La justicia arbitraria y clasista de Chile: La lista de políticos, empresarios, militares y clérigos criminales beneficiados por su poder

Este fin de semana se dio a conocer que la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva ordenada por el Juzgado de Garantía de San Fernando, en contra de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador Javier Macaya.

Macaya Zentilli está acusado como autor de delitos de abuso sexual infantil, además de aplicar una cuación económica de $150 millones. Recordemos que el hombre de 71 años, fue acusado por familiares de una niña de 12 años, por actos reiterados de connotación sexual, ilícitos que habrían sido perpetrados en la comuna de Placilla, Región de O’Higgins.

Este hecho ha llevado a que la opinión pública nuevamente explote de manara rabiosa contra el sistema judicial. Luego surgen las siguientes interrogantes, ¿hay un doble rasero en el sistema judicial? ¿es cierto que los poderosos no pagan sus delitos? Veamos:

-Jovino Novoa: fue un abogado y político, miembro fundador del gremialismo y posteriormente de la UDI.

En 1982, durante su período como Subsecretario General de Gobierno de la dictadura militar de Augusto Pinochet, fue asesinado el líder sindical Tucapel Jiménez por elementos de la Central Nacional de Informaciones ligados al Departamento de Organizaciones Civiles que estaba bajo su dependencia.

En 2003 fue involucrado por la entonces parlamentaria María Pía Guzmán en la red de pedofilia montada por Claudio Spiniak.

En el mes de julio de 2015 fue formalizado por el Ministerio Público en el marco del caso Penta y SQM, que investigaba el financiamiento irregular de campañas políticas. En noviembre de 2015 se llevó a cabo el juicio abreviado en su contra, tras reconocer que había ocupado boletas falsas para financiar campañas políticas. Novoa había recibido 30 millones de pesos del grupo Penta. El tribunal lo condenó por delitos tributarios a una pena de tres años de pena remitida, suspensión legal de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

-Pablo Longueira: es un ingeniero civil industrial y político chileno, exmilitante de la UDI.

En un artículo publicado en enero de 2016, la revista Qué Pasa reveló la existencia de un intercambio de correos electrónicos del año 2010 entre Longueira y el entonces gerente de SQM, Patricio Contesse, en donde el ejecutivo influenció al entonces senador en plena discusión del proyecto de royalty para la gran minería, insertando un artículo que era beneficioso para dicha empresa minera.

Por la colaboración con esta empresa minera el entonces senador habría recibido 730 millones de pesos. Ante las críticas de la opinión pública y la petición del presidente de la UDI, Hernán Larraín, de que diera explicaciones al país, Longueira optó por renunciar a la UDI y aunque no dio explicaciones, insistió en su inocencia.

El 22 de junio de 2016, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó como medidas cautelares en su contra arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. El 2 de abril de 2019, Pablo Longueira fue sobreseído definitivamente por el caso SQM solo en lo relativo a los delitos tributarios imputados.

-Sebastián Piñera: ver el artículo https://www.elciudadano.com/chile/prision-para-el-imputado-pinera-38-cargos-contra-el-sanguinario-especulador/04/13/

-Caso Penta: caso penal referido a un coordinado y efectivo fraude al Fisco por parte de Empresas Penta, mediante la utilización de facturas y boletas de honorarios ideológicamente falsas —emitidas materialmente de acuerdo a la ley, pero cuya justificación es falsa— que, entre otros aspectos, habrían permitido el financiamiento irregular de campañas electorales de varios políticos, la mayoría pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente.

Los condenados recibieron “penas” remitidas y de libertad vigilada. Estos fueron: Jovino Novoa, Carlos Eugenio Lavín (cofundador de empresas Penta), Carlos Alberto Délano (cofundador de empresas Penta) y Pablo Wagner (Subsecretario de Minería entre 2010 a 2012).

-Julio Ponce Lerou y el Caso SQM: en primer lugar, tal como dijo el exministro Briones, “en Estados Unidos el Sr. Ponce Lerou estaría preso, sin ninguna duda”. En 2013, justo en medio de cuestionamientos formulados por los accionistas minoritarios de SQM (que generó una batalla en el Poder Judicial), la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) formuló cargos en su contra por la responsabilidad que le cabía en diversas operaciones realizadas “de modo recurrente y coincidente”, entre 2009 y 2011, que permitían, en su opinión, presumir la existencia de un esquema ilegal consistente principalmente “en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM”. En septiembre de 2014 la autoridad, tras ratificar esta acusación, le aplicó una multa de UF 1,7 millones, equivalente a 70 millones de dólares. Los otros ejecutivos del grupo cuestionados en este caso fueron Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon. No obstante, en 2019 la sanción a Ponce Lerou fue rebajada a la irrisoria cifra de UF 75.000 (casi US$ 3 millones) por la Corte de Apelaciones de Santiago, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en 2020.

