El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos denunció 509 casos de personas cuyos derechos han sido vulnerados en su 14º Informe Anual 2011, titulado “La perseverancia del testimonio”. El estudio comprende un período que va desde enero de 2010 a abril de 2011 y que aborda a cerca de 70 países.
El informe “La perseverancia del testimonio” se basa en la declaración de Naciones Unidas (ONU) emanda en 1999, firmada entre otros países por Chile, sobre el “Derecho y Deber de los individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas”.
En ese sentido, el co director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, sostuvo que esta declaración establece una serie de obligaciones para los Estados, como contribuir a no obstaculizar la labor de los defensores de derechos humanos y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su protección.
Por lo anterior, aseguró que “es precisamente esta definición sobre las obligaciones del Estado lo que genera preocupación en muchos contextos (…) porque los Estados, entre ellos el chileno, no asumen estas obligaciones a las que se han comprometido”.
El informe detalla vejámenes en contra de los defensores de derechos humanos que van desde arrestos arbitrarios, detenciones, desapariciones forzadas, hasta ejecuciones sumarias y torturas. Colombia es uno de los países en donde existe mayor grado de violencia en contra de los defensores de derechos humanos. Lo siguen México, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
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EL CONTEXTO CHILENO Y LATINOAMERICANO
El secretario ejecutivo de la Corporación de Defensa y Derechos del Pueblo (Codepu), José Araya, señaló que existen dos puntos que cabe destacar en el informe sobre la violación de los derechos humanos en Latinoamérica. Primero, el fuerte movimiento de comunidades indígenas en contra de proyectos de inversión que se construyen en territorios ancestrales.
Esta situación tiene su símil en Chile con la criminalización de la protesta social mapuche en 2010, que tuvo como consecuencia una gran cantidad de dirigentes detenidos y sometidos a juicio. Además, -sostiene el informe- la huelga de hambre iniciada en julio de 2010 por 34 personas puso en discusión las competencias de la justicia militar y la aplicación de la Ley Antiterrorista.
En diciembre, en Rapa Nui -recuerda el informe-, la violenta represión de parte de Carabineros al pueblo pascuense luego de la ocupación de sus territorios para la instalación de servicios públicos y privados que exigían ser restituidos al Estado de Chile, evidenció el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía uniformada.
Cabe señalar que “el 7 de febrero de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de esta comunidad indígena, solicitando al Estado chileno cesar inmediatamente el uso de la violencia armada contra miembros del pueblo Rapa Nui”.
De acuerdo a lo que dice el informe, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú son los países que muestran mayor grado de criminalización de la protesta de la situación de pueblos indígenas y de defensores del medio ambiente.
El segundo punto importante, según Araya, se refiere a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de dictaduras latinoamericanas, como el Golpe de Estado en Honduras, ocurrido el 2009.
José Araya sostuvo que este tipo de actos entorpece el desarrollo de la democracia: “Los procesos democráticos están trabados justamente por este manto de la impunidad que de alguna manera intenta cubrir a los violadores de derechos humanos (…) porque no tenemos reformas institucionales que permitan perseguir a criminales y esa es una situación que se ve claramente en Chile por cuanto las condenas para este tipo de delitos no sobrepasan los 3 o 7 años de cárcel”.
Según el informe, menos de la mitad de los casos son reconocidos oficialmente, “y aunque más de 808 agentes implicados en la represión que han pasado por tribunales, solo alrededor de 60 cumplen condenas actualmente”.
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VIGILANCIA Y HOSTIGAMIENTO
A pesar de todo, el informe señala que ha habido algunos avances en favor de los dirigentes y comuneros mapuches. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos involucrados en proceso de defensa penal de imputados mapuche han sido objeto de vigilancia y hostigamiento.
Entre ellos, Rodrigo Curipán, vocero de los comuneros mapuche detenidos en la cárcel de Angol, quien fue objeto por parte del Ministerio Público de interceptaciones telefónicas ilícitas así como con el abogado Jaime Madariaga, defensor particular de los mapuche.
Un caso reconocido fue el de la documentalista Elena Varela, detenida el 7 de mayo de 2008 mientras realizaba un trabajo sobre el pueblo mapuche. Fue puesta en libertad provisional a fines de 2009. Su material de filmación se perdió en la Fiscalía Civil y una parte de su material terminó dañado. El 22 de abril de 2010 fue finalmente declarada inocente.
Asimismo, la abogada Karina Riquelme Vivero, integrante del equipo jurídico de la organización Liberar, que ha participado activamente en la defensa de los mapuche, recibió una citación de la policía de investigaciones por el delito de “ejercicio ilegal de la profesión”. El delito que se le imputó: Haber firmado documentos sin tener el título de abogada cuando se desempeñaba como asesora jurídica en la Oficina de Protección de Derechos de la ciudad de Pucón en 2009.
“Esta acción de la Fiscalía se ha denunciado como un acto de amedrentamiento.”, señala el informe.
TENDENCIAS NEGATIVAS
El Informe Anual 2011 “La perseverancia del testimonio” detalla tres tendencias negativas: El sindicalismo en Colombia, que ha significado en los últimos años a más de 2 mil homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, sin que los imputados sean previamente puestos a disposición judicial.
El feminicidio, por otro lado, que a pesar de que se ha puesto en el debate público, tiende a aumentar considerablemente en muchos países de Latinoamérica, especialmente en Panamá, donde “se registraron 72 asesinatos contra mujeres, 51 de ellos considerados feminicidios”.
Y por último, la violencia policial, con la cual el Estado intenta enfrentar las protestas sociales en contra de proyectos de inversión y particularmente en contra del movimiento por la educación que ocurre ya no solo en Chile sino también en Colombia.
El activista Víctor Maturana, miembro del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, acusó que Carabineros desconoce absolutamente su labor y que no les permite ver ni conversar con los jóvenes detenidos cuando se acercan a los cuarteles luego de una marcha estudiantil: “Existe una absoluta indefensión y desprotección en todos los planos y nuestro trabajo se ve diariamente dificultado cuando intentamos indagar información sobre todo de violencia policial”, señaló.
En definitiva, si bien en Chile no se ven casos que alcancen la espectacularidad mediática de países que están en un conflicto social más álgido, también es cierto que no se han generado los mecanismos para que la práctica de los derechos humanos trascienda a todas las esferas del Estado y para que se estimule un cultura de derechos humanos que trascienda a diferentes ámbitos de la sociedad.
Por Esteban Acuña Venegas
El Ciudadano
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