En vísperas de navidad y en pleno receso legislativo el jefe de gabinete del gobierno de Macri, Marcos Peña, anunció la derogación por decreto de la Ley de Medios. Argumentando «una guerra contra el periodismo» y «una argentina dividida», cuyo saldo «fue malo para todos, porque no hubo aumento en la cantidad de medios ni mayor conectividad ni acceso a celulares».
Peña redujo dicha legislación al gobierno de Cristina Fernández, a quien acusó de atentar «contra el trabajo del periodismo y dividir (a los profesionales de los medios) entre buenos y malos». Argumentó la decisión diciendo que era para «sacar los cepos a la industria”, concluyendo que el objetivo es que “se pueda modificar y mejorar la necesidad de inversiones y que haya un contexto de competencia en el sector».
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Una legislación que fue iniciativa ciudadana, en la que participaron las escuelas de Periodismo, medios independientes, investigadores en comunicación y ciudadanos de a pie durante años, antes de pasar por el proceso legislativo fue derogada en dos hojas firmadas por el recién electo presidente, Mauricio Macri.
La anterior ley que limitaba la propiedad en los diferentes formatos mediáticos fue reemplazada por un marco que elimina las restricciones a la concentración de medios y apunta a liberalizar la telefonía, internet y televisión, creando un solo mercado de las comunicaciones, terrenos de competencia restringido a las empresas.
GOBIERNO POR DECRETOS
No llevaba ni diez días gobernando cuando Macri derogó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) a través de un Decreto Nacional de Urgencia (DNU).
En sus primeras 72 horas de gobierno, Macri dictó 29 decretos. Telesur calcula que el gobierno anterior tardó ocho años en aprobar similar cifra de DNU, fórmula legal usada por Macri aprovechando el receso parlamentario, donde tiene minoría en ambas cámaras.
Las instituciones reguladoras de la Ley de Medios, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), fueron suprimidas por los DNU 13/15, colocando sus atribuciones bajo la jurisdicción de un Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) satélite del Ejecutivo. Al mismo tiempo se cesó en sus funciones a todos los miembros de los directorios de dichas instancias reguladores, nombrándose interventores.
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Como interventor de la AFSCA fue nombrado Agustín Garzón, abogado y máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Se desempeñaba hace poco como legislador porteño y participó como coordinador de profesionales del partido de Macri. En la AFTIC fue nombrado Mario Frigerio, neoliberal confeso que fue asesor técnico de Radio Rivadavia durante la dictadura, subsecretario en el gobierno de De La Rúa y después empleado del BID.
A los pocos días del anuncio los funcionarios del AFSCA se tomaron las dependencias de la instancia acusando la inconstitucionalidad de la medida. A las pocas horas los desalojó la policía tras un rápido edicto de un juez adicto al macrismo.
La noticia circuló apenas en medios independientes de América Latina. Los conglomerados mediáticos argentinos Clarín y La Nación aplaudieron la derogación de la Ley de Medios a rabiar. Grupos mediáticos contrarios a legislar sobre la concentración de medios, como el español Prisa, relataba la noticia en su versión en portugués diciendo que el decreto “eliminaba las trabas a la inversión”. Por su parte, la BBC titulaba Gobierno argentino modifica polémica Ley de Medios del kirchnerismo; y en Chile, los medios titulaban la noticia como Macri emprende desalojo de funcionarios «K» de los medios de comunicación.
La objetividad de El País de España está en entredicho, como toda su cobertura en América Latina. El Grupo Prisa era dueño en Argentina de 18 señales en FM y otra en AM. La ley les obligó a reestructurar sus operaciones, ya que establecía que ningún grupo podía poseer más de diez licencias. Además, una ley de bienes culturales establece que un 70 por ciento de la propiedad de los medios estén en manos argentinas.
LIBRE PASO A LOS CONGLOMERADOS MEDIÁTICOS
La primera ley en un país latinoamericano que se hizo cargo de la concentración mediática y del acceso de la ciudadanía a los medios fue la LSCA, promulgada para reemplazar la normativa anterior sobre medios de la dictadura argentina. A diferencia de los decretos de Macri, su aprobación implicó un debate de organizaciones ciudadanas y periodísticas que duró años.
Portada Diario Clarín, 28 de Agosto de 2009.
La iniciativa de la legislación corrió por cuenta de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, instancia que agrupó en agosto de 2004 a más de 300 organizaciones sociales, medios independientes, de derechos humanos y sindicales, que propusieron 21 puntos básicos para considerar en una nueva legislación sobre medios, denominada Iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia.
Tras años de socialización de la iniciativa, el gobierno de Cristina Fernández la recogió y delineó un proyecto de ley en 2009 que procuraba desconcentrar el mercado de la radiodifusión y facilitar la entrada al mismo de nuevos actores, como medios comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y nuevos inversores
Como se acostumbra en democracia, la propuesta fue votada por el Parlamento, en el que el kichnerismo no tenía la mayoría.
