El dueño y ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, y el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Eugenio Díaz Corvalán, fueron detenidos por personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI bajo el cargo de negociación incompatible, en el marco del caso lucro en las universidades. Junto a estos dos, también fue concretada la aprehensión del ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, quien fue puesto a disposición de los tribunales recientemente por orden del Octavo Juzgado de Garantía.
Los tres imputados en este caso quedaron en prisión preventiva, dictaminada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, mientras dure la investigación del Ministerio Público. Los jueces señalaron que «la conducta de los imputados afecta la credibilidad del sistema y le provocan daño». Asimismo, el fiscal de este proceso, Carlos Gajardo, se mostró satisfecho y aseguró que es una señal potente de parte de la Justicia, puesto que «estas personas no han colaborado en nada y que efectivamente representan un daño para la credibilidad del sistema».
En el proceso judicial que se sigue en contra de los tres imputados se ha fijado un plazo de seis meses para investigar y llevar adelante las diligencias pertinentes para determinar el daño que generan a la credibilidad del sistema. A estas alturas es un hecho indesmentible que el sistema de acreditación de las universidades en Chile está en serio riesgo y crisis a causa de la posición que han mantenido los imputados y por su conducta delictual, la cual ha provocado un grave daño a la institucionalidad académica en Chile. El Fiscal señaló también que es innegable que «es una investigación criminal y nos parece muy bueno que los tribunal de justicia respalden este trabajo que estamos realizando como Fiscalía«.
La Universidad Pedro de Valdivia (UPV) está siendo investigada al igual que la Universidad Del Mar, por supuestos sobornos a Eugenio Díaz para lograr la acreditación en el año 2010, la cual nunca antes habían logrado. Respecto a la Universidad Arcis, la cual también ha sido mencionada por medios de prensa, este centro de estudios negó que haya alguna investigación en la que se encuentren involucrados, afirmando que la institución se encuentra actualmente en proceso de acreditación.
En el caso de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), la acreditación fue recibida desde la Comisión Nacional el 29 de diciembre de 2010, sumándose así a otras 15 universidades, cinco CFT y 10 Institutos Profesionales, todos los cuales recibieron la aprobación de la CNA (Comisión Nacional Acreditación).
La investigación estalló luego de detectarse un contrato por 60 millones entre la Universidad del Mar y Eugenio Díaz, siendo presidente de la CNA, quien prestó una asesoría a la casa de estudios. Esto dio pie a claras sospechas de un posible cohecho, debido a que en dos semanas se acreditó el establecimiento por dos años, lo cual permitió que reciba recursos estatales.
El rector de la UPV, Ángel Maulén (DC, que participó en la Comisión Nacional de Energía, y fue subsecretario de Economía, de Aywin y Frei, respectivamente) está acusado luego que las investigaciones de la Fiscalía detectaran que la casa de estudios superiores a la que representó también realizó contratos a Eugenio Díaz en el periodo en que recibió su acreditación por un año.
En la declaración ante la Fiscalía, Eugenio Díaz alegó que al firmar el contrato ya no era el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Universidades (CNA). Sin embargo, el fiscal Carlos Gajardo, en agosto pasado ya había confirmado que Díaz recibió 290 millones de pesos por asesorías a cinco universidades, por lo que se determinó ampliar las indagaciones a la Bridec de la Policía de Investigaciones ante posibles delitos de corrupción y lavado de dinero. La Policía de Investigaciones realizó además varias diligencias en la Universidad Internacional SEK, en la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), la Uniacc, la Universidad Andrés Bello (UAB) y la Universidad Pedro de Valdivia (UPV).
PATRICIO BASSO Y «EL DESTAPE DE LA OLLA»
En agosto del año en curso, Patricio Basso, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), fue destituido por la mayoría de los miembros, lo cual provocó su reacción afirmando que su salida se debió a que las autoridades no deseaban destapar el llamado lucro en las universidades e instituciones de educación superior. Basso señaló la existencia de una colusión entre la Comisión, el Gobierno y los dueños de las universidades, ya que “quieren hacer callar a quien denunció las irregularidades cometidas por el ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz”, con la Universidad del Mar. Asimismo, expresó que el 12 de junio envió oficio al ministro de Educación, Harald Beyer, en los cuales daba cuenta de lucro en dos universidades privadas, la Universidad Santo Tomás y la Uniacc, y sostuvo que nunca acusó recibo de parte del ministro Beyer.
COMISIÓN POR EL LUCRO
Este tema dio paso a que en 2011 se creara la Comisión Investigadora sobre la Educación Superior, la cual era presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), la cual finalizó con un informe aprobado por siete de los 13 legisladores que participaron.
