La Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó el cierre definitivo de la investigación sobre la causa de muerte del presidente Salvador Allende, ocurrida tras desencadenarse el golpe de Estado contra su Gobierno.
La Cuarta Sala, integrada por tres letradas, ratificó la resolución del juez Mario Carroza, quien desde diciembre pasado decretó el cierre de sumario, al dictaminar que Allende murió por suicidio el 11 de septiembre de 1973.
El dictamen contradice las reiteradas demandas del Movimiento del Socialismo Allendista, agrupación que procura demostrar la participación de terceros en la muerte del jefe de Estado.
Según el veredicto de la corte, Allende se quitó la vida mientras el Palacio de La Moneda era bombardeado, para evitar así caer en manos de los militares amotinados al mando del general Augusto Pinochet, a la sazón jefe del Estado Mayor del Ejército.
Diversos testimonios sobre el día del golpe militar dan cuenta que el mandatario combatió y resistió a pesar del desigual combate con los golpistas.
A fines de abril último, los partidarios de Allende rechazaron la posibilidad del cierre de la investigación, y anunciaron que llevarán el caso a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y a otra instancias internacionales.
«El sobreseimiento es absolutamente improcedente. Estamos presentando como nuevo antecedente, declaraciones de los tres panteoneros de Allende, efectuadas ante notario en 1990, que señalan cómo el rostro del Presidente no estaba más deformado que un muerto normal», expresó el abogado Roberto Avila.
En conferencia de prensa junto a los dirigentes del movimiento Esteban Silva y Carlos Moya, el letrado sostuvo que esos testimonios desmienten «el embuste de la muerte con un fusil AK que nunca apareció en el proceso.
«Resulta absurdo sostener que no hay acción de terceros en la muerte del doctor Allende, cuando hay un palacio bombardeado e incendiado, y decenas de sus colaboradores asesinados», subrayó Avila.
De acuerdo con el abogado, nunca se quiso consultar al fiscal estadounidense Eugene Propper para saber por qué imputaba al Capitán René Riveros, y a éste se le creyó una versión muy extraña sobre su actividad el 11 de septiembre de 1973.
El presidente de los Allendistas, Silva, consideró que un eventual cierre del proceso consolidaría una inaceptable impunidad.
«Detrás de la idea de que habiendo suicidio de Allende no habría responsabilidades de terceros, se esconde la concepción de impunidad que impregnó la transición posdictatorial, y fue profundizada por la democracia limitada y binominal hasta nuestros días», sostuvo el dirigente.
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