La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega este martes a Perú para realizar una visita técnica, en medio de la convulsión política y social que ha derivado en protestas contra la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte.
«En cumplimiento de los compromisos internacionales sobre derechos humanos, la canciller Ana Cecilia Gervasi informa que la visita técnica de la CIDH, a invitación del Perú, se realizará del 20 al 22 de diciembre«, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado domingo.
La comisión llegará a Lima en un momento de máxima tensión. En menos de dos semanas de protestas, en el país se han reportado más de 20 muertos, cientos de heridos y numerosas denuncias de brutal represión a las organizaciones que respaldan al mandatario depuesto, reseña RT.
El mismo viernes, cuando se confirmaron más muertes de manifestantes, la CIDH se pronunció para «condenar enérgicamente» los actos de violencia e instar al Estado «a adoptar las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a las personas responsables».
Pero más allá de ese llamado, la criminalización se ha vuelto parte del paisaje y el Ejecutivo ha justificado la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía: «No podemos vivir dentro del caos (…) con los violentos no se puede transar«, dijo Boluarte el fin de semana, al ser entrevistada por una televisora local.
Así, mientras crece el descontento en las calles contra la mandataria en funciones –cuya legitimidad es puesta en duda por la izquierda–, la estabilidad parece cada vez más lejana en Perú y el consenso general apunta a la necesidad impostergable de convocar a elecciones generales.
Situación de Castillo
La semana pasada, un juez dictó una medida de prisión preventiva de 18 meses contra Castillo, quien ya había pedido a la CIDH que intercediera por sus derechos políticos.
El llamado a la comisión no ha sido en solitario. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la inacción de la Convención Americana «en el ordenamiento jurídico Latinoamericano» y llamó a la CIDH a emitir medidas cautelares en favor de Castillo, pero el organismo respondió que reconocía «la respuesta democrática» de Lima.
Aunque aún no se conoce la agenda de la Comisión, lo cierto es que en víspera de la llegada del grupo técnico, Boluarte aseguró que la esposa y dos hijos del exmandatario habrían obtenido el asilo ofrecido por México.
«Hace unos días me comunicó la canciller que el estado mexicano ya había dado el asilo político. Yo lo que le dije a la canciller que proceda conforme a ley, todo lo que enmarca el marco legal», declaró Boluarte en el programa televisivo Panorama.
La situación de Castillo sigue siendo una incógnita. Por ahora, el exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo, el mismo recinto en el que se encuentra detenido el exdictador Alberto Fujimori, a la espera de una investigación por rebelión tras el fallido intento de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción en el país.
Pese a que esa jugada precipitó la caída de Castillo en el poder, su Gobierno ya venía arrastrando una crisis de gobernabilidad que el exmandatario intentó zanjar con la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA). No obstante, la participación del órgano no permitió ni siquiera un día de tregua por parte del Congreso y el sistema judicial.
Adelanto de elecciones en Perú
Las protestas, además de exigir la liberación de Castillo, la disolución del Congreso y la salida de Boluarte, insisten en el llamado a nuevas elecciones para la renovación de todos los cargos, un punto en el que también parece coincidir el resto de la población.
Una encuesta realizada por Ipsos Perú revela que 62 % de la población está de acuerdo en un adelanto de los comicios. Sin embargo, el cuello de botella está en el Congreso. La semana pasada, el órgano rechazó convocar a nuevas elecciones en 2023, a pesar de que el proyecto había sido enviado por Boluarte como un gesto para intentar acallar a los descontentos.
Pese a que la iniciativa recibió una mayoría de 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, requería de 87 voluntades para su aprobación, ya que implicaba una reforma constitucional que modificaba la duración del mandato presidencial y el parlamentario.
La respuesta del Congreso no ha impedido la reacción en las calles, que siguen encendidas para exigir los comicios. Lo singular de las protestas es que confirman que el país sigue dividido entre el ‘limacentrismo’ –vencido sorpresivamente en las urnas por Castillo– y las regiones.
Así, el sur de Perú es el que ha tenido el saldo más mortal de la represión. De acuerdo con el reporte más reciente del ministerio de Salud, en los últimos días nueve personas fallecieron en Ayacucho; seis en Apurímac; tres en la región Junín; tres en La Libertad, dos en Cusco y uno en Arequipa.
Un Gobierno que nadie eligió
Ante la negativa del Congreso para que la vía electoral permita destrabar la crisis, Boluarte insistió en la urgencia de que el Parlamento se abra a esa posibilidad: «Señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. Voten directamente de cara al interior del país», dijo la mandataria, acosada no solo por las protestas sino por un Gabinete que ya muestra las primeras grietas.
En la víspera, la mandataria anunció que cesaría al premier Pedro Angulo –quien duró menos de una semana en el cargo– y que renovaría los nombres en algunas carteras, después de que los titulares de Educación y Cultura renunciaran en rechazo a la represión que causó la muerte de manifestantes, especialmente en el sur del país.
Por ahora, Boluarte descarta una dimisión y le ha dado un espaldarazo a las Fuerzas Armadas, que fueron claves para impedirle a Castillo concretar el estado de excepción: «Mi renuncia sería darle la razón a los violentos», dijo el domingo.
En paralelo, su gestión ha jugado la carta diplomática para intentar darle legitimidad a un Gobierno que no llegó por la vía de las urnas. Reuniones con embajadores, llamados a respetar la institucionalidad y ahora la invitación a la CIDH, son gestos que apuntan a lo urgente: bajar la conflictividad. Las elecciones, de momento, quedan entrampadas en manos de un Congreso que juramentó a la actual presidenta, pero que ahora no pretende arriesgarse a ir a unos comicios con una izquierda movilizada a favor de un exmandatario preso.
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