En el documento del Congreso se informa y da cuenta de las fallas del Estado en su rol como ente fiscalizador de los planteles educacionales universitarios en Chile, agregando en uno de los puntos que “en 30 años de existencia del sistema de educación superior privado, jamás ha habido alguna fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro”. También logró establecer la existencia de dos formas de lucrar; por compra y venta de universidades y por la relación que tienen las sociedades inmobiliarias. No obstante las importantes revelaciones, ilegalidades detectadas, sino claros delitos, el informe fue rechazado en la Cámara de Diputados por 46 votos versus 45 y una abstención que correspondió al diputado Gaspar Rivas (RN), quien en días posteriores emitió una sentida carta a través de la prensa respecto a su malestar con la élite política y su alejamiento de los intereses ciudadanos.
INFORME DE CONTRALORÍA SOBRE LA CNA
Carencias en los procedimientos de control, fiscalización inexistente y evidente incumplimiento del mandato legal que le corresponde a la Comisión Nacional de Acreditación, son algunos de los cuestionamientos que la Contraloría emitió en su informe final respecto a la CNA, el organismo que según la Ley de Aseguramiento de la Calidad de 2006, tenía entre sus misiones la acreditación de instituciones universitarias. La CNA ha estado en tela de juicio desde que en enero pasado el secretario ejecutivo de la institución, Patricio Basso, denunciara a la Contraloría a Luis Eugenio Díaz, el presidente subrogante de la CNA, luego que un e-mail anónimo denunciara que Díaz había firmado un contrato por $ 60 millones con la Universidad del Mar, a pocas semanas de haberse aprobado la acreditación de la casa de estudios. Este hecho desencadenó una investigación que llegó a manos de la Fiscalía, y que recientemente implicó la formalización de Díaz por los delitos de cohecho, lavado de activos, negociación incompatible, tráfico de influencias y revelación de secreto. Asimismo fueron formalizados el ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y el ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén (militante DC).
Entre los cuestionamientos de la Contraloría General de la República se precisa que la CNA dispone de potestades de supervisión y sanción, pero “en general la comisión no ha efectuado controles deliberados o seguimiento a las acreditaciones”.
En el punto número 2, el informe señala que “hasta la fecha de la visita no se había dado cabal cumplimiento a las funciones que por ley se han encomendado a dicha entidad”. Además acusa el órgano contralor que la CNA “no ha elaborado un reglamento sobre las condiciones y requisitos específicos para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional”, infringiendo dos artículos de la ley que la creó. El informe de Contraloría señala que la CNA ha venido utilizando las mismas normas y procedimientos de su antecesora, la Comisión Nacional de Pregrado y también se cuestiona que la Comisión no ha elaborado las pautas de evaluación para desarrollar los procesos de acreditación. Respecto a los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, la Auditoría indicó que para la elección y renovación de los cargos, la CNA debería contar con un Reglamento, el que “no ha sido emitido”, vulnerando nuevamente la Ley 20.129. Además el informe de la Contraloría hace críticas sobre la participación de los integrantes en las reuniones, específicamente contra el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio, Juan José Ugarte, quien sólo asistió al 29% de las 113 sesiones. Juan José Ugarte es el único representante del Mineduc, y la Contraloría solicita que “su reiterada inasistencia vulnera lo que establece la ley, por lo que en sus conclusiones ordena al Ministerio de Educación “deberá instruir un proceso disciplinario” para determinar las eventuales responsabilidades administrativas del funcionario. Para ello se ordena la designación de un fiscal en los próximos 15 días hábiles.
CORREOS ELECTRÓNICOS
Intercambios de correos electrónicos del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz Corvalán, con ex autoridades de la Universidad Internacional SEK complica el escenario judicial de quienes hasta el año pasado estaban a la cabeza de esa casa de estudios. Evidencia importante, ya que en los mensajes queda de manifiesto los pagos que la universidad SEK habría realizado a Eugenio Díaz, además de la transferencia de información confidencial por parte del ex presidente del organismo encargado de otorgar la acreditación a las instituciones de educación superior. Según trascendidos, los fiscales no han formalizado a nadie de la SEK porque hasta hace poco no había claridad de quién de esa casa de estudios tenía la responsabilidad legal por esos hechos, ya que el rector de esa época –José Schröder– era académico y no tenía participación de la propiedad del plantel. En las otras dos universidades en cambio, los rectores eran también los controladores. La investigación de la Fiscalía ha establecido que Díaz recibió $7 millones por los pagos de asesorías de parte de la SEK. Sin embargo -según revelan las pesquisas- estos pagos se realizaron a través de terceros. En otras palabras, se habría realizado una triangulación para cancelar esos dineros. La Universidad Internacional SEK ha tenido un accidentado camino en los procesos de acreditaciones. Según registros de la CNA, en octubre de 2009 ese organismo rechazó su acreditación por no cumplir «los criterios de evaluación definidos para las áreas mínimas de gestión institucional y docencia de grado». Tras la apelación, en noviembre del mismo año, la CNA otorgó la acreditación hasta noviembre de 2011. La misma historia se repitió dos años después, ya que el 14 de diciembre del 2011 se le rechazó la acreditación. La universidad Internacional SEK nuevamente presentó un recurso de reposición, y el 11 de enero de este año el organismo decidió acreditarla hasta el 11 de enero de 2014.
Por Emanuel Garrison
El Ciudadano
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