La administración Trump deja a más de 30.000 niños migrantes sin defensa legal

En una medida que pone en peligro los derechos de miles de menores migrantes, la Administración de Donald Trump ha cancelado los contratos que mantenía con varias organizaciones defensoras de los derechos de niños migrantes no acompañados. La decisión, que afecta a más de 30.000 menores, ha generado alarma entre abogados y defensores de los derechos humanos, quienes denuncian un ataque sistemático contra la protección legal de los más vulnerables.

Véase también: EEUU refuerza el control migratorio: Soldados en vehículos tácticos patrullan la frontera con México

Los contratos cancelados, que ayudaban a financiar el trabajo legal de defensores de migrantes, habían estado en vigor durante dos décadas. Este cambio se produce en el marco de una política de endurecimiento de las medidas migratorias, que busca dificultar los procesos judiciales de los menores que han llegado a Estados Unidos en los últimos años.

Según el análisis de los abogados implicados en estas causas, la retirada del financiamiento dejaría en un limbo legal a aproximadamente 26.000 niños que llegaron al país en los últimos años. Entre los menores que se verán afectados por la medida se encuentran bebés de tan solo unos meses, niños de cinco o siete años, y adolescentes de hasta 17 años. La mayoría de estos niños llegaron a Estados Unidos entre 2022 y 2023, durante la administración de Joe Biden, pero muchos otros lo hicieron incluso más recientemente.

El retiro de los fondos rompe con la tradición establecida por la Ley de Protección a Menores Migrantes No Acompañados, aprobada en 2005 con apoyo bipartidista. Esta legislación tenía como objetivo asegurar que los menores migrantes fueran tratados de manera especial dentro del sistema judicial, impidiendo su traslado a centros de detención para adultos y garantizando su derecho a la defensa legal a través de organizaciones sin fines de lucro.

El pasado viernes, el Gobierno de Trump anunció que suspendería el financiamiento que mantenía con organizaciones y bufetes encargados de defender los derechos de estos menores. Los abogados que continúan luchando por el derecho de los niños a permanecer en Estados Unidos han recibido amenazas legales, y se les ha advertido sobre las repercusiones si siguen litigando contra la administración.

Una carta reciente de la Casa Blanca también señala la intención de «prevenir el abuso en el sistema legal», acusando a las organizaciones sin fines de lucro de alargar los procedimientos legales con el fin de recibir más recursos públicos, y de aconsejar a sus clientes ocultar información o mentir en sus solicitudes de asilo.

Este ataque a los abogados migratorios refleja la creciente tensión entre el Gobierno de Trump y aquellos que defienden los derechos de los inmigrantes, así como el esfuerzo por silenciar a las voces que luchan por el bienestar de los menores que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen.

Foto: El Ciudadano

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