Por otra parte, el caso SQM es un hecho judicial de carácter penal, que surgió en 2015 durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, referido al financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos realizado por esta empresa a través de pagos a personas relacionadas con éstos por servicios nunca prestados.

Un informe elaborado en 2015 por el estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling —a solicitud de SQM— concluyó que entre 2008 y 2014 la compañía entregó de manera ilegal 14,7 millones de dólares a 223 proveedores para financiar campañas y partidos políticos, los cuales emitieron en total 1425 boletas falsas.

El mismo análisis determinó que el 45 por ciento de los políticos vinculados a los pagos estaba ligado a la UDI, el 11 % a RN, otro 11 % a la DC, un 10 % al PRI, 8 % al PS, 7 % al PRSD y 3 % al PPD. En 2017, la compañía reconocería ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que efectivamente realizó “pagos indebidos” a políticos chilenos por 14,7 millones de dólares.

El 97% de los pagos irregulares fue aprobado por Patricio Contesse, gerente general de SQM por 25 años y brazo derecho del controlador y presidente de la compañía, Julio Ponce Lerou. El porcentaje menor, en tanto, fue aprobado por Eugenio Ponce, vicepresidente y hermano de Julio Ponce.

Según la acusación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de boletas ideológicamente falsas, Soquimich pagó a diversos políticos de la época, entre ellos, Pablo Longueira, de la UDI, para incluir algunos párrafos escritos por la compañía en el proyecto de ley de royalty a la minería.

El dinero también llegó, según el organismo persecutor, al excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami.

En el caso del exministro de Economía de Sebastián Piñera, se imputa el delito de cohecho, por lo que arriesga dos penas de 818 días; y a Enríquez-Ominami, se le acusa de delitos tributarios, arriesgando 4 años de presidio.

El resto de los acusados son: Cristián Wagner, Marisol Cavieres, Carmen Valdivieso, Marcelo Rozas, Roberto León y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.

-Felipe Alessandri: exalcalde de Santiago. En 2021 la Contraloría General de la República constató millonarias irregularidades, omisiones de registros de asistencias y pagos en exceso por horas extraordinarias durante la gestión del exedil.

La situación se detalla en el informe de la Contraloría General de la República, con irregularidades en los libros de control de asistencia, además de comprobar que funcionarios que gozaban de vacaciones, licencias médicas o se encontraban en teletrabajo registraban presencia en sus puestos de trabajo y el cobro de horas extraordinarias.

En octubre de 2020, la municipalidad presentó una querella en contra de exfuncionarios donde se señala que hubo un perjuicio para las arcas municipales por $147 millones en pagos de horas extraordinarias. A esto se añade que el organismo contralor detectó pagos de honorarios sin respaldo un monto de $41.127.892.

-Germán Codina: alcalde de Puente Alto. En relación al gasto de dinero en redes sociales, en 2017 El Desconcierto informaba: “[…] La encargada de gestionar las redes sociales del alcalde Codina era Marietta Parra,  socióloga y actual jefa de redes sociales de la marca telefónica WOM (según escribe en su LinkedIn, donde omite su paso por el servicio público). Y ese posicionamiento de las redes sociales del sucesor de Manuel José Ossandón -y no de la municipalidad- significó un gasto de cerca de $25 millones para el municipio”.

Además, en lo tocante a la contratación de una lobbista, “la arquitecta Iris Vergara Flores trabajó en la municipalidad de Puente Alto desde enero de 2017 hasta agosto de 2018. Su función fue implementar la ley 20.958, de aportes al espacio público, vinculado al desarrollo inmobiliario y el impacto en las calles y barrios. Su sueldo bruto mensual era de $2.711.125. Pero además de esa labor pública, Contraloría encontró dos momentos en los que su cargo chocó con intereses de privados. En el periodo que prestó servicios a honorarios en la municipalidad de Puente Alto, participó como gestora de interés en dos audiencias de lobby efectuadas el 14 de marzo de 2017 y el 11 de enero de 2018, con la señora María Constanza Dyvinetz Pattillo, directora de Obras Municipales de dicho municipio, abordando las materias relacionadas a la recepción del Mall Plaza Puente y Aguas Andinas las Vizcachas, respectivamente, a pesar de estar contratada a honorarios por esa entidad edilicia”.

