La DINA tuvo cuarteles en Buenos Aires y Mendoza

El destierro como política represiva tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la consecuente instauración en el exterior de exiliados que denunciaron las violaciones a los derechos humanos en Chile, movieron a la dictadura a extender la represión más allá de las fronteras a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el brazo ejecutor de secuestros, asesinatos y desapariciones que utilizó en el marco de la Operación Cóndor.

Así lo consignó el Fiscal General Argentino, Pablo Ouviña, quien en su alegato en el marco del debate oral y público de la asociación ilícita internacional para la eliminación de militantes de izquierda implementada por las dictaduras del Cono Sur en los ’70. En el juicio, que comenzó en 2013, son juzgados 18 ex generales y coroneles argentinos y un uruguayo.

Tras describir el binomio Uruguay-Argentina, en su introducción al caso chileno Ouviña remarcó que «al momento del golpe de Estado» del 11 de septiembre de 1973, «no estaba predefinido el método de represión a utilizar», lo cual «implicó que la consolidación del modelo represivo chileno demorara por lo menos dos años». En ese sentido, el fiscal recordó que «la dictadura chilena pasó de un esquema de detención en grandes campos de concentración, fusilamientos y del internamiento de los principales dirigentes del gobierno de la Unidad Popular, a un modelo de represión clandestino”.

Ouviña describió la implementación del destierro a través del decreto-ley 81 que facultó la expulsión o prohibición de retorno de personas que estuvieran fuera del país. Aquella disposición habilitó a la dictadura a comenzar el vaciamiento de los campos de concentración y provocó que fueran expulsados los principales cuadros de los partidos y organizaciones políticas del Chile democrático que sobrevivieron tras el derrocamiento del gobierno constitucional.

En Chile había muchos exiliados del Cono Sur, especialmente provenientes de Uruguay y Brasil, que se convirtieron en uno de los blancos buscados por la dictadura. Muchos de esos exiliados fueron refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y debieron «reexiliarse». Tanto para ellos como para los chilenos perseguidos, Argentina fue en 1973 una tierra de refugio, explicó Ouviña.

La DINA contaba con la subdirección exterior, que desarrolló estrategias de ataque para desalentar o finalizar las actividades de denuncia desde el exterior y se planteó también la realización de operaciones criminales. A partir de 1974, la DINA desarrolló cada vez más una capacidad extraterritorial. Estas contaban con personal y eran también fortalecidas con la colaboración con otros servicios y organizaciones en el exterior, citó el fiscal el denominado informe Rettig. En efecto, cuando el organismo represivo creado por Pinochet consolidó su estructura, envió agentes destacados a las embajadas, con enlaces con organismos represivos locales.

Los agentes de la DINA, describió Ouviña, tenían además «alianzas con grupos de extrema derecha argentinos, exiliados cubanos e italianos, principalmente». El fiscal pudo reconstruir la acción de la DINA con los documentos incautados durante la detención en Buenos Aires del agente chileno Enrique Arancibia Clavel, «un conjunto documental de características únicas», que ya había citado a lo largo de su alegato, ha permitido rearmar la historia de la Operación Cóndor.

Como se desprende de la causa sobre la Operación Cóndor que tramita en los tribunales argentinos, operaban dos redes de la DINA: una, en Buenos Aires; la otra, en Mendoza. En 1977, el organismo fue diluido y su personal y recursos pasaron a la Central Nacional de Informaciones (CNI). Según testigos que declararon en el juicio, el cambio se produjo luego del asesinato en Washington del canciller Orlando Letelier.

Los blancos de la DINA en la Operación Cóndor:

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en particular y la JCR -enlace de los movimientos guerrilleros del Cono Sur-, como conjunto del que formaba parte, se convirtieron en blanco de las redes de coordinación especialmente luego de la detención de Jorge Fuentes Alarcón en Asunción del Paraguay, en mayo de 1975, junto Amílcar Santucho.

Otros blancos de la DINA lo constituyeron los miembros de los partidos Comunista y Socialista. Varios de los miembros de la conducción de ambos fueron secuestrados en Buenos Aires y en Mendoza, señaló Ouviña.

En total, 25 casos de víctimas chilenas integran el objeto de la causa: Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velázquez, Juan Humberto Hernández Zaspe, Edgardo Enríquez Espinoza, Ángel Athanasiú Jara, Pablo Germán Athanasiú Laschan, Frida Elena Laschan Mellado, Miguel Iván Orellana Castro, María Cecilia Magnet Ferrero, Luis Enrique Elgueta Díaz, Patricio Antonio Biedma, Jesús Cejas Arias, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, Carmen Angélica Delard Cabezas, José Luis Appel de la Cruz, Gloria Ximena Delard Cabezas, Oscar Julián Urra Ferrarese, Susana Ossola de Urra, Rafael Antonio Ferrara, Luis Arnaldo Zaragoza Olivares, Alexei Vladimir Jaccard Siegler, Cristina Magdalena Carreño Araya, Luis Alejandro Espinoza González, Carlos Patricio Rojas Campos y José Luis De la Maza Asquet.

