La desgracia se ceba y sacude doblemente a los mapuche

El terremoto y el tsunami que el pasado 27 de febrero asolaron regiones enteras del Estado chileno volvieron a dejar de manifiesto que, para el Gobierno de La Moneda, los habitantes de las comunidades mapuche siguen siendo ciudadanos de segunda clase.

«Arremete el mar, se abre la tierra, cunde la desesperación; se acerca la muerte a pasos ahogantes, el individuo corre tropezando, buscando aire, vaciando sus pulmones a gritos», rezaba una crónica de la agencia de noticias mapuche Azkintuwe al describir los instantes en los que la furia de la naturaleza se cebó con el centro de Chile y el norte de Wallmapu (territorio mapuche, bajo administración de La Moneda) reduciendo a pedazos regiones enteras.

El devastador desastre se cobró, según estiman las últimas cifras oficiales, al menos 497 muertos y dejó más de dos millones de damnificados. Además, el recién investido presidente chileno, el multimillonario derechista Sebastián Piñera, calculó que la reconstrucción costará unos 30.000 millones de dólares [22.600 millones de euros], tras precisar que sólo reconstruir el medio millón de viviendas destruídas podría alcanzar los 20.000 millones de dólares [14.847 millones de euros].

Estas estimaciones coinciden con la cifra de daños preliminar ofrecida por la consultora estadounidense Eqecat, especializada en estimación de riesgos, que considera que los daños pueden oscilar entre los 15.000 y 30.000 millones de dólares (11.130 y 22.260 millones de euros) en base al «daño masivo» constatado en el sur y centro del Estado chileno.

NECESIDAD DE AYUDA

No cabe duda de que, ante un desastre de tal magnitud, la necesidad de cualquier ayuda afecta por igual a las clases populares, y prueba de ello fueron los numerosos saqueos que se dieron por la falta de respuesta.

Según analizaba el periodista Marcos Roitman, el seísmo dejó al descubierto, por un lado «la incapacidad humana de predecirlos [los terremotos] con suficiente antelación para alertar a la ciudadanía», y por otro criticaba «el grado de organización del Estado para enfrentar sus consecuencias, no importando su magnitud. «Éstos pueden predecirse con un alto grado de fiabilidad. La sorpresa no existe. El diseño de un plan de evacuación y protección civil puede movilizar y articular a la sociedad civil en la defensa de sus bienes muebles e inmuebles (…) Educar en esta dirección es una manera de estar atentos», afirmaba y, acto seguido, sentenciaba: «en esto consiste la diferencia entre unos países y otros de América Latina».

DE PRIMERA Y SEGUNDA

Reynaldo Mariqueo, miembro del Enlace Mapuche Internacional, fue claro en su lectura cuando resaltó que la tragedia demostró que, para el Estado chileno -sea del color que sea el inquilino del Palacio de La Moneda- existen ciudadanos de primera y segunda clase.

Así lo hizo constar en una de sus declaraciones: «Si consideramos que en Chile, en tiempos normales, muchas comunidades mapuche son maltratadas por los efectos de una política económica depredadora y excluyente, es de suponer que, debido a esa actitud discriminatoria inherente a las autoridades winka [extranjeras, en referencia al Gobierno chileno] hacia los mapuche que los caracteriza, la ayuda en socorro a las personas y familias damnificadas y los proyectos de reconstrucción que seguramente serán implementados, estamos casi seguros de que las necesidades de las comunidades mapuche serán ignoradas o las últimas en ser atendidas».

La predicción de Mariqueo no se alejaba mucho de lo que, al menos hasta ahora, ha sucedido en Wallmapu. Las imágenes difundidas por los principales medios de comunicación se centraban en las labores de rescate y posterior reparto de ayuda humanitaria en los puntos situados al norte de Concepción, pero nada se ha dicho sobre los pueblos y comunidades mapuche situadas al sur de esta ciudad, que han sido víctimas de un impacto similar.

En repetidas ocasiones, según se recoge en diferentes reportes de la agencia de noticias mapuche Azkintuwe citando las denuncias de las propias comunidades, la única ayuda recibida en algunas de las regiones de Wallmapu [incluida la región Bio-Bio, una de las más afectadas] ha sido la proveniente de organizaciones de la sociedad civil. Los convoys de ayuda gubernamental, al parecer, tienen otros destinos.

Si el hambre y la necesidad acechan a los mapuche en libertad, la situación es más grave para los que están en prisión. El colectivo Presos Políticos de Arauco en la cárcel de Lebu censuraron el «total abandono» de las autoridades, que les tuvieron, tras el terremoto, casi una semana sin comida. También les negaron el acceso a la prensa.

Por Ruben Pascual

Fuente: www.gara.net