En 2018 salen a la luz los sobresueldos. El Mostrador señalaba: “El pago de sobresueldos y horas extras infladas en la Municipalidad de Puente Alto es un secreto a voces en la comuna, una de las más populosas del país, que lleva años siendo administrada por la derecha y en particular  ahora por el alcalde de RN Germán Codina, otrora delfín del senador Manuel José Ossandón. Ya en el 2013, la Contraloría General de la República realizó un sumario administrativo contra el municipio, tras identificar una serie de pagos por dobles sueldos a funcionarios de planta que también eran contratados a honorarios, y estos mismos aparecen hoy con millonarios pagos por horas extras, que llegan a doblar su renta líquida. A mediados de noviembre, la Escuela de Formación y Observatorio Municipal (EFOM) –organización social que agrupa a vecinos de la comuna– ingresó un requerimiento a la Contraloría tras realizar un análisis a las horas extras que se han pagado a los funcionarios de la municipalidad durante este año, en el que destacaron que existen casi 45 funcionarios municipales de planta, que ganan más de 900 mil pesos de forma mensual, incluso llegando a superar los 3 millones de pesos. La denuncia es revisada en estos momentos por la Contraloría Regional Metropolitana II. Se revisaron las horas extras registradas entre enero y septiembre de 2018 en el portal de Transparencia del municipio que dirige Codina (RN), donde se han pagado más de $1.173 millones equivalentes a 206.986 horas extras a los 245 funcionarios de planta contratados en la comuna”.

Fue, asimismo, bajo su administración que la empresa Cicam obtuvo una licitación para hacerse cargo de las áreas verdes de la comuna. Lo que la Fiscalía aún no se explica es por qué los mismos funcionarios que recibieron pagos figuran depositando a la empresa otros $240 millones. Una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público es que se trata de un negocio vinculado a licencias de conducir fraudulentas. Ya se levantó el secreto de varias cuentas bancarias.

Por otro lado, en 2023, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció una nueva querella en el caso llamado Luminarias Led y que ya cuenta con más de 12 municipalidades investigadas por soborno y cohecho a lo largo del país. Esta vez, la acción penal apunta a uno de los hombres de confianza del alcalde Codina, el abogado Christian Gore Escalante, exadministrador municipal de esa comuna y varias veces alcalde subrogante.

Según el escrito la Fiscalía cuenta con dos antecedentes que determinaron que el CDE interpusiera la querella: una declaración que el dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, entregó en 2021, poco antes de cambiar su medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total; y el levantamiento de cuentas de Gore donde se detectaron 66 pagos en efectivo por un monto de $203 millones que figuran en su cuenta corriente del Banco Security.

-Joaquín Lavín Infante: exalcalde de Las Condes. La Contraloría General de la República emitió un informe donde constata millonarias irregularidades en la Municipalidad de Las Condes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, período en el que Joaquín Lavín era alcalde de esta comuna. En el informe final del ente contraloral sobre una auditoría a la Municipalidad de Las Condes, la institución da cuenta de la cantidad de $59.595.096  en gastos ilegales. Esta cifra se divide en boletas improcedentes dirigidas a dos funcionarios municipales, por servicios que ya están considerados dentro de sus labores en contrato. La contraloría también constató que el municipio autorizó trabajos extraordinarios diurnos sobre 40 horas por un total de $17.108.700 y que según detalla en el documento “cuyo fundamento no hace alusión a cometidos de carácter imprevisto, motivado por fenómenos naturales o calamidades públicas, que hagan imprescindible trabajar un número superior al indicado”.

El municipio desembolsó un monto total bruto anual de $27.834.240 por la prestación de servicios a honorarios de un funcionario de la planta municipal, quien desempeña el cargo de jefe (S) de eventos y recreación. El servicio tenía por objetivo “realizar un estudio para la elaboración y preparación de nuevos circuitos turísticos, que beneficien a los vecinos de la comuna de Las Condes, tarea que está implícita en las labores propias de su empleo en el Departamento de Eventos y recreación”, explica la contraloría.