Algunos de esos casos son elocuentes, como el del dirigente del MIR Edgardo Enríquez Espinoza, asesinado en Buenos Aires el 10 de abril de 1976, a quien no sólo buscaba la DINA sino también los represores argentinos y paraguayos. Se comprobó que Arancibia Clavel había entregado fotos de la víctima a los militares argentinos. También, se acreditó que habían interceptado una carta de Edgardo Enríquez y que la enviaron a sus pares de Paraguay para que la utilizaran en el interrogatorio a Fuentes Alarcón.

Dos cables desclasificados de las embajadas de Estados Unidos en Buenos Aires y Santiago de Chile también dieron cuenta de la coordinación de las fuerzas represivas entre ambos países. En esos documentos, del 7 de mayo de 1976, se informa que Edgardo Enríquez había muerto: en el primero, la fuente era la inteligencia aeronáutica; en el segundo, las fuerzas navales chilenas. También el comisario inspector Alberto Obregón, del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina, informó al respecto el 15 de septiembre de 1976: “Tras un año y medio de investigaciones, por fin, a dando como resultado, la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile.

Otro caso revelador es el de Luis Enrique Elgueta Díaz, secuestrado junto a parte de su entorno el 27 de julio de 1976 en Buenos Aires por miembros del Ejército y de la Policía Federal. Un año más tarde, un operativo liderado por el comisario José Benito Fioravanti y el agente de la DINA Arancibia Clavel, secuestró en el mismo domicilio a la hermana de Luis, Laura Elgueta, y a Sonia Díaz Ureta, quienes fueron trasladadas al centro clandestino Club Atlético. En la sala de torturas de ese lugar, narró el fiscal, se encontraban presentes agentes chilenos que las interrogaron sobre Luis y su vinculación sobre el MIR. En ese contexto, explicó Ouviña en base al testimonio de las sobrevivientes, Fioravanti dijo que Luis Elgueta había sido «reventado» y que luego «fue entregado a Chile, pues allí tenía cuentas que pagar».

Además los jóvenes dirigentes socialistas; Luis Muñoz Velásquez, Juan Hernández Zaspe y Manuel Tamayo Martínez, fueron secuestrados en Mendoza el 3 abril de 1976 y traídos a Chile por la DINA.

En tanto, el militante del PC chileno Alexei Vladimir Jaccard Siegler fue secuestrado el 16 de mayo de 1977, pocos días después de ingresar a la Argentina proveniente de Suiza. Su caída se produjo junto a las de otras 11 personas secuestradas en Santiago y en Buenos Aires, Jaccard fue visto en el centro clandestino de detención Simón Bolívar en Chile. Entre las víctimas del grupo, también fue secuestrado en Argentina el banquero trasandino Jacobo Stoulman, quien debía darle cobertura legal a la operación financiera del PC.

Por otro lado, Ouviña remarcó entre los casos descriptos al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 el de la militante comunista Magdalena Carreño Araya, a quien los agentes de la DINA buscaron hasta encontrarla en Buenos Aires. La mujer, de 33 años, fue secuestrada el 26 de julio de 1978. Se sabe por testimonios de sobrevivientes que, antes de ser arrojada viva al mar en un «vuelo de la muerte», pasó por los centros clandestinos de detención El Banco y Olimpo. Su cuerpo fue devuelto por las corrientes marinas, luego enterrado como NN y finalmente identificado en 2007, cuando su familia le dio sepultura en Chile.

Juicios en Chile de la Operación Cóndor:

El Ministro en Visita extraordinaria para causas de violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, procesó al general en retiro y jefe de la DINA del Ejército Raúl Iturriaga Neumann por crímenes en siete casos de secuestros y cinco de homicidios calificados en el marco de la denominada «Operación Cóndor».

En la resolución, el Ministro de fuero procesó al ex director del departamento exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional –DINA– como autor de los secuestros calificados de Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Juan Humberto Hernández Zaspe, Manuel Jesús Tamayo Martínez, Julio del Tránsito Valladares Caroca (los cuatro socialistas), Héctor Heraldo Velásquez Mardones, Alexei Vladimir Jaccard Siegler (ambos comunistas y Jorge Isaac Fuentes Alarcón, (del MIR).

Asimismo, también fue procesado por los homicidios calificados de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Ruiter Enrique Correa Arce y Hernán Soto Gálvez (los tres comunistas) y de Matilde Pessa Mois y Jacobo Stoulman Bortnik (matrimonio e independientes de izquierda).

El Ministro Mario Carroza estableció la participación del genocida Iturriaga Neumann en operaciones para secuestrar y traer al país a ciudadanos chilenos detenidos por la DINA en el exterior, en acuerdo con los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia y Paraguay, entre 1975 y 1977.

Los 12 luchadores sociales fueron previamente torturados e ingresados a centros de detención y exterminio clandestinos en Chile, lugares desde donde se pierde su rastro. Son más de 70 los chilenos secuestrados en el marco de la Operación Cóndor y sus familiares, amigos y camaradas de ideales, esperan justicia y castigo a los culpables.