La ley aprobada delimitó que ningún propietario medial podría tener más del 30% del mercado y estableció las instancias de la AFSCA y AFTIC como instancias independientes del Ejecutivo.
De inmediato el Grupo Clarín se opuso a aceptar regulaciones al mercado medial, recurriendo a diversas estrategias judiciales para frenar el cuerpo legal. Al mismo tiempo junto a varios medios trasnacionales iniciaron una campaña para derribar al gobierno y pavimentar la elección de Macri.
Al momento de iniciarse la discusión de la ley, en 2009, el Grupo Clarín poseía 264 licencias de Radiocomunicación en Argentina. Además tenía participación mayoritaria en cinco operadoras de cable, concentrando el 47% de los abonados. La Ley de Medios obligaba al holding a quedarse con 24 licencias de radio y reducir a no más del 30% su participación en el mercado de TV cable.
Hoy, según informa Buenos Aires Herald, el Grupo Clarín es el principal beneficiario con la suspensión de la LSCA. El holding de Héctor Magnetto tiene un alcance potencial en radios del 41% de los hogares del país y un 38% de la TV abierta. Además el grupo Clarín es propietario del 59% del mercado de la TV por cable. En total, el Grupo Clarín tiene 158 licencias de radiodifusión y cable, en circunstancias que la LSCA establecía un límite máximo de 24 TV por cable y 10 licencias de radiodifusión.
Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, contó a Página 12 que como la LSCA abrió la posibilidad de que los mismos conglomerados mediáticos presentaran propuestas de adecuación a la ley, “todos menos el Grupo Clarín presentaron planes de adecuación en tiempo y forma, en diciembre de 2012. Fueron el Grupo UNO, que debió adecuarse en licencias de radio y televisión –y que además presta servicios de cableoperador–, el Grupo Prisa (dueño de El País), excedido en porcentaje de capitales extranjeros, Telefe, excedido en el campo de acción de su licencia de televisión, DirecTV por incompatibilidad satelital, y C5N, Telecentro y Cadena 3 por en relación a las señales que poseen”.
Saintout agregó que “la LSCA no fue pensada para perjudicar a los medios. Contrariamente, habilitó en 6 años a 1400 nuevos medios y promovió la adecuación de los conglomerados más grandes del país, que presentaron planes de adecuación de acuerdo a sus lineamientos comerciales en tiempo y forma”.
MEDIDAS CAUTELARES Y POLICÍAS
Además del rechazo de los trabajadores de AFSCA y AFTIC, la medida de Macri despertó variadas resistencias en Argentina. Un comunicado de la Defensoría del Público sostuvo que «es así como se gubernamentalizan organismos que deben representar los intereses heterogéneos de quienes viven en la Argentina y no de manera exclusiva los del Poder Ejecutivo Nacional”.
Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición por una Comunicación Democrática, el CELS, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, REDCOM, y el Foro de Periodismo Argentino FOPEA rechazaron la medida advirtiendo sobre el retroceso democrático que significa la modificación por decreto presidencial de una ley de construcción colectiva, impulsada por varias décadas, debatida en foros y audiencias públicas en todo el país, respaldada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y reconocida por Relatores para la Libertad de Expresión de ONU y OEA.
Por su parte, el relator de la OEA para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, desaprobó la derogación de la Ley de Medios. Entrevistado por Buenos Aires Herald sostuvo que «algo en lo que habíamos coincidido todos los relatores de libertad de expresión, de Naciones Unidas y de la OEA, es en que la estructura de AFSCA es uno de los aspectos positivos de la ley. Argentina había establecido por primera vez -fue pionera en la región- un organismo con participación de la oposición, de la sociedad civil, de las provincias… Eso es un adelanto. Después, claro, siempre es perfectible. Pero los anuncios que van en el sentido de intervenir justamente cuando cambia el gobierno -es decir, cuando el organismo se pone a prueba, cuando cambian la mayorías (legislativas)- para hacerlo a imagen y semejanza de quien gana, bueno, quiere decir que se acabó la autonomía, que se vuelve al momento en que los gobiernos manejaban la oficina».
Una posición similar manifestó Frank La Rue, quien fue Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión de 2008 hasta el 2014, para quien la derogación de la LSCA era «inconstitucional». La Rue había alabado anteriormente la legislación medial argentina y considera que el decreto de Macri es «un ataque a la libertad de expresión».
Dos jueces federales aceptaron el 11 de enero recursos de amparo ante los DNU de Macri presentados por una asociación de consumidores y una cooperativa de comunicación popular. Horas después, cuando directivos del AFSCA querían volver al edificio desde donde habían sido desalojados cuando se promulgaron los DNU, fueron impedidos por policías pese al dictamen judicial.
Todo indica que Mauricio Macri seguirá intentando gobernar por sobre las leyes.
Mauricio Becerra Rebolledo
@kalidoscop
El Ciudadano
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