Juicio a mapuche en Cañete: Fiscalía insiste con ley antiterrorista y Gobierno pide recalificación a delitos comunes

A más de tres meses del inicio del juicio contra los 17 comuneros mapuche procesados por el ataque al fiscal Mario Elgueta y otros delitos, el proceso legal parece estar llegando a su fin. Esta semana se desarrollan en el Tribunal Oral de Cañete los alegatos de clausura, instancia previa a la sentencia final que decidirá el futuro de los indígenas.

La semana decisiva del juicio en Cañete ha comenzado. Tras la extensa investigación que desde hace más de dos años pesa sobre los 17 mapuche vinculados a la recuperación de tierras en las cercanías del lago Lleu Lleu, los alegatos de clausura de las partes involucradas están marcando la recta final del proceso.

La instancia legal que se desarrolla durante estos días en el Tribunal de Cañete tiene por objetivo definir la autenticidad de las pruebas presentadas durante el proceso y presentar los posibles reparos respecto a cómo se ha llevado el transcurso de la investigación.

“En estos casos hay pruebas de cargo que son las que deben probar la efectividad de los delitos, la participación y demás circunstancias que rodean el hecho delictivo. Y la conclusión a que hemos llegado es que el Ministerio Público no lo ha logrado acreditar, mediante las pruebas que incorporó, ni la participación ni la relación circunstancial de los hechos”, adelantó Victoria Fariña, abogada defensora de los mapuche.

Durante la jornada de ayer se dio inicio a los alegatos de clausura con las declaraciones del fiscal Andrés Cruz, quien reafirmó su postura respecto al carácter terrorista de los delitos cometidos por los indígenas.

“Creemos que hemos actuado en forma coherente y responsable a lo largo de este juicio, haciéndonos cargo de la acusación formulada con una serie de medios de prueba, informes periciales, antecedentes técnicos y relatos testimoniales de víctimas y testigos de estos hechos”, argumentó en parte de su exposición, que duró cerca de cuatro horas.

Según lo señalado por el Fiscal a cargo de las acusaciones, “es un hecho irrefutable que entre mediados de 2005 hasta el primer semestre de 2009, la zona del Lleu Lleu fue escenario de un sinnúmero de hechos delictuales y acciones violentistas”.

En el primer alegato de clausura del caso, Cruz aseguró que Héctor Llaitul (en la foto) es el líder la organización ilícita que ha llevado a cabo la mayoría de los incendios en la región, así como el robo de madera a Forestal Mininco y el ataque al fiscal Mario Elgueta, durante el 2008.

LEY ANTITERRORISTA PERSISTE

Tras la extensa huelga de hambre sostenida por 34 comuneros mapuche durante el año pasado, el Gobierno se comprometió a retirar las querellas bajo la Ley Antiterrorista para continuar en el encausamiento por delitos comunes. Además, se puso fin al doble procesamiento que pretendía juzgar a los indígenas por la vía militar y civil. Sin embargo, el Ministerio Público hizo caso omiso de dichos compromisos, continuando con  el proceso bajo la aplicación de la polémica ley –criticada también por organismos internacionales de derechos humanos.

“El Ministerio Público es un ente persecutorio político que tiene el Estado chileno, es el Frankenstein de la Reforma Procesal Penal, ya que se trata de un monstruo sin fiscalización. Le endosan toda la responsabilidad a los fiscales. Ellos son los todopoderosos de la persecución a la etnia mapuche y el Estado se lava las manos diciendo que no puede incidir sobre ellos”, declaró Héctor Llaitul a Radio Universidad de Chile.

En este sentido, uno de los puntos más llamativos del juicio ha sido el liderazgo en las acusaciones por parte del fiscal Andrés Cruz, quien ha obtenido más protagonismo que los defensores de la empresa forestal y otros privados involucrados en la causa.

“Él pidió en cada uno de los puntos, la aplicación de la ley antiterrorista para cada uno de los delitos”, señaló Pamela Pessoa, familiar de Llaitul. “Se le dio validez al testimonio de todos los testigos secretos, incluyendo al testimonio de los hermanos Viluñir. No tuvo ningún efecto práctico que ellos hayan hecho estas declaraciones públicas”.

Respecto al caso de los hermanos Viluñir, Pessoa hizo referencia a las confesiones emitidas por ambos hace un mes, quienes aseguraron que habían sido obligados a declarar contra los mapuche acusados.

“Me dijeron que hablara y yo le dije que no tenía que hablar nada, si no sabía nada. Ahí me dijeron ¿Querí’s morir? ¿Vai a hablar o no? (sic). Llegó uno, sacó la escopeta y la cargó. Ahí me puse a llorar y me torturaron”, acusó Rodrigo Viluñir, quien entonces tenía sólo 17 años.

Las acusaciones de los hermanos Viluñir quedaron desestimadas debido a que éstos no iniciaron una querella formal contra el Ministerio Público. “El testimonio de los hermanos fue aceptado por el Tribunal como parte de la prueba. En ningún momento se consideró que ellos habían hecho esa denuncia, porque se les pedía una acción legal”, señaló Pessoa. “Hay otras personas que influyeron sobre ellos para no hacer las querellas, de hecho nosotros tenemos muchas dudas al respecto”.

EL GESTO DEL GOBIERNO

Durante la jornada de ayer se realizó el sorpresivo cambio del abogado querellante del Gobierno, Rodrigo Piergentili, quien fue reemplazado por Guillermo Leyton, en un gesto evaluado positivamente por los mapuche. “El abogado del Gobierno había mostrado actitudes de bastante racismo y en realidad en vez de ayudar en algunas cosas las estaba dificultando. Nosotros creemos que es un pequeño gesto”, declaró Natividad Llanquileo, quien ofició como vocera en la huelga de hambre y ha estado presente en todas las sesiones del juicio en Cañete.

Según lo señalado por Llanquileo, hermana de Ramón, uno de los comuneros acusados, “cuando se tuvo que adherir a la prueba del Ministerio Público, el otro abogado lo adhirió en su conjunto, esto significaba que se seguía aplicando la Ley Antiterrorista. Eso no es congruente con el retiro de las querellas que hizo el Gobierno”.

Por su parte, tras su turno de hoy en los alegatos de clausura, el nuevo abogado del Ministerio del Interior pidió la recalificación de los cargos terroristas a delitos comunes. Leyton manifestó que pese a estar seguro de la autenticidad de los delitos que se acusan, el Gobierno considera que éstos no son de naturaleza terrorista.

Además, durante el transcurso del día se realizará la exposición de la empresa Forestal Mininco, lo que finalmente daría paso a los alegatos por parte de la defensa de los mapuche. De esta forma, los jueces ya estarán en condiciones de formular la sentencia que pondrá fin al juicio contra los comuneros en Cañete.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano