Karina Riquelme y Caso Luchsinger: “El Ministerio Público está manipulando a la opinión pública”

La abogada y defensora de José Tralcal Coche, uno de los 11 imputados en el juicio que se lleva por el Caso Luchsinger-Mackay, expresa que el Ministerio Público realiza manipulación de la opinión pública en este proceso judicial que posee varias aristas. Una de ellas tiene que ver con que esta jurista supuestamente recababa antecedentes para perjudicar al fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, sin embargo ella lo descarta tajantemente. Es por esto que junto a  su colega, Sebastián Saavedra, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, cuyo organismo resolvió rechazar la medida solicitada debido a que no existía afectación hacia la defensa. Por lo tanto se presentó una apelación para pasar a la Corte Suprema, cuyos alegatos que serán encabezados por los abogados Nelson Caucoto y Fernando Mardones.

Karina estudió derecho en la Universidad Católica de Temuco (UCT). Desde el año 2007 se involucró en la defensa y promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El año 2010 se dedica a la defensa penal de causas asociadas a la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de líderes indígenas. También ha patrocinado causas que involucran la defensa de niños/as y adolescentes mapuche a quienes se les han vulnerado sus derechos por parte de agentes del Estado en ejercicio de sus funciones.

La abogada relata a El Ciudadano cómo comenzó la investigación en su contra y cómo ha afectado su vida profesional por las constantes presiones que debe sobrellevar.

-¿A raíz de qué hechos comienza esta investigación?

-En el caso Luchsinger-Mackay mi colega Sebastián Saavedra entregó pruebas de descargos sobre su representado. Son boletas en los lugares donde pasó la noche, por ejemplo un restaurante, en el cuál soy socia. El mismo día que se presentó esta prueba de descargo para poder acreditar y especificar al Ministerio Público comienza el cuestionamiento. Es decir, el Ministerio Público nos dice vamos a revisar estos antecedentes, luego expresan que nosotros nos hemos coludido para presentar una prueba falsa, eso lo expresan públicamente. De hecho hay  medios de comunicación que me han preguntado si existió la posibilidad de sacar una boleta de hace más de tres años. Es decir, ellos dicen y cuestionan que el imputado haya ido a comer justamente en el restaurante que soy socia.

Desde ese momento comienzan las sospechas hacia los defensores, seguimientos, fotografías… es así el motivo de presentar el recurso de amparo.

-¿Cuáles son las denuncias que realiza en esta investigación de la que usted no ha sido formalizada por parte del Ministerio Público?

-Nosotros basamos nuestros testimonios en base de terceras personas que en definitiva nos comentaron hechos que afirmaron que nos habían estado sacando fotos a escondidas mientras nosotros estábamos desempeñando nuestro trabajo en el tribunal. El día en que nosotros presentamos el recurso, una persona en un auto sacó su teléfono celular y nos tomó una fotografía, por lo tanto anoté la patente y verificamos que era la misma serie que incluimos en el recurso, auto que pertenece a la Policía de Investigaciones de Chile.

Ese fue el primer acto que yo vi de amedrentamiento directo,  porque los otros actos la verdad que nosotros vemos a la policía frecuentemente y una piensa que ellos realizan el trabajo propio de su institución. Yo no lo había visto directamente  hasta ese día que presentamos el amparo y que me sacaron una foto. En definitiva, se presentó una declaración jurada de todas las personas que habían visto estos seguimientos, de lo cual la Corte no se hizo cargo. Incluso solicitamos a la Corte que revisara las cámaras de los tribunales para corroborar el tema, pero la Corte no se pronuncia de las cámaras, de las patentes y declaraciones juradas de personas ajenas con testimonios. La policía niega estos hechos y el Ministerio Público nos comenta que nos están investigando, es decir, a raíz de nuestras propias denuncias verificamos este hecho.

-¿Cree que el Ministerio Público perdió el foco en sus investigaciones como estrategia  para desgastar a la defensa y con ello ganar los juicios?

-Este tema genera un nivel de estrés gigante. Es evidente que cualquier persona que vive un proceso de investigación penal se cuestiona cómo enfrentar esta situación. Soy abogada y conozco el procedimiento. Llevo siete años a cargo de causas de mucha complejidad y en la actualidad que la Fiscalía lleve este proceso de investigación es claramente una manera de quitarnos tiempo y generar en la opinión pública dudas y suspicacias en un caso tan delicado como es Luchsinger-Mackay.

El Ministerio Público reconoce que está realizando dos investigaciones: hacia nosotros los defensores con un testigo protegido. Sin embargo, no aparece en las copias de la carpeta que me entregaron, no existe, no hay nadie que firme. Esa persona o testigo expresa que yo, bajo un supuesto, ando en busca de antecedentes para perjudicar al Fiscal Alberto Chiffelle. Ese es el delito que se supone por el cual me están investigando. En eso destina recursos la Fiscalía de Alta Complejidad. Me da la impresión que es un cahuín, a ese nivel de seriedad llega la investigación del Ministerio Público. Es un supuesto que yo habría buscado antecedentes, algo que no es constitutivo de delito. La Fiscalía tiene el propósito de investigar delitos, no investigar a las contrapartes o a los abogados defensores que están realizando su trabajo.

Creo que esta investigación no se trata de una investigación legal, se está perdiendo el foco.

-¿Reconoce que el Ministerio Público realiza presiones hacia su persona?

-Yo creo que en definitiva se está manipulando a la opinión pública para desacreditar a los abogados defensores. Nosotros los único que hemos hecho es ejercer nuestros recursos legales en el trabajo. Lo que hace el Ministerio es manipular a la opinión pública con este gran poder que tienen a través de la posibilidad  de abrir carpeta de investigación sin ningún tipo de control. Por una parte si yo no hubiera interpuesto un recurso de amparo, no me habría enterado de este tipo de investigación desformalizada. Ellos pueden intervenir teléfonos, sacar fotografías entre otros, y luego cerrar la investigación vulnerando los derechos fundamentales de cualquier persona.

-¿Cuál es su visión del caso Luchsinger-Mackay y el proceder del Fiscal Chiffelle?

-Nosotros hemos recabado que el Ministerio Público, al abrir investigación, abre muchas causas paralelas, y como los defensores no están conocimiento de estas causas que no se formalizan, realizan muchas medidas intrusivas, tráfico, intervención al teléfono, etc., luego esas causas las introducen en el caso Luchsinger-Mackay, introducen parte de estas pruebas. Nosotros solicitamos acceso a todas esas investigaciones, en nuestro rol de defensa y se nos ha negado esa posibilidad. Por lo tanto, creemos que el Ministerio Público ha sido poco objetivo, está trabajando para condenar a las personas que detuvo, no para conocer la verdad de los hechos. En este aspecto, deberían escucharse los alegatos de numerosos imputados que tienen coartadas claves, porque estaban en otros lugares en el momento de los hechos. Por ejemplo, mi representado estaba en su casa cumpliendo la medida cautelar, debido a que había sido acusado por la Ley Antiterrorista y con firma después que pasó el primer juicio, fue absuelto.

El Ministerio Público fue condenado en contra por la causa Tur Bus. En esa causa el Ministerio acusó: por atentado a medio de transporte de carácter terrorista y el tribunal competente estableció que solo eran daños. En este sentido, creo que el actuar del Ministerio es agrandar los casos al comienzo de la formalización y en este aspecto hace mal uso de la Ley Antiterrorista para reforzar la prisión preventiva.

A nivel internacional, relatores especiales han expresado que en la Región de La Araucanía no existe terrorismo. De hecho la Corte Suprema, por el caso Luchsinger-Mackay, expresó que no es terrorismo, y el Ministerio Público nuevamente invoca la ley. Por ejemplo, cuando se juzgó a Celestino Córdoba. Entonces es mal utilizada esta ley especial que otorga muchas facultades y que en definitiva genera solamente afectación a la defensa, respecto a hechos que no son constitutivos de delito.

El Estado chileno ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar la Ley Antiterrorista en el caso del Lonco Pichún, y el fiscal de esa causa era Alberto Chiffelle. En la actualidad el Estado chileno no ha tomado los resguardos necesarios ante esta situación para no tener una sanción internacional. No obstante, nuevamente, tiene al mismo fiscal operando; un ente que ya fue sancionado. Estas personas se encuentran en reparación por la mala utilización de esta ley. Además Chiffelle en el año 2010 acusó a mi representado e invocó a la Ley Antiterrorista.

Con respecto al caso Luchsinger-Mackay nosotros hemos solicitado inhabilitar al fiscal, porque uno de sus colegas, un miembro del Ministerio Público, denunció presiones por parte de Chiffelle, para ser instigador en contra de mapuches. Eso está en los hechos objetivos, hoy el Ministerio Público tiene una demanda del abogado y ex fiscal Ricardo Traipe, porque Alberto Chiffelle habría solicitado mayores presiones y persecución penal en contra de los mapuche. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el ex fiscal. En este aspecto solicitamos inhabilitar a este fiscal por estar en cuestionamiento, pero se negó esa posibilidad, pero eso está en el marco de la ley.

Por Catalina Manque

El Ciudadano