Justicia investigará la muerte de Salvador Allende

La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, presentó 726 querellas por violaciones a los derechos humanos hasta ahora desconocidas por la Justicia. Se trata de casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet respecto de las cuales no se habían abierto hasta ahora acciones judiciales, precisaron las fuentes.

Según informó la agencia EFE, la fiscal Pedrals presentó las querellas ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial.

En el marco de las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos -ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 y que hasta ahora son desconocidas por la Justicia– y que fueron presentadas por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, al ministro Mario Carroza, se encuentra una muy especial. Se trata la del ex Presidente de la República, Salvador Allende. De esta forma, el magistrado deberá determinar si se trató de un suicidio o le dispararon, informó El Mostrador.

Cabe destacar que los libelos se fundamentan en que los procesos por este tipo de víctimas deben tener un horizonte de término en la investigación de todos los casos y que no es posible que se perpetúen en el tiempo. Por ello, señala el escrito de la fiscal que los tribunales deben asumir las investigaciones respecto de todos aquellos casos en que no se haya iniciado un proceso judicial destinado a esclarecer los derechos de personas que perdieron la vida o se encuentran desaparecidas.

Las querellas se presentan después que el año pasado el magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en su calidad de coordinador para casos de derechos humanos, detectó que existían casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en los que no existían acciones interpuestas por sus representantes.

Los libelos se fundamentan en que los procesos por este tipo de víctimas deben tener un horizonte de término en la investigación de todos los casos y que no es posible que se perpetúen en el tiempo.

Por ello, señala el escrito de la fiscal que los tribunales deben asumir las investigaciones respecto de todos aquellos casos en que no se haya iniciado un proceso judicial destinado a esclarecer los derechos de personas que perdieron la vida o se encuentran desaparecidas.

Las querellas se presentan después que el año pasado el magistrado de la Corte Suprema de Chile, Sergio Muñoz, en su calidad de coordinador para casos de derechos humanos, detectó que existían casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en los que no existían acciones interpuestas por sus representantes.

Ante ello se elaboró un catastro para verificar el número total de personas que figuraban en esta calidad y se encomendó a la fiscal Pedrals la redacción de las querellas respectivas.

También el año pasado se reorganizaron las causas por violaciones a los derechos humanos que investigaban jueces de distintas cortes de apelaciones, nombrándose en la jurisdicción de Santiago a Mario Carroza para que se hiciera cargo de todos los nuevos procesos que se presentarán a partir del 1 de junio de 2010, indicaron las fuentes.

El Clarín