Además, este organismo confirmó que el jefe (S) del departamento de finanzas fue contratado a honorarios, percibiendo el pago de un monto bruto total anual de $31.760.856. El servicio consistía en prestar apoyo técnico en la planificación, elaboración, formulación y análisis mensual del presupuesto “Subtítulo 21 Gastos en Personal” de la Municipalidad de Las Condes. Sin embargo, según precisa la contraloría, esa labor “es inherente a las funciones propias de su cargo”, por lo que el pago sería irregular.

También el órgano contralor detectó que tres funcionarios percibieron pago por horas extraordinarias diurnas no realizadas durante los meses de enero y febrero de 2020, por un monto total de $420.618. Asimismo, dieron cuenta de inconsistencias entre el libro de asistencia y el sistema de asistencia municipal, mostrando diferencias entre la cantidad total de horas extraordinarias diurnas y/o nocturnas efectuadas por los funcionarios. Esto generó pagos entre $689.970 y $237.082, lo que según el documento son “situaciones que vulneran lo previsto en el dictamen N°41.111, de 2008, de esta Entidad de Control”.

Otra irregularidad detectada fue en la etapa 1 del proyecto de paisajismo en el Parque Municipal de los Dominicos, con una boleta de honorarios por un monto de $12.435.758 por los servicios prestados. Esta etapa consistía en preparar y entregar un plano de plantación que señalara la totalidad de especies que se incorporan al parque y aquellas que se retiran, incluyendo un set de fotografías de terreno con las especies existentes.

Es necesario recordar que la gestión de Joaquín Lavín como alcalde de Las Condes ha estado bajo la lupa por situaciones similares. En septiembre de 2021, América Transparente tuvo acceso a la nómina de remuneraciones de la Corporación Cultural de Las Condes de los años 2019 y 2020, revelando millonarias remuneraciones a funcionarios de dicha corporación con vínculos políticos y de parentesco familiar. Uno de los casos que menciona la denuncia es el del licenciado en Artes Francisco Court Silva, quien se desempeña como director de la Corporación, cuya remuneración es de $8.409.850 quien contrató a su hijo Maximiliano Court Rivera, como encargado de difusión y redes del Centro Artesanal Los Dominicos, dependiente de la corporación. En cuanto a nexos políticos, Gonzalo Müller, quien fuese uno de los estrategas de la tercera campaña presidencial de Joaquín Lavín y esposo de la exdiputada y secretaria general de la UDI María José Hoffmann, “asesoró” a la Corporación Cultural de Las Condes en el “desarrollo de nuevos proyectos” por casi $2,5 millones mensuales. En total, La Corporación Cultural de Las Condes se encuentra en la polémica a raíz de una denuncia de América Transparente, la que reveló que entre los años 2019 y 2020, se pagaron más $2.000 millones en remuneraciones a funcionarios con nexos familiares y otros con nexos políticos con la UDI y RN.

-Pedro Sabat: exalcalde de Ñuñoa. El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago entregó la lectura de sentencia contra Pedro Sabat Pietracaprina, quien fue condenado el 25 de mayo como autor de dos delitos de negociación incompatible. La jueza María Inés González Moraga leyó el fallo donde se sentenció a Sabat a 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, suspensión de cargos públicos por 2 años y 1 día y al pago de una multa de $675.000.

Así las cosas, Sabat no irá a la cárcel y tampoco tendrá una reclusión domiciliaria. La jueza señaló que debe informar de cualquier cambio de domicilio.

La sentencia es bastante menor a lo que solicitaba el Ministerio Público. La Fiscalía pedía que se condenara a Sabat a la pena de 4 años de reclusión menor en su grado máximo, 7 años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, y multa de 218 Unidades Tributarias Mensuales.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, entre noviembre de 2013 y septiembre de 2015, mientras Sabat se desempeñaba como máxima autoridad en Ñuñoa, suscribió contratos, en representación del municipio, con un tercero que era socio de su hijo, Pedro Sabat Fernández. Así, se afirma que dicho sujeto, identificado como Alain Goffard Rodríguez, obtuvo réditos económicos ascendentes a $15.700.000.

En la acusación se señalaba: “El imputado, actuando en operaciones en las que debía intervenir en razón de su cargo, dio interés a un tercero que mantenía, y mantiene hasta la actualidad, vínculos societarios con su hijo, Pedro Sabat Fernández, mediante la suscripción de decretos alcaldicios y contratos”.

