Juzgado acoge recurso de apelación contra resolución que negó prisión preventiva a Pedro Pool

El Juzgado de Garantía de Osorno acogió los recursos de apelación presentados por el abogado querellante, Luis Mariano Rendón, y el Ministerio Público, en contra de la resolución que negó la prisión preventiva del empresario Pedro Pool,  por el delito de amenaza terrorista y amenaza simple.

«Cuesta encontrar un caso que requiera más de prisión preventiva que el de un imputado que ha efectuado llamados a contratar sicarios para atacar a los que considera sus enemigos políticos. Se trata de llamados que, por su gravedad, tuvieron amplia repercusión pública, en los principales medios de comunicación», indicó Rendón.

El abogado querellante destacó que el imputado no ha mostrado ningún arrepentimiento por sus dichos y al contrario, al término de la audiencia de formalización declaró que los mantenía.

«No entendemos la resolución del juez Eduardo Francke, que negó la prisión preventiva, aunque no es primera vez que demuestra una evidente parcialidad. Se trata del mismo juez que declaró inadmisible nuestra querella en esta causa y cuya decisión debimos», señaló.

Cabe recordar que el pasado lunes se llevó a cabo en el Tribunal de Garantía de Osorno, región de Los Lagos, la formalización de Pool.

Según explicó en esa ocasión el fiscal Jorge Münzenmayer, de la Fiscalía local de Osorno, el empresario fue formalizado por tres delitos de amenazas, uno de ellos con características de la ley que tipifica las conductas antiterroristas.

Posteriormente, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado por considerar que estos hechos revestían una naturaleza especialmente grave, la cual fue rechazada por el juez de garantía.

“Sin perjuicio de los cual, este Ministerio Público resalta la gravedad que el mismo magistrado relevó de estos hechos, por los cuales el imputado fue formalizado”, indicó Münzenmayer.

Pool quedó con medidas cautelares acorde al artículo 155, correspondiente al no acercamiento a las víctimas, prohibición de tenencia de armas y la prohibición de salir del país, además fijando un plazo de 120 días para concluir la investigación.

Amenazas de muerte

La audiencia de formalización se realizó tras una solicitud del Ministerio Público al Juzgado de Garantía de Osorno, debido a las múltiples amenazas de muerte realizadas por Peedro Pool en forma pública.

Primeramente, durante el proceso constituyente desarrollado en 2022, amenazó con fusilar a Jaime Bassa y Fernando Atria, que participaban como delegados en la Convención Constitucional.

Posteriormente, el dueño de una cadena de supermercados en Osorno, amenazó de muerte (también con fusilamiento) al expresidente Sebastián Piñera y a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ambos de su mismo sector político.

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