La estafa del PRAIS

El 7 de diciembre pasado, agrupaciones de sobrevivientes, beneficiarios del presupuesto del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), y otras organizaciones de derechos humanos, entregaron una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, manifestando su evidente insatisfacción respecto de la implementación del PRAIS y de la política de reparación en salud. Denuncian que a partir de los requerimientos de sus asociados, han recogido antecedentes que les llevan a concluir que “existen irregularidades, incumplimientos y descompromisos que son determinantes en el desarrollo de una política que debe reparar aquellos sistemáticos crímenes de lesa humanidad, perpetuados por el Estado. Según estos antecedentes, sostenemos que no se trata de casos aislados. Es indudable que existen numerosos problemas, profundas limitaciones para la reparación y que el sistema carece de un claro, efectivo y homogéneo otorgamiento de la reparación que promete”.

Revelan la falta de atención especializada en odontología, oftalmología, cardiología, traumatología y geriatría, entre otras… Más de 6 meses de espera para interconsultas: “Lo anterior dificulta la realización de exámenes. Muchas veces la Red Asistencial no respeta las interconsultas. Las víctimas suelen señalar que la atención en salud reparatoria es lo mismo que la atención correspondiente al tramo A (indigente). Mala atención de funcionarios administrativos y médicos, lo que lleva al no uso del programa. Abandono del PRAIS por quienes pueden pagar una atención privada, con lo que no cumple la función reparatoria. Lo mismo ocurre en casos de enfermedades crónicas, dado que es más efectivo recurrir, por ejemplo, al AUGE. Es frecuente que los beneficiarios no hallen orientación en los centros de salud, dado que los funcionarios de la Red desconocen el Programa, no tienen información adecuada, y no conocen los deberes y derechos del paciente PRAIS. Por causa de la desinformación respecto de la atención reparatoria, se experimenta indiferencia, negligencia y escaso compromiso con la realidad del afectado y su correspondiente reparación. Por lo mismo, se permite que funcionarios discriminen por motivaciones políticas. Poca o ninguna preocupación y respeto en el trato clínico. Los profesionales médicos de la Red no informan ni explican al paciente su problema de salud. Cuando se ausenta el profesional médico PRAIS a causa de vacaciones, licencias médicas u otros, este no es reemplazado, por lo que no existe atención durante ese periodo. No se encuentran fármacos necesarios para el tratamiento clínico. Retraso en la entrega de la tarjeta PRAIS a las personas susceptibles de este derecho. Incongruencias entre lo prometido por las políticas oficiales y lo efectivamente entregado”.

La Norma Técnica del Programa señala que la atención reparatoria “debe ser oportuna y de calidad, considerando las características particulares que presentan los problemas de salud en esta población”, pero tienen “derecho a la gratuidad de las prestaciones médicas a que se refiere el artículo 2 de la ley 18.469”, es decir, a los beneficios comunes de la salud pública; eso ha significado que, en la práctica, no exista una salud propiamente reparatoria para las víctimas. “La salud reparatoria se reduce casi exclusivamente a salud mental (en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, SSMO, dichas atenciones fueron 5.200 en 2013, 4.700 en 2014, y 4.500 en 2015). Pero los beneficios concretos se apartan del concepto de reparación integral y adecuada. Por ejemplo, consultado sobre atención dental, el SSMO responde que esta prestación ‘no corresponde’ al beneficio PRAIS. Por esta razón y otras, los afectados consideramos que -fuera de la atención en salud mental- el servicio se asemeja a las características del Tramo A y no así a la reparación declarada por el Estado. Hay inconsistencia entre la declarada reparación integral y la negación explícita de reparación”, señala la misiva. También declaran que el PRAIS-SSMO ha pagado por el concepto de compra de intervenciones dentales a empresas privadas en 2014 la suma de más de 42 millones de pesos, y en 2015, más de 9 millones a ALCARDENT y a Odontología Dr. Aguilar & Asociados. “No es lógico ni ético que el programa pague servicios externos que podrían ser dispuestos para fortalecer el sistema público y prestar atención en mejores condiciones. En promedio, las remuneraciones de los equipos PRAIS ocupan las tres cuartas partes del presupuesto. Por ejemplo, el 2014 se destinó al PRAIS-SSMO la suma de $235.750.000, y en 2015, $250.108.000. De esos presupuestos, se gastó en remuneraciones la suma de $178.426.687 y $182.250.715 respectivamente”.

