La Corte de Apelaciones de Santiago solicitó que el cuerpo del ex ministro de Defensa de Salvador Allende, José Tohá González, fuera exhumado para confirmar la causa de su muerte, después de que un informe forense –basado en un estudio de la autopsia de Tohá– determinara que el motivo de la muerte fue “asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida” y no por un suicidio, como aseguraron las fuentes oficiales de ese tiempo.
Además de la exhumación del cuerpo, la Justicia determinó realizar una recreación de la escena de la muerte del político, quien supuestamente se colgó su cinturón al cuello en el Hospital Militar, el 15 de marzo de 1974, lugar al que había sido trasladado por encontrarse en graves condiciones de salud.
Estas dos pericias, más otras 25 diligencias, fueron resultas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó al juez del caso, Jorge Zepeda, reabrir el caso, ya que el magistrado lo había cerrado sin llevar a cabo la investigación completa.
El estudio de la autopsia fue realizado por el experto Luis Ravanal, y sus resultados son similares al primer informe forense que se realizó a Tohá en 1974, por Alfonso Chelén. En ese reporte, el médico criminalista –que luego fue despedido de la Policía Civil–concluyó que la muerte se habría provocado “por estrangulamiento con participación de terceros”.
Tohá pasó su último tiempo de vida como prisionero político en Isla Dawson, lugar donde la dictadura militar envió a los altos cargos del Gobierno de la Unidad Popular, días después del Golpe de Estado. Allí se le habría aplicado una serie de torturas que, entre otras agravantes hacia su salud, lo llevaron hasta la desnutrición, llegando a pesar 49 kilos, con un cuerpo de 1 metro con 92 centímetros.
El debilitamiento físico en el que se encontraba Tohá, es una de las razones atribuidas a la imposibilidad de su suicidio.
Según explicó Chelén a radio Cooperativa, “(…) Hay muchas otras razones, además, por las cuales el señor Tohá no podía haberse suicidado, porque estaba en un estado de debilidad extrema. No lo alimentaban, por consiguiente, no podía haberse colgado en esa forma”, indicó el especialista.
Asimismo, aseguró que, “el colgamiento que figuraba ahí era un montaje evidente, absurdo, acomodado de una manera, apoyado de un brazo con una de las bandejas del ropero con su propia correa que apenas tenía una pequeña vuelta que, si se hubiera colgado de ella, seguramente esa correa se hubiera soltado del soporte en el que estaba”.
Caroliná Tohá, hija del político en cuestión y actual presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), manifestó que “hay muchos elementos contundentes que demuestran que la versión oficial del suicidio es falsa y que fue un homicidio. Pero como familia también necesitamos saber quiénes son los responsables. Esperamos, ahora, tener acceso a nuevos testigos que nos ayuden a esclarecer la verdad”, dijo.
La familia Tohá ha tenido que soportar diversas irregularidades en el proceso de investigación de la muerte de su familiar. Por ejemplo, la desaparición del expediente de la indagatoria realizada inicialmente por el fiscal militar, Rolando Melo, quien aseguró haberlo cerrado por mandato de Augusto Pinochet.
Asimismo, la autopsia fue realizada anormalmente, ya que se llevó a cabo en el Hospital Militar y no en el Servicio Médico Legal, donde corresponde. Por último, las fotografías tomadas por Alfonso Chelén en la escena de muerte, también desaparecieron en mitad de la investigación.
Además, hasta el momento, sólo se ha responsabilizado a los ex coronales de la Fuerza Aérea, Ramon Cáceres y Sergio Contreras, a causa de las torturas aplicadas al ministro de Allende en la Academia de Guerra Aérea (AGA).
LA JUSTICIA TARDA
Los montajes y asesinatos encubiertos era pan de cada día en época de dictadura. Si bien muchos de los crímenes han quedado resueltos con los distintos informes de Derechos Humanos, lo cierto es que año a año se conocen nuevas versiones ratificadas de las casi dos décadas en que Chile vivió en dictadura.
Recién en diciembre del año pasado, se comprobó que Eduardo Frei Montalva –político Demócrata Cristiano (DC) y Presidente de la República entre 1964 y 1979 –fue envenenado tras someterse a una operación durante la dictadura. Si bien la muerte de Frei ocurrió en 1982, recién en 2009 se pudo establecer la verdad sobre su fallecimiento.
Seis hombres fueron procesados cuando se supo la resolución (cuatro médicos como autores y encubridores del asesinato). Asimismo, el hijo de Frei Montalva, Eduardo, quien también fue Presidente de Chile (1994 -2000) dijo en diciembre de 2009, que catalogaba la confirmación como algo sin precedentes, por constituirse como el primer magnicidio chileno.
Por otro lado, tal como en ese momento dijo la Presidenta Michelle Bachelet, “esto demuestra que en Chile la justicia tarda, pero llega, y en este caso ha llegado, y sabemos que nos hace bien como sociedad”.
En este sentido, vale recordar también una serie de muertos en democracia, quienes esperan por justicia.
Si bien algunos de ellos han sido ajusticiados de alguna manera –como la semana pasada ocurrió con el caso de Daniel Menco – muchos familiares de asesinados en gobiernos democráticos (que incluyen los de Bachelet y los de Eduardo Frei hijo), esperan por las investigaciones que develarán la responsabilidad (o no) de agentes del Estado en las muertes de sus seres queridos.
Así, asesinatos y montajes, tanto en dictadura como en “democracia”, han sido perpetrados por organismos estatales, según evidencias que han resultado de las investigaciones (como en el caso de comuneros mapuche que luego de un año y medio en prisión han debido ser liberados por falta de pruebas).
En la foto, José Tohá, Ministro del Interior y de Defensa, llegaba a La Moneda para informarse de lo que ocurría el 11 de septiembre de 1973. Sacada de www.dictadura1973.blogspot.com
Por Mijaíla Brkovic Leighton
El Ciudadano
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