El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó la investigación ante una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de dos ciudadanos chinos por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y de tráfico ilícito de migrantes, quienes habrían concertado el ingreso ilegal al país de tres de sus conciudadanos.
De esta manera el tribunal decretó prisión preventiva en contra de uno de los imputados y un plazo de investigación de 60 días. El otro imputado permanece prófugo de la justicia.
En 2016, los ciudadanos chinos habrían concertado la entrada ilegal al país de las víctimas, prometiéndoles trabajo, pero tramitando visas de turista con informaciones falsas. También les habrían comprado los pasajes, facilitándoles el traslado desde su ciudad de origen para finalmente recibirlos en Chile.
Una vez en Chile los habrían puesto a trabajar en sus locales de venta de productos importados de la comuna de Estación central, no cancelándoles las sumas prometidas al traerlos o simplemente no pagándoles los salarios.
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