“El tribunal acreditó nuestra tesis de que se había efectivamente cometido este delito, como también de las circunstancias que nosotros señalamos tanto en la acusación como durante el juicio, esto es que Sabat había contratado en la municipalidad de Ñuñoa mientras él era alcalde a un socio de su hijo, vínculo contractual que no está permitido por ley”, destacó el fiscal Jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, en relación a la sentencia.

-Cathy Barriga: exalcaldesa de Maipú. Corre agosto de 2022 y  la Contraloría General de la República entregó nuevos antecedentes sobre la auditoría realizada a la municipalidad de Maipú durante la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga.

Según lo que se indica en este nuevo informe, “se verificó que el presupuesto final ajustado al 31 de diciembre de 2020, se cifró en $119.313.870.947, monto inferior a los ingresos devengados en el período, que totalizaron $147.033.720.684, y superior a los percibidos que ascendieron a $115.390.042.891. Un saldo por percibir de $31.643.677.793, hecho que afecta la contabilidad patrimonial, toda vez que representa, eventualmente, ingresos que no serán efectivos, resultado que, además, incide en el saldo por percibir determinado en la ejecución presupuestaria” agrega el documento.

Asimismo, el órgano contralor mandató que el municipio deberá realiza un “sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades que pudieran asistirles a los funcionarios involucrados en las situaciones representadas“.

-Virginia Reginato: exalcaldesa de Viña del Mar. Una auditoría forense a los estados financieros de la Municipalidad de Viña del Mar, de junio 2016 a junio de 2021, dio cuenta de millonarias irregularidades en la administración a cargo de Reginato, revelando 63 observaciones correspondientes al pago de horas extras injustificadas, pérdida de más de mil bienes del inventario y el pago excesivo por motivo de arriendos, entre otras anomalías, que generaron “pérdidas” para la municipalidad por más de 100 mil millones de pesos.

“Entre horas extras y los ingresos no recaudados, por no hacer una recaudación efectiva, son cerca de 100 mil millones de pesos”, aseguró la actual jefa comunal Macarena Ripamonti.

Dentro de los activos faltantes, la auditoría reveló un incremento injustificado de montos por arriendo de inmuebles destinados a Seguridad Ciudadana y la administración Deporte y Recreación, respaldados con decretos alcaldicios, pero sin una justificación concreta del incremento.

Además, el informe decretó la falta de más de 1.000 bienes del inventario municipal, entre ellos tres camiones, una motoniveladora y un cargador frontal.

Por otro lado, se descubrió que el municipio pagó un monto total de $22.979 millones en horas extraordinarias (cerca de $4.600 millones anuales), con una altísima frecuencia.

Asimismo, respecto a la gestión de cobranzas, se halló que hubo una baja en la recaudación en los años 2018 y 2019, por la falta de eficiencia y eficacia de las acciones de cobranza aplicadas, lo que impacta en una masa importante de acreencias que el municipio no ha podido ingresar a las arcas, por un total aproximado de $65.699.800.

-Jacqueline Van Rysselberghe: en 2013 Jorge Mackenna Vergara, figuró como empleado de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores, más conocida como SEMCO. Su tarea: asesorar directamente a la presidenta de la entidad, la entonces alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, en la programación de actividades culturales. Y es por ese último trabajo que el nombre de Mackenna aparece también en un duro informe de la Contraloría Regional del Biobío y en una investigación del Ministerio Público sobre desviación de fondos municipales hacia campañas políticas.

El 23 de enero de 2017, una investigación publicada en CIPER hizo pública una conversación vía correo electrónico entablada en 2014 entre Jacqueline Van Rysselberghe y Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes), mientras la primera dirigía la Comisión de Pesca y se discutía una ley que beneficiaba al sector de la pesca artesanal, rechazada por Asipes. En estos correos, Moncada le daba indicaciones a la senadora sobre la manera de desenvolverse en dicha Comisión.

