La Corte Suprema acogió los recursos de amparo presentados por las defensas de ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes permanecen recluidos en los penales de Punta Peuco y Colina 1.
La Segunda Sala del máximo tribunal accedió a otorgar el beneficio a los criminales Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga. Esto, tras establecer que los amparados cumplen con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y que no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
La Corte Suprema revoca entonces de esta forma las resoluciones que habían negado el beneficio a los condenados.
Las resoluciones en favor de los internos de Punta Peuco y Colina 1 señalan que si bien se reconoce «la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad» en que participaron los ex agentes del Estado, «no resulta razonable considerarlo nuevamente (…) para negar de manera absoluta el acceso a la libertad condicional si se han respetado todos los estándares que el derecho internacional ha demandado para tal efecto».
¿Un empate?
Una vez que el Gobierno y Gendarmería accedieron el fin de semana pasado a la petición del machi Celestino Córdova de poder salir de la cárcel de Temuco en donde se encuentra recluido, para asistir a la ceremonia de renovación de su rewe, surgieron muchas dudas sobre la verdadera intención de las autoridades al abrirse a esa solicitud.
Esto por el rol protagónico que jugó el gobierno de Sebastián Piñera -representando por su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno- en el encuentro que sostuvo el lonko Aniceto Norín en un hotel de Temuco con Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio fallecido en 2013, quien luego declaró a la prensa que como familia no se oponían a acceder a la petición del machi Celestino Córdova.
La idea de que ese hecho fuese empatado con alguna resolución en favor de otros sectores de la sociedad que han pedido permanentemente beneficios carcelarios, como los presos condenados por violaciones a los Derechos Humanos, comenzó a circular con fuerza.
Una posibilidad que de hecho tomó una forma concreta, por ejemplo, en la interpelación que el diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, realizó al presidente Piñera el mismo día en que el machi era trasladado a su rewe. «Ojalá los presos de Punta Peuco que murieron encadenados, sin asistencia médica, que les negaron asistir al funeral de su mujer, hubieran tenido el mismo trato preferente del condenado Celestino Córdova», disparó el parlamentario el sábado en su cuenta de Twitter.