El distanciamiento social es una de la mejores armas contra la pandemia pero ha puesto en jaque el trabajo sexual. Entre las trabajadoras más vulnerables de San Salvador las deudas se acumulan y el hambre empieza a ser una amenaza real.
«Nos han tirado al olvido», dice Zoyla Rivas, una veterana trabajadora sexual –43 años– que hasta la irrupción del COVID-19 se ganaba la vida en el turbulento centro de San Salvador, la capital salvadoreña. Desde que el 21 de marzo el Ejecutivo decretó la cuarentena obligatoria, no ha podido generar ni un solo dólar y literalmente vive de la caridad. «Nosotras somos humanas también», se desahoga.
Desde que la pandemia se desató se ha repetido hasta la saciedad que, por los volúmenes de las economías informales, Latinoamérica es una región difícil para los autoencierros en casa. Apenas se está hablando de ellas, pero las trabajadoras sexuales más vulnerables –hay cientos como Zoyla, quizá miles– vieron cómo de un día para otro desapareció su manera de obtener sustento.
«En este trabajo se vive a diario: con lo que iba ganando, iba comprando», dice. Zoyla trabaja en la calle Celis, en un sector de la capital –hoy clausurado– que concentra la prostitución destinada a los estratos empobrecidos de la sociedad salvadoreña. Las mujeres se ofrecen desde la puerta de cuartuchos de dos por tres metros. Zoyla cobra entre cinco y diez dólares por «el rato» con un cliente.
Lo está pasando mal. Su pareja es vendedor ambulante en las calles, actividad que también ha sido proscrita. No han podido cancelar los 75 dólares mensuales por el cuarto que rentan en un mesón, ni la luz ni el agua.
Han pasado el primer mes de encierro estirando unos ahorros modestísimos que tenían y gracias a sendos donativos de canastas con víveres: «El primero eran dos libras de frijoles, un paquetillo de macarrones, unas salsitas, lechita en polvo… poquito», dice. El segundo, recibido el sábado 18 de abril, sí era más generoso; calcula que para unas tres semanas.
Sin bono gubernamental
El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que el gobierno entregaría a partir del 30 de marzo un bono de 300 dólares a 1,5 millones de familias afectadas por la cuarentena, como Zoyla, pero lo improvisado de la medida hizo que miles de familias necesitadas se hayan quedado sin ayuda, mientras se han entregado bonos a varios miembros de una misma familia, a personas que siguen trabajando, e incluso a trabajadores con ingresos superiores a los 5.000 dólares al mes.
«Una siempre queda con el miedo, porque no se sabe qué tipo de personas llegan, o si están enfermas y no lo saben»
Zoyla no ha recibido nada y está molesta. El donativo de víveres se acabará en pocas semanas, y sabe de compañeras que durante la cuarentena han salido a trabajar a las calles y la Policía Nacional Civil se las ha llevado a centros de retención, por 30 días.
Maritza Martínez, de 40 años, también trabaja en la calle Celis. Ella sí recibió el bono de 300 dólares, pero tiene a cuatro hijos a su cargo. Con cinco bocas que alimentar, el dinero ya se le está consumiendo y a medio, incluso corto plazo, la situación pinta dramática: «Sin ingreso ni trabajo ni nada, ¡imagínese!».
Con apenas 200 contagios confirmados y siete fallecidos hasta el 19 de abril, El Salvador es uno de los países latinoamericanos que –de momento– ha sabido contener la expansión del virus, pero este éxito no deja de ser un arma de doble filo. Hoy por hoy, la cuarentena parece infinita, a lo que hay que añadir que el trabajo sexual será uno de los que más tardará en volver a la normalidad, por temores de la clientela o de las trabajadoras.
«Acuérdese que una siempre queda con el miedo, porque no se sabe qué tipo de personas llegan, o si están enfermas y no lo saben», dice Maritza Martínez.
Liquidámbar es una activa asociación creada para luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales con el perfil de Zoyla y Maritza. Su presidenta es Alma Ramos –de 43 años y también trabajadora sexual– y asegura que la crisis en el gremio se agrava cada día: «La situación de algunas compañeras ya es de hambre».
Los víveres que recibieron Zoyla y otra docena de trabajadoras fueron canalizados por Liquidámbar, con donaciones de la sociedad civil. «Del gobierno no estamos recibiendo apoyo», se queja Alma Ramos, quien hace «un llamado a todas las personas que puedan colaborar».
«Una no se va a morir del virus pero se va a morir del hambre»
Ramos tampoco ve una solución a la crisis a medio, ni siquiera a largo plazo: «Mis compañeras no están saliendo a trabajar; estamos cien por ciento en crisis».
También las mujeres trans
Mónica Linares es la directora ejecutiva de Aspidh Arcoiris Trans, una asociación que lucha desde mediados de los noventa por los derechos de las mujeres trans, con enfoque prioritario en las trabajadoras sexuales.
«Algunas que tengan anuncios quizá todavía estén atendiendo en casas, pero no son la mayoría», dice Mónica Linares, consultada sobre el impacto en el colectivo que representa: «La 59.ª, la 25.ª y la avenida Olímpica –calles de San Salvador en las que trabajan las mujeres trans– pasan vacías».
Asegura que son minoría las que han recibido el bono de 300 dólares y augura que lo peor está por venir. Dice: «Para algunas será de apretarnos el cincho, pero para la mayoría el problema es subsistir; hay compañeras a las que ya les han pedido irse del hotel porque no pueden pagarlo, y no pueden porque no se puede salir a ejercer libremente».
La crisis sanitaria y la crisis económica van trenzadas. «Una no se va a morir del virus pero se va a morir del hambre», repite Zoyla la misma idea que ha generado docenas de titulares en América Latina. Pero en su caso, y en el de las trabajadoras sexuales que ejercían en condiciones similares, no suena a licencia literaria.
Cortesía de Roberto Valencia RT
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