugini reclamó en octubre la pena a cadena perpetua.
El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, se refirió al proceso judicial y señaló que “este es el final de un largo proceso, en cuyo transcurso nuestro estado presentó pruebas, los familiares presentaron sus testimonios, el Estado actuó en respaldo de los familiares que presentaron las pruebas de estas violaciones en el marco del llamado Plan Cóndor”.
FOTO: Tele13
El juicio contra los implicados en violaciones y torturas durante la Operación Cóndor comenzó el 12 de febrero de 2015 con 34 imputados, entre antiguos jefes de Estado, oficiales, agentes de policía, miembros de los servicios secretos de los regímenes militares de dichos países entre las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, la cifra final quedó en 27 (dos bolivianos, siete chilenos, catorce uruguayos y cuatro peruanos) por las trabas burocráticas y varias muertes de los acusados.
El Plan Cóndor fue ideada por el dictador chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de los años 80.
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