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS

Pero las denuncias no son nuevas. La Agrupación de Usuarios PRAIS de Lo Prado declaró que en 2015 se destinaron cerca de 4.600 millones de pesos para los Servicios de Salud, de dicho monto, $243 millones eran para el PRAIS de la zona poniente. Descontando sueldos de profesionales médicos y de la salud, quedaron $91.288.164 para ser repartidos entre 54.975 beneficiarios, lo que se tradujo en 1.660 pesos anuales por persona, es decir, apenas 138 pesos mensuales por beneficiario. “¿Para qué salud reparatoria alcanza con 138 pesos?”, pregunta el dirigente Carlos Valero.

Asegura que el SSMO les habría ofrecido, en enero de 2015, un Programa Dental por un total de $167 millones. Una atención dental íntegra implica un monto aproximado para cada beneficiario PRAIS de poco más de $5 millones. La cifra asignada alcanzaba para atender a 33 personas, quedando las restantes 54.942 víctimas sin atención. PRAIS-Lo Prado estimó el ofrecimiento como “un vulgar intento de comprar nuestro silencio”, pues les dieron a entender que se atendería a los dirigentes. Agregan que las autoridades les aseguraron que en 2016, otras 50 personas serían beneficiadas. Pero, a razón de 50 usuarios por año, se necesitarían 1.100 años para atenderlos a todos.

Según Valero, “la reparación integral a la que hace referencia la ley que nos beneficia, no es más que letra muerta. Sólo ha permitido que funcionarios públicos hagan carrera profesional basándose en las dolencias y necesidades de reparación en salud tanto física como mental, pero sin que dicha intención se traduzca en una acción concreta o real que vaya en directo beneficio de las víctimas de violaciones a los derechos humanos; los asistentes sociales tienen un pésimo desempeño y falta total de compromiso con los beneficiarios PRAIS; denunciamos sin éxito a dos funcionarios del CRS Salvador Allende, por amedrentamiento y por abusar sexualmente de una beneficiaria”. Agrega que no han observado cambios concretos que vislumbren una solución: “Mientras no exista un presupuesto acorde con las necesidades, no será mucho lo que se podría avanzar. Para cada uno de los beneficiarios debiera asignarse un monto anual, como mínimo y sin tope para quien tenga un caso de mayor gravedad, de $5.100.000, de modo que el usuario PRAIS pueda ser atendido, en cualquier hospital público o privado, con cargo al PRAIS. Se requiere centralizar para toda la Región Metropolitana un Centro PRAIS que permita atender exclusivamente a sus beneficiarios”. El lugar propuesto es el Estadio Víctor Jara.

Valezka Soto, beneficiaria del PRAIS-Valparaíso, opina: “Si eres usuario PRAIS, ni se te ocurra enfermarte. En Valparaíso tienen un solo médico para atender. Se habla de asistencia integral en salud y derechos humanos, de un Programa del Estado para las víctimas, pero hoy ese mismo Estado por intermedio del Ministerio de Salud, al negarles la atención oportuna, les sigue violando sus derechos. PRAIS-Valparaíso tiene entre su personal a dos sicólogos, dos siquiatras, y un médico que está completamente saturado. Cada día 15 se abre una agenda y puedes pedir hora, pero te la darán para el mes siguiente, es decir, debes ser clarividente y adivinar que te enfermarás. La asistente social evalúa con la información obtenida del paciente y una norma técnica si el usuario necesita atención sicológica o no y si debe ser atendido en el PRAIS, porque no atienden alcoholismo ni drogadicción, solo se dedica a ‘violencia política’, y te derivan a otros programas o al consultorio. Pero hoy la demanda es por alcoholismo, drogadicción y no por violencia política. ¿Acaso no es preocupante que las víctimas estén cayendo en alcoholismo y drogadicción, no es acaso una secuela de la violencia vivida? ¿No deberían ser los especialistas PRAIS quienes tendrían que atender esos casos en vez de derivarlos? ¿No será que las víctimas recién están sufriendo las consecuencias físicas y sicológicas de lo vivido y el Estado al poner cortapisas oculta el problema? Pienso que se están distribuyendo muy mal los recursos y que deberían optimizarse. Lo que más se requiere son médicos de salud general y especialistas, y acabar con la burocracia. Creo que lo mejor que podemos hacer los beneficiarios PRAIS es luchar por una salud integral para todos los chilenos”.