-Rectificaciones del Banco de Crédito e Inversiones (BCI): en la rectificación del BCI, figura un grupo de emisores sobre los cuales, según fuentes conocedoras del contenido de la información, no existirían respaldos respecto de sus servicios, como tampoco constancia de que estos fueran prestados. Tal es el caso de un exestudio jurídico del actual senador UDI, Javier Macaya, donde además era socio el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Se trata de una factura por $5 millones emitida en 2013. En la aclaración ante el SII figura una boleta emitida en 2010 por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, también por $5 millones. A su vez, el banco rectificó el pago a Ana Carolina Palacios, cuñada de la exjefa de gabinete de Pablo Longueira, por un monto de $8 millones consignados en 2010. Del mismo modo, la boleta de Ximena Carbacho, esposa del administrador electoral de la candidatura senatorial de Ena von Baer: $11 millones cobrados en 2013. En la lista de documentos rectificados sin respaldos están los de Juan Masferrer, ligado a la UDI, ($11 millones en 2013); el exconcejal UDI, Gustavo Alessandri ($5 millones en 2010) y Carmen Soza del Río, ligada a la Fundación Jaime Guzmán ($5 millones de 2013). Según los montos ligados a Laurence Golborne, estos ascenderían a $112 millones: $ 20 millones facturados por VSA y $92 millones pagados a Vox Comunicaciones. También figura el caso del exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett, con dos empresas rectificadas, Ases La Manada e Inversiones y Asesorías ZB Ltda. por $ 32 millones y $ 7 millones respectivamente. Del mismo modo está el Centro de Investigaciones Sociales, de la familia del cientista político Gonzalo Müller, esposo de la diputada UDI María José Hoffmann: $12 millones en 2013, cuyos servicios se habrían prestado y habría respaldos.

-Ley de Pesca: en 2011 asume Pablo Longueira como Ministro de Economía, quien junto a su asesor Gonzalo Cornejo y el Subsecretario de Pesca Pablo Galilea ejercieron presión desde el Estado para la aprobación de una Ley a favor del sector industrial de pesca. La llamada Ley Longueira. En ese tiempo se facturaron más de 100 millones de pesos desde el Ministerio de Economía por asesorías fantasmas (copy paste) para la redacción de la Ley. En diciembre de 2011, el presidente Piñera envía al Congreso el proyecto de Ley que, entre otras cosas, modifica las cuotas de los recursos pesqueros (industriales y artesanales), estipula que las Licencias Transables de Pesca duren 20 años, asegura una fiscalización “más flexible”. Además, establece que, si hubiera cambios en esta legislación, el Estado tiene que compensar a las familias dueñas de las pesqueras. Una expropiación de recursos marinos a costo cero en beneficio de 7 familias. En el Congreso, el sector pesquero tenía sus aliados y el lobby fue grosero y a vista de todos. Por parte de Corpesca (la mayor pesquera de Chile, de la familia Angelini) hubo financiamiento a campañas de políticos y la emisión de múltiples facturas ideológicamente falsas a los parlamentarios Jaime Orpis, Marta Isasi y Fulvio Rossi. Por parte de Asipes, hubo financiamiento al DC Hosain Sabag, al UDI Alejandro García Huidobro, el PPD Cristián Campos, el UDI Jorge Ulloa, al RN Cristián Monkeberg, a la PS Clamira Pacheco y al exministro del Trabajo Patricio Melero. Asipes también tuvo un estrecho vínculo con Jacqueline Van Rysselberghe, quien en cuanto fue electa presidió la Comisión de Pesca. Por correos que fueron expuestos, se supo que por medio del gerente de Asipes, Luis Felipe Moncada, se le pautaba a la senadora las respuestas de entregas y las indicaciones a la Ley. En cuanto a condenas, todos salieron libres de polvo y paja, excepto Jaime Orpis.

-Carlos Larraín: durante el año 2013, su hijo, Martín Larraín Hurtado, fue protagonista en un accidente de ruta que causó la muerte del peatón Hernán Canales, en Cauquenes. Tras atropellar a Canales, Larraín Hurtado se dio a la fuga sin prestar ayuda a la víctima, eludiendo además la posibilidad de someterse al test de alcoholemia. Con posterioridad la Fiscalía local inició un juicio solicitando una pena de cuatro años de presidio por el hecho, además de la suspensión de su licencia de conducir de por vida, por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. No obstante, se trató de un cuestionado juicio, mediado por relaciones de poder que blindaron al hijo del entonces senador frente a la justicia. En primera instancia Larraín Hurtado fue condenado a 540 días de presidio remitido, sin embargo, posteriormente el Tribunal Oral de Cauquenes lo absolvió de todos los cargos, argumentando falta de pruebas. Más tarde el caso se reabrió, pero terminó con la absolución de Martín Larraín, además de una condena de obstrucción a la justicia a sus dos acompañantes cómplices del crimen, quienes habían expuesto pruebas falsas para encubrir al imputado. La noticia de la absolución fue recibida con repudio en la opinión pública, que manifestó su transversal rechazo por la abierta desigualdad ante la ley en Chile, según origen social.

