El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contraatacó y denunció a varios actores del ámbito público y privado de estar coludiéndose en su contra en el marco de la investigación por el caso Farmacias Populares.
Por medio de su abogado, Lorenzo Morales Cortés, el militante del Partido Comunista (PC) presentó una querella por prevaricación y fraude procesal, la cual fue admitida a trámite ayer jueves por el tribunal
Pese a estar dirigida contra “quien resulte responsable”, la denuncia apunta a personajes como la fiscal Giovanna Herrera Andreuchi y los abogados Gabriel Zaliasnik Schilkrut y Mario Vargas Cociña de formar parte de un “montaje judicial” en contra de Jadue que estarían interfiriendo con su derecho a un procedimiento justo, informó Radio Bío Bío.
La acción legal de 44 páginas busca perseguir a quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores han participado de los delitos de prevaricación y fraude procesal, solicitando tres años de presidio respecto al primero y diez para el segundo.
De acuerdo con la querella, a través de estas maniobras, se estaría gestando una “imputación injusta” en contra del ex edil de Recoleta por los delitos reiterados de fraude al fisco, un delito de estafa, un delito de cohecho y un delito concursal mientras presidía la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp), una investigación por la cual se encuentra actualmente cumpliendo la medida cautelar arresto domiciliario total desde septiembre de 2024.
Vínculo familiar de fiscal con farmacia competidora del modelo que instauró Jadue
El primer nombre que destaca en la denuncia es el de la fiscal Giovanna Herrera Andreucci, quien en enero de este año presidió la reformalización en contra del ex jefe comunal, presentando cargos por fraude al fisco, además de posibles delitos de estafa y cohecho, entre otros.
Actualmente, la persecutora es funcionaria de la Fiscalía Centro Norte, encabezada por el fiscal Xavier Armendáriz.
La persecutora es señalada de participar de la investigación penal del caso Farmacias Populares, pese a contar con un conflicto de interés vinculado al líder comunista, ya que es la concuñada de Javier Vega Sepúlveda, socio y representante legal de la farmacia Fracción, competidora del modelo que instauró Jadue.
En concreto, la fiscal con especialidad en delitos económicos está casada con Andrés Montes Cruz, hijo del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cuya hermana está a su vez casada con, Vega Sepúlveda, quien es socio y representante legal de la Farmacia Fracción. Esta empresa, con presencia en Antonio Bellet (Providencia) y otras zonas de Chile, se caracteriza por su enfoque digital y su sistema de distribución de medicamente, mayormente en la Región Metropolitana, aunque también ofrece despacho a otras regiones. Según su sitio web, Fracción mantiene una alianza con SQM y se presenta como una alternativa innovadora en el mercado farmacéutico.
El lazo entre Herrera y Vega fue expuesto inicialmente en Twitter por el periodista Patricio Mery Bell.
“Si bien este lazo de familiaridad entre Herrera y Vega no está dentro de las causales de inhabilitación de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, existen coincidencias que están a la vista entre la misión de la cadena de farmacias Fracción y las farmacias 5 populares creadas por Daniel Jadue. En este sentido está en juego aspecto de la imparcialidad y el principio de la objetividad”, plantea la querella.
Colusión para un «montaje judicial» contra Jadue
Según la acción legal, presentada por el abogado de Jadue, existe «una colusión de distintas personas públicas y privadas, con lo cual se conforma una participación de imputación injusta, en donde hay un conjunto de prestamistas, que se confabularon para un montaje judicial».
De este modo, se acusa a la empresa Best Quality –denunciante en el caso Farmacias Populares– de contar con un “historial sospechoso”, consistente en la presentación de la querella contra el ex alcalde, “a pesar de existir una negociación en curso” y la posterior venta de la deuda al “prestamista informal Fernando Cassorla, quien también era proveedor de Best Quality”.
En el caso de Cassorla, el documento plantea que proporcionó propaganda electoral a distintos políticos, entre ellos Carlos Montes, suegro de la fiscal Herrera. Sin embargo, las acusaciones más detalladas van contra Gabriel Zaliasnik quien, de acuerdo con la querella, sería su abogado.
El jurista –nombrado 11 veces en el texto– es señalado por haber “buscado perjudicar a Jadue” y tener una enemistad previa por ser Zaliasnik judío y Jadue activista palestino.
La tercera acusación está basada en el reportaje publicado por de The Clinic titulado “La influencia de Luis Hermosilla en el Congreso: los chats con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik”, en que cual se revelan una serie de antecedentes en las conversaciones por WhatsApp de un grupo del que forman parte los abogados y en el que se habla de perjudicar a Jadue.
Consultado por Radio Bío Bío, Gabriel Zaliasnik indicó que “la mención es delirante”. “Supongo que la querella tiene un objetivo instrumental y político pues intenta dar sustento a la supuesta ‘guerrilla judicial’ que enfrentaría Jadue por los casos de grave corrupción que el Ministerio Público le ha imputado.
Formalización de Jadue para «tapar» otros casos
La acusación también hace referencia al caso Hermosilla, ligándolo al también reconocido abogado, Mario Vargas, quien no entregó comentarios respecto a la querella.
Se plantea que “la formalización de Jadue se utilizó para ‘tapar’ mediáticamente la formalización de Francisco Coeymans por estafa”, cuyo actual abogado es Vargas, también querellante en la causa contra el ex alcalde.
La querella por prevaricación y fraude procesal señala que “por las situaciones denunciadas que el abogado Lorenzo Morales pide al Ministerio Público decretar orden de investigar a la PDI a fin de que realicen todas las diligencias que sean necesarias para la efectiva acreditación del hecho denunciado y para la identificación de los responsables, agregando que para la instancia se ofrecerán testigos con protección de identidad”.
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