INCUMPLIMIENTOS E IRREGULARIDADES

La misiva dirigida a Bachelet, advierte que a pesar que el sistema de salud establece mecanismos de participación, “en los hechos, la integración con su comunidad se reduce a una ‘teatralización de la participación social’. En las instancias establecidas para la consulta a los usuarios, no se informa plenamente de la gestión del servicio. Ello impide incidir en ésta. En concreto, por ejemplo, las evaluaciones participativas del Hospital Salvador los años 2015 y 2016, no fue posible conseguir que en estas instancias se informe más que los presupuestos generales ni que se den informes de la gestión PRAIS. Las cuentas del equipo PRAIS en el SSMO, se han reducido a un intrascendente párrafo. Enrarece la función del PRAIS el que no se cumplan los deberes a los que está sometido el servicio conforme a sus normas, lo que supone incumplimientos e irregularidades que nadie fiscaliza, cuando es sabido que ello corresponde a la coordinación nacional de PRAIS y a su encargada, Marcela Sandoval; y, en forma directa, a la dirección del Servicio de Salud respectivo”. Otro incumplimiento se refiere a la información pública. Denuncian que PRAIS no cumple con la legislación vigente: “Ello impide conocer y analizar las estadísticas de consultas más frecuentes con que el sistema determina las prestaciones médicas, los requerimientos de fármacos específicos, los criterios de fiscalización, etc. Los portales web institucionales y otros espacios de información -tanto en el ámbito nacional como en el de los diversos Servicios de Salud- no dan las cuentas requeridas según la legalidad, sólo encontrándose generalidades como la nómina de funcionarios y la cifra total del presupuesto anual”. Cuando la Agrupación de Usuarios PRAIS de Ñuñoa solicitó que se entregaran informes o documentos referidos a la definición de estándares de calidad en la prestación de acciones reparatorias en salud a la Red de Servicios, y el informe de diagnóstico regional de 2014 y 2015 respecto de los problemas de salud que afectan a la población beneficiaria, el SSMO -señalan-, les contestó que “no existen”, “aun cuando estos documentos son funciones establecidas por la Norma Técnica. Ello nos impide conocer las estadísticas de consultas más frecuentes y los criterios para determinar qué prestaciones médicas son necesarias”, señalan. Las organizaciones solicitan a la presidenta de la República que “PRAIS cumpla la ley de información en lo referido a transparencia activa. Transparencia plena respecto del presupuesto del programa en todos sus niveles. Que cumpla la Norma Técnica y sea fiscalizado efectivamente. Participación directa de los usuarios en la planificación y evaluación del Programa. Reunión con la coordinadora nacional, Marcela Sandoval, a la brevedad. Es de nuestro parecer que la política de reparación debiese estar comprendida en una ley y no simplemente en la Norma Técnica de un Programa que resulta ineficiente”. Sonia Pazmiño Alcaíno, presidenta de la Agrupación de Usuarios PRAIS de Ñuñoa, encabeza la misiva.

Pazmiño relata a El Ciudadano que, cuando se constituyeron legalmente en 2015, “pues no nos sentíamos satisfechos de la relación del SSMO y el PRAIS con los sobrevivientes y sus organizaciones, apenas nos planteamos como una organización reivindicativa de nuestros derechos, esa relación, antes compleja, acabó en la completa incomunicación. Al recoger las inquietudes y malestares de los beneficiarios, fuimos comprobando la existencia de irregularidades que corresponden a un problema mayor. Existen incongruencias entre lo prometido por las políticas oficiales y lo efectivamente entregado por PRAIS. Además, no hay una ley que defina esta política de reparación”, dice.

¿Por qué pagar servicios externos que podría disponer el propio sistema público en mejores condiciones? “Si la excusa es el costo de la implementación, entonces, ¿por qué no se utiliza todo el presupuesto? No se destina al propósito al que fue asignado, y el saldo es derivado a otras funciones, lo que decide la dirección de cada Servicio. Esa ‘sobra’ en el caso del SSMO correspondió a $41.276.084 en 2015. ¿Cómo se explica? Según las autoridades, se debe a que ‘la gente no utiliza el presupuesto’, de lo que se deduce que las víctimas no tienen los problemas de salud que el sistema ofrece cubrir. Sea desidia, desinterés o alguna otra causa, la nebulosa no admite confiarse. Más todavía cuando los encargados muestran poca receptividad para una población dañada y, en su mayoría, de la tercera edad, recién organizada, desinformada y a la que se le obstaculiza a la hora de reclamar sus derechos”, advierte.

Según la Agrupación, los funcionarios PRAIS reciben remuneraciones de $2 millones mensuales. Ocuparon las tres cuartas partes de los presupuestos de 2014 y 2015: “Pero el resto no se destina exactamente a los beneficiarios. Una parte puede traspasarse a otros destinos ajenos al Programa. Ha ido a pagar servicios a clínicas privadas, empresas privadas de asesoría en gestión administrativa, servicios de alimentación y otros. La ausencia de fiscalización y el silencio de los encargados despierta inquietudes, más cuando se trata de equipos relativamente pequeños y que serían designados en función del cuoteo político. Entonces, se instala la legítima duda sobre la forma como se administra el PRAIS”.

Arnaldo Pérez Guerra

El Ciudadano