-Horst Paulmann: en septiembre de 2005 recibió la nacionalidad chilena por gracia especial, según proyecto de ley emanado desde la Presidencia de Ricardo Lagos y aprobado por el Congreso Nacional de Chile y promulgado por la presidenta Bachelet. La gracia fue cuestionada por el entonces senador Jaime Naranjo, tras una polémica por malas prácticas en relación con sus empleados y a su estrecho vínculo con Colonia Dignidad.

Además, durante los días siguientes al terremoto de Chile de 2010, Cencosud, compañía de Paulmann, internó al país de forma irregular 183 camiones con mercancía caratulada como «ayuda humanitaria», la que supuestamente iría en beneficio de los afectados por el sismo. Al declararlos como donaciones, esos productos no pagaron impuestos a su ingreso al país, a pesar de que, finalmente, Cencosud los comercializó en el territorio nacional.

-Andrónico Luksic: a su haber cuenta con el siguiente prontuario:

-El Banco de Chile está bajo la mira de la Fiscalía -junto a otras cuatro instituciones financieras- por no haber informado las operaciones sospechosas de Fuente-Alba a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entre los años 2010 y 2014. Cabe señalar que solo lo hicieron cuando el caso se volvió público en 2014. A juicio del Ministerio Público, existieron una serie de maniobras financieras que dan cuenta de flujos de altas sumas de dinero que no se explicaban dado el sueldo mensual de Fuente-Alba, que no superaba los cinco millones de pesos. Cabe señalar, asimismo, que la ley obliga a los bancos a informar a los analistas de la UAF cuando existen movimientos sospechosos.

-La Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de Augusto Pinochet a través de la institución financiera, perteneciente a Quiñenco, holding del grupo Luksic, Banco de Chile.

-Nueragate.

-La relación entre la empresa chilena Luchetti y Vladimiro Montesinos volvió a ser noticia en Perú luego de que se difundiera un video, en 2002, que muestra al exasesor de inteligencia de Fujimori confirmando haber recibido un pago de dos millones dólares por parte de Andrónico Luksic.

-Alto Maipo.

-El Mauro, Pelambres y Michilla. El tranque El Mauro solo ha significado despojo, sequía y contaminación. El bosque nativo de miles de años compuesto por canelos, chequenes, arrayanes y quillayes, fue quemado y arrasado por Pelambres. El tranque tiene un muro de contención de 2.000 metros de ancho por 300 metros de altura. ¿Cómo fue posible que se aprobara construirlo en la región más sísmica del planeta? La respuesta es corrupción . La Corte Suprema falló en julio de 2013 que el tranque de relaves constituye una “amenaza a la integridad física y psíquica”. Una investigación de CIPER arrojó que entre 2010-2016, Pelambres donó a la municipalidad de Salamanca $7.200 millones, consiguiendo no solo beneficios tributarios sino también permisos. En 2008, la rotura de un ducto provocó el derrame de 12.000 litros de petróleo, contaminando Salamanca. En agosto de ese mismo año, aguas residuales de la faena escurrieron al río Cuncumén y al estero Las Camisas. En 2009, 13.000 litros de concentrado de cobre fueron derramados al río Choapa. Luksic fue multado con 82,5 millones de pesos, es decir, el 0,02% de sus utilidades ese año. En Mejillones, Minera Michilla -del grupo Luksic-, vertió 2.400 litros de ácido sulfúrico en el puerto Michilla, en septiembre de 2017.

-Empresas zombis. En 2001 la empresa zombi del Grupo Luksic declaró una descomunal pérdida de $75 mil millones, el mismo año en que el holding tuvo al menos $241 mil millones para tomar el control del Banco de Chile, comprando acciones del Grupo Penta y de los controladores de Falabella. El Grupo Luksic estaba ya entre los más ricos de Chile cuando se ahorró una gran cantidad de impuestos gracias a su “zombi”. A través de Inversiones Hidrosur (representada por Andrónico Luksic Craig), debería haber pagado $9.932 millones en tributos entre 2000 y 2004, según un informe del Departamento de Delitos Tributarios del SII. Pero, de acuerdo a los datos obtenidos por CIPER, el grupo sólo pagó $163 millones en impuestos de primera categoría, apenas un 1,6% de lo que debió haber pagado.

-Puerto de Antofagasta. Entre los años 2000 a 2015 aumentaron en 42% las muertes por cáncer en la segunda región. Hoy es la principal causa de muerte (provoca el 29,4% del total de decesos), lo que ubica a esta región como aquella donde el cáncer mata a más personas en Chile. Se ha apuntado al Puerto de Antofagasta como un foco crítico de contaminación. El puerto, con el objeto de mitigar el impacto ambiental que genera, construyó un galpón para el acopio y trasvasije de minerales desde el tren hacia las embarcaciones. Sin embargo, en 2016, una evaluación al galpón del puerto demostró que sus trabajadores se exponen a niveles de plomo de 0,143 mg/m3 representando un 2.760% por sobre la media, lo mismo con el arsénico.

-Grupo Matte: ver el artículo https://www.elciudadano.com/columnas/a-50-anos-del-golpe-de-estado-los-matte-complices-y-beneficiarios-del-saqueo-y-terrorismo-de-estado-pinochetista/07/08/

-GrupoAngelini: ver el artículo https://www.elciudadano.com/chile/grupo-angelini-el-depredador-socioambiental/01/31/

-Militares y clérigos: los empresarios y políticos no son los únicos que gozan de los beneficios que les entrega la justicia chilena. Conocidos son los distintos casos de militares y carabineros que se encuentran presos en recintos penitenciarios, como fue el Centro de Cumplimiento Penitenciario Penal Cordillera y Punta Peuco (donde se encuentra recluido el exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán). Manuel Contreras, exdirector de la DINA, estaba recluido en el Penal Cordillera, el cual contaba con cinco cabañas, las que tenían dormitorios, sala de estar, cocina y baño, además de teléfono, televisión, horario de visita de 10 a 17 horas, resguardo de 36 gendarmes para los 10 presos militares que habitaban en el recinto. ¿Qué otros militares habitaban el recinto? Odlanier Mena, exdirector de la CNI, Miguel Kassnoff y Pedro Espinoza, entre otros.

Asimismo, los clérigos acusados de abusos sexuales a menores de edad también gozaron de privilegios. Fernando Karadima, vivió en un hogar de ancianas con atenciones de calidad y permanentes  tras su expulsión del sacerdocio. El sacerdote John O’Reilly, por su parte, fue condenado a cuatro años libertad vigilada, por el delito de abuso sexual a una menor.

Esta grave desigualdad en el ámbito de la justicia penal exacerba los privilegios comúnmente asociados a condiciones de cuna, influencias connotadas, o al poder económico o político, socavando así el principio mismo de igualdad ante la ley. Esta realidad clasista de la ley penal se sostiene en dos aspectos:

1-Discriminación arbitraria a los pobres establecida por el mismo sistema normativo. Ya es un clásico el ejemplo de la gallina —en general, castigo al abigeato— y la penalidad de presidio que se asignaba a su robo en el código de 1874, escarmiento que se pretendía fuera ejemplarizador contra individuos de bajo nivel socioeconómico involucrados en el tipo de delito más común, el que atenta contra la propiedad.

2-Las desigualdades exógenas a la legislación penal. Sin duda las más nefastas y socialmente perturbadoras, son aquellas que solo se explican por la otorgación de un trato privilegiado, por ejemplo la protección de personas o sectores influyentes ante la aplicación de la ley.

El carácter clasista del Código Penal queda palmariamente demostrado por la composición social de la población carcelaria, formada mayoritariamente por presos condenados por robo y hurto, comercio callejero o infracción a la ley de drogas, es decir, una “criminalidad de la calle”, cometida por pobres y marginados, lo que deja en evidencia la impunidad —a lo menos en penas privativas de libertad— de la que gozan los individuos pertenecientes a los sectores pudientes, la delincuencia de “cuello y corbata”.

Mientras que la clase alta del país goza de las “cárceles vip” y de penas remitidas, la mayoría de la población penal habita en recintos penitenciarios deplorables, infrahumanos, con pésima calidad en su infraestructura, con altos índices de hacinamiento, abusos, maltratos, peleas entre pandillas e incendios como el ocurrido en la cárcel de San Miguel que dejó a más de 80 personas fallecidas.

Finalmente, como dijo Nelly León, la capellán del Centro Penitenciario Femenino de Santiago durante la visita del Papa Francisco, “lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza”.

Autor: Jorge